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ONG demandan acatar fallo sobre caso Ayotzinapa

Marcha para exigir justicia a 44 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto Víctor Camacho

Emir Olivares Alonso y César Arellano 

Ciudad de México. Las organizaciones civiles que han acompañado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada demandaron al gobierno federal cumplir el fallo de un Tribunal federal colegiado en el que se ordenó la creación de Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala.

Destacaron que la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito sentenció que dada la gravedad de las irregularidades en las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) es necesario que se constituya dicha comisión, que estaría conformada por representantes de las víctimas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del propio Ministerio Público federal.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar recordaron que ante los cuestionamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina en México del Alto Comisionad de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto “respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.

Ante la “reiterada resistencia” del gobierno federal para descartar definitivamente la hipótesis oficial que apunta a que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y conocida como la verdad histórica, “exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo”.

Las organizaciones civiles señalaron que seguirán analizando los alcances de la sentencia; sin embargo, destacaron que el fallo apunta a que la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía.

Por ejemplo, dijeron, en uno de los párrafos de la sentencia se advierte: “No se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.

Además, dijeron, la sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de tortura dentro de la investigación, por lo que los magistrados llamaron a que se recurra a peritos independientes ajenos a la PGR a fin de revisar estos señalamientos.

Llamaron a los tres Poderes de la Unión a que “cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes”.

JSL
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