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Prisión preventiva para Otto Pérez Molina

Por Dpa, Ap y Reuters

Guatemala. Un juez procesó hoy al ex presidente guatemalteco Otto Pérez y le dictó prisión preventiva. El ex mandatario renunció a su cargo la semana pasada, como presunto miembro de una estructura criminal de defraudación aduanera y tributaria conocida como La Línea.

Los delitos que se imputan al ex presidente son asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera en el escándalo de corrupción que llevó a su renuncia la semana pasada.

“El auto de prisión preventiva se dicta por la razón del peligro de la obstaculización de la verdad”, dijo el juez Gálvez al decretar la providencia que priva de la libertad a Pérez Molina. El juez argumentó que todavía hay personas prófugas y que por su investidura de ex presidente, Pérez Molina tiene influencia en las personas prófugas y podría entorpecer la investigación de la fiscalía.

“Este órgano jurisdiccional concluye en que hay indicios racionales suficientes” para sospechar de su responsabilidad, indicó el magistrado Miguel Ángel Galvez. “Que quede claro, no lo estoy responsabilizando”, advirtió.

Tras la resolución, la Fiscalía había pedido que se dictara prisión preventiva contra Pérez con el argumento de que “existe peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad”, ya que el ex presidente “podría destruir o modificar cualquier medio de prueba o influir en otros imputados”. La misma petición fue presentada por el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que llevó adelante la acusación contra Pérez junto a la Fiscalía.

El órgano de la ONU advirtió que existía “peligro de fuga”, porque “es evidente el poder que puede tener el señor ex presidente sobre personas vinculadas al proceso” y porque “se demostró que esta organización criminal está incrustada en el nivel más alto del Estado”.

Pérez renunció a la presidencia de Guatemala el miércoles pasado, un día después de que el Congreso le retirara la inmunidad a solicitud de la CICIG y la Fiscalía.

El ex general retirado, de 64 años, está acusado de formar parte de una red conocida como La Línea que supuestamente cobró sobornos por unos 3.7 millones de dólares (28.5 millones de quetzales) en aduanas a cambio de facilitar la evasión de impuestos en las importaciones.