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Como medida que contribuya a contrarrestar el abstencionismo, legitimar el acceso al poder público y hacer efectiva la suspensión de los derechos y prerrogativas contempladas en la Constitución a quienes no votan sin causa justificada, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Sandra Luz García Guajardo, propuso una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
García Guajardo explicó que en México el voto obligatorio está regulado constitucionalmente, aunque carece de los mecanismos legales o procedimientos para aplicar sanciones cuando se incumpla la obligación, sobre todo como una medida para abatir el abstencionismo tan elevado que se ha presentado tanto en comicios del ámbito federal como en el local.
Precisó que la reforma a los artículos 447 y 456 de dicha ley tiene por objeto sancionar el incumplimiento de acudir a votar en los procesos electorales, y para ello se propone considerar como infracción de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, la no emisión del voto; sancionar, en caso de no acudir a votar, con la suspensión de la credencial para votar como identificación oficial por un año.
Asimismo, la propuesta contempla causales de excepción y no tendrán sanción los ciudadanos que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada; los mayores de 70 años; los que se hubieran ausentado de territorio nacional, acreditando el hecho por cualquier medio probatorio aceptado por la autoridad competente.
La iniciativa establece que “los ciudadanos que no hubieran podido sufragar por causa justificada deberán presentarse ante la autoridad competente en un término no mayor a treinta días después de la elección, con las pruebas que acrediten su impedimento. Vencido este término no se admitirá justificación alguna”.
La senadora Sandra Luz García Guajardo señaló que de los mayores retos de un gobierno democrático es incrementar la participación ciudadana, haciendo que los habitantes hagan valer su capacidad de decisión para así contribuir en la disminución del abstencionismo.
Dijo que fomentar la participación como tarea fundamental permite acotar la desconfianza y disminuir el costo electoral, al eficientar la erogación de los recursos públicos que se destinan a las elecciones, es decir, que a mayor número de votantes se reduce el costo per cápita por voto.
La senadora del PAN aseguró que sólo con un mayor número de votantes se podrá obtener la legitimidad y consenso que requieren los actores políticos y gobernantes para convalidar sus acciones.
Detalló que en países como Argentina, por no votar se aplica una multa que va de 2 a 20 pesos mexicanos, además de no poder ser designado para desempeñar empleos públicos por tres años. En Bolivia se aplica una multa de 416 pesos mexicanos y en caso de incumplimiento del pago, éste se convierte en arresto.
Consideró que votar debe considerarse no sólo un derecho, sino una obligación que impone la democracia. El gobierno y las instituciones han tenido severas crisis de credibilidad, por lo que en muchas ocasiones el rechazo a la oferta política se manifiesta no votando.
“Se trata de generar un cambio en la cultura y el comportamiento político, lo que se traduce en la necesidad de hacer efectiva la obligatoriedad en la participación jurídicamente y de hacer conciencia en la ciudadanía”, subrayó.
La iniciativa, suscrita por diversos senadores, se turnó a las comisiones unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.
