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Pide Observatorio de DH analizar alternativas sobre Guardia Nacional

Soldados durante la entrega de menciones honoríficas a las Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, así como de la Secretaría de Marina, el 23 de marzo de 2018. Foto: Guillermo Sologuren

Emir Olivares Alonso

Ciudad de México. Las diez organizaciones que integran Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México manifestaron su preocupación por la eminente aprobación de reformas a la Constitución para crear la Guardia Nacional.

Se trata, subrayaron, de “una medida que agravaría la militarización de la seguridad en México”.

Estas organizaciones internacionales enviaron una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que lo exhortan a reflexionar al respecto y, lejos de aprobar una guardia con carácter militar, se trabaje para fortalecer las corporaciones civiles.

“Como coalición de 10 organizaciones internacionales comprometidas con los derechos humanos, hacemos un llamado al presidente López Obrador para buscar alternativas al plan de reemplazar a la policía federal civil con una nueva fuerza, que estaría controlada mayormente por la Secretaría de la Defensa Nacional”.

El documento, fechado desde Ginebra, Suiza, y hecho público este jueves, es firmado por ACAT France, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Due Process of Law Foundation, Latin America Working Group, Open Society Justice Initiative, el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Organización Mundial Contra la Tortura.

“La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana durante los últimos dos sexenios ha traído como consecuencia un considerable aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en este contexto. El trabajo de documentación realizado por las organizaciones firmantes permite afirmar que los crímenes de derecho internacional cometidos por miembros del Ejército permanecen prácticamente en absoluta impunidad”.

La actual discusión en el Congreso, dijeron, “contradice los estándares internacionales y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de las Naciones Unidas, que establecen que las tareas de orden y seguridad pública deben estar reservadas a las fuerzas policiales civiles, dado, entre otros motivos, que el entrenamiento de las fuerzas militares no está concebido para desempeñar las tareas de seguridad ciudadana con una perspectiva conforme a los derechos humanos”.

Recordaron que en 2010, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega evidenciaron hechos en los que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana en México, derivaron en violaciones a derechos humanos.

Otras las sentencias contra el Estado mexicano emitidas a finales de 2018 en los casos de tortura sexual contra 11 mujeres en San Salvador Atenco por parte de agentes policiales, y las desapariciones forzadas en el caso Alvarado Espinoza a manos de miembros del Ejército en Chihuahua, “no sólo reafirmaron la urgencia de la emisión de un marco jurídico para regular el uso de la fuerza con apego a los estándares internacionales, sino también la importancia de fortalecer los cuerpos civiles para el establecimiento de una política de seguridad basada en estándares internacionales”.

Aunado a ello, sentenciaron, en el caso Cabrera García y Montiel Flores, la CorIDH señaló que la intervención de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad y excepcionalidad. Igual que la sentencia en el caso Alvarado Espinoza reafirma que la seguridad ciudadana debe reservarse primariamente a los cuerpos policiales civiles.

“En el caso Atenco, la Corte reiteró lo que múltiples organismos internacionales han instado hacer al gobierno mexicano: fortalecer las fuerzas civiles de seguridad. En este mismo sentido se pronunció el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en noviembre de 2018”.

Las organizaciones que conforman el Observatorio Internacional consideraron esencial la lucha contra la impunidad prevaleciente y la construcción de un plan de seguridad nacional sostenible, en el cual el fortalecimiento de las instituciones civiles y del sector judicial sean la base para construir el cambio estructural que necesita México, al ser los elementos claves para fortalecer el estado de derecho.

JSL
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