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Proponen al Senado prevenir adicciones en vez de encarcelar a consumidores de drogas

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Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Representantes de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de la Droga, (Cicad) plantearon en el Senado la posibilidad de que se generalicen en el país los tribunales contra las adicciones, ya que son una alternativa efectiva de rehabilitación y prevención de la reincidencia para quienes cometen infracciones menores debido a consumo de algún estupefaciente.
Durante una reunión con la Comisión de Justicia, el juez de la Cicad Alberto Amiot destacó la rentabilidad social del programa: “Es mucho más barato gastar en rehabilitación que en encarcelamiento”. Dijo que el mantener en prisión a alguien tiene un costo de entre 25 y 50 dólares diarios, mientras que el tratamiento para las adicciones no supera los 600 dólares.
El juez de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas explicó que lo fundamental es entender dentro de qué contexto es necesario contar con un tribunal de tratamiento de adicciones, “porque contamos con sistemas carcelarios absolutamente rebasados”, de ahí la necesidad de construir nuevos enfoques que combinan acciones de los sistemas de justicia y de salud, así como del ámbito de la seguridad ciudadana y la organización civil.
Resaltó la rentabilidad social del programa, ya que dijo “es mucho más barato gastar en la rehabilitación que en el encarcelamiento”. Precisó que la experiencia internacional es que las personas que “cometieron delitos violentos o que afecten gravemente el interés público, no es conveniente que sean incorporados al programa, como el terrorismo, el crimen organizado y cualquier otro delito que afecte gravemente bienes jurídicos como la vida y la libertad”.
Antonio Lomba, gerente del programa de tribunales de tratamiento de drogas en las Américas, subrayó que el modelo no vincula de manera directa el consumo de drogas con la comisión de delitos, sino que mezcla la necesidad de que el sistema de justicia atienda, desde el punto de vista de la salud, a una parte de la población que se enfrenta a una enfermedad crónica.
Se trata, indicó, de responder al mandato de contar con alternativas que no incluyan el encarcelamiento para este tipo de infractores.

JSL
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