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Propone el Ejecutivo federal disolver los ayuntamientos infiltrados por el crimen

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Fabiola Martínez, Rosa Elvira Vargas y Alonso Urrutia

El presidente Enrique Peña Nieto enviará el próximo lunes al Congreso de la Unión iniciativas de reformas constitucionales para intervenir o disolver un ayuntamiento ante casos de infiltración del crimen organizado. También propondrá la eliminación de las policías municipales para dar paso a un esquema obligatorio de mandos únicos estatales en materia de seguridad.
Como medida inmediata, ordenó un operativo especial, con el despliegue de fuerzas federales, en la región de Tierra Caliente, principalmente en los municipios de Guerrero y Michoacán.
Aunque algunos pueblos del estado de México se ubican en esa zona, una de las más violentas del país, no mencionó a la entidad que gobernó durante el periodo 2005-2011. También se incrementará la presencia de fuerzas federales en municipios de Jalisco y Tamaulipas.
En cuanto a los derechos humanos, el jefe del Ejecutvo federal subrayó que México cuenta con uno de los sistemas más robustos del mundo. Sin embargo, persisten retos, admitió. Por eso se actualizarán las normas en la materia con el propósito de facultar al Congreso para expedir leyes generales ante casos de tortura y desaparición forzada; propondrá una enmienda para redefinir el sistema de competencias penales en la Constitución y fortalecer los procedimientos cuando se compruebe una ejecución extrajudicial.
Ofreció crear un sistema de indicadores en la materia, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil; crear un sistema nacional de búsqueda de personas, otro de información genética, así como el registro nacional de víctimas. Además, “publicar de inmediato” el reglamento de la Ley General de Víctimas, paso indispensable para la reparación del daño, y generar un “sistema consultivo” para la reforma constitucional de derechos humanos.
Con la finalidad de mejorar la “justicia cotidiana” –cuando a una mujer le niegan el divorcio o al trabajador no le pagan su salario, ejemplificó–, planteó organizar consultas con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para encontrar soluciones.
“México necesita decisiones audaces y firmes”, dijo el mandatario, al exponer las propuestas de cambio a los artículos de la Carta Magna que, hasta ahora, permiten a los municipios tener el control en asuntos de seguridad, entre otros aspectos de la autonomía de ese nivel de gobierno.
Otras medidas de seguridad y justicia se relacionan con la “redefinición” de competencias en materia penal; la creación de una clave única de identidad, con base en los registros existentes, así como la operación de un teléfono único de emergencia: el “911” mexicano.
Dos meses después de la crisis de Ayotzinapa (cuando policías municipales de Iguala y Colula, Guerrero, aprehendieron a estudiantes y los entregaron al crimen organizado), Peña Nieto presentó un decálogo que pone énfasis en la debilidad de los municipios, y canalizó al Congreso la tarea de reconstrucción.
Ante gobernadores e integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, precisó que la nueva ley contra la infiltración del crimen organizado definirá el mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan “indicios suficientes” de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia.
“Estoy seguro de que la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales será fundamental para reconstruir nuestro estado de derecho en toda la geografía nacional”, señaló el Presidente en la ceremonia efectuada en Palacio Nacional.
Como segunda medida del decálogo dijo que se clarificarán las competencias de cada autoridad en el combate al delito, porque “cuando la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie”; de ahí que sea necesario terminar con esa dispersión y confusión en la aplicación de la ley, que deriva en la impunidad. Un ejemplo de este problema es ante el narcomenudeo, “una de las principales causas de la infiltración del crimen en las policías municipales”, porque ningún orden de gobierno asume plenamente su responsabilidad.
Peña Nieto hizo énfasis en la necesidad de crear un nuevo modelo policial, al pasar de más de mil 800 agentes municipales “débiles” a 32 corporaciones de seguridad estatal.
Estas policías, dijo, estarán homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación, porque “si queremos tener policías eficaces y honestos, el Estado debe pagarles bien”.
La iniciativa propone poner en marcha el nuevo modelo en cuatro de las entidades con mayor incidencia delictiva: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. El plan prevé sanciones para los alcaldes que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan.
Si bien las policías estatales presentan mayor nivel de confiabilidad que las municipales, datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que también en las primeras hay deficiencias. Al cierre de la evaluación, 178 mil 427 elementos aprobaron los exámenes de control y 20 mil 521 están “en proceso de depuración”. Es decir, casi 12 por ciento de los elementos de seguridad estatales no acreditaron las pruebas.
En cuanto a la clave de identidad única, dijo que el trabajo inicial será con base en los bancos de datos del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Seguro Popular.