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Saber y experiencia, signo de los 5 del GIEI que coadyuvan en caso Ayotzinapa

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Francisco Cox, Claudia Paz, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, integrantes del GIEI que coadyuvan a la PGR en el caso Ayotzinapa, en imágenes recientes. Foto Marco Peláez y Carlos Ramos Mamahua

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Francisco Cox, Claudia Paz, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, integrantes del GIEI que coadyuvan a la PGR en el caso Ayotzinapa, en imágenes recientes. Foto Marco Peláez y Carlos Ramos Mamahua

Por Blanche Petrich

Con especializaciones diferentes en las áreas de defensa de víctimas, derecho humanitario, penal, criminología, ciencias periciales y litigios en cortes internacionales, los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aportan conocimientos y experiencia en la investigación del caso Ayot­zinapa (desde su condición de coadyuvantes) y en la revisión y replanteamiento del expediente de la PGR.

Ángela Buitrago y Alejandro Valencia Villa, colombianos; Claudia Paz y Paz, guatemalteca; Carlos Martín Beristáin, español, y Francisco Cox Vial, chileno, conjugan la práctica profesional del derecho con la docencia. Tienen entre 25 y 30 años, cada uno, de experiencia en la práctica del derecho humanitario. Las dos abogadas han sido fiscales en sus respectivos países.

En el GIEI cada uno se ha enfocado en distintas tareas. Buitrago, por ejemplo, se ha convertido en la experta en la revisión del expediente oficial, que en su versión pública tiene 85 tomos y 13 anexos, que suman más de 54 mil fojas.

En las aportaciones más específicas sobre la investigación, revisión de peritajes y aportación de pruebas, indicios y definición de nuevas líneas de investigación hacen equipo Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago y Francisco Cox. A este último le ha correspondido el estudio a fondo de la hipótesis de la incineración en el basurero de Cocula.

Carlos Martín Beristáin, médico y sicólogo, lleva centralmente la interlocución con las familias de los 43 desaparecidos, de los tres asesinados y los sobrevivientes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, aunque, a decir de sus colegas, aporta una visión integral sobre todas las aristas del trabajo, incluida la penal.

A su vez, Alejandro Valencia Villa aporta su experiencia en temas jurídicos y aplicación del derecho internacional en materia de desaparición forzada.

Estos son los cinco del GIEI

Claudia Paz y Paz (Guatemala, 1967) empezó a relacionarse con la defensa jurídica de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en su país, hace 30 años. Fue asesora en la Comisión del Esclarecimiento Histórico del Arzobispado. En 2010 fue nombrada fiscal general, aunque el general Otto Pérez Molina (hoy ex presidente encarcelado) maniobró para retirarla prematuramente del cargo en 2014.

Durante los cuatro años al frente de la fiscalía general, Paz y Paz encabezó una depuración sin precedentes del sistema de procuración de justicia, puso en marcha los llamados Tribunales de Mayor Riesgo, que posibilitaron el proceso contra el ex dictador general Efraín Ríos Montt y la primera sentencia por genocidio contra un ex jefe de Estado en América Latina. Implementó el Modelo de Atención Inmediata que abatió los altos índices de feminicidios (los más altos hasta entonces en el continente) y el Modelo de Persecución Penal Estratégica, que no sólo logró la captura de decenas de capos del crimen organizado (entre ellos 15 zetas veracruzanos y numerosos elementos de la organización del ChapoGuzmán), sino que desarticuló varios de los cárteles locales más poderosos, como el de Chamalé y los Lorenzana.

Actualmente es catedrática residente en la Universidad de Georgetown.

Atención sicosocial

Carlos Martín Beristáin (Bilbao, 1959) se involucró desde fines de la década de los 80 en el trabajo con víctimas de conflictos armados, en El Salvador y Guatemala, desde su especialidad de médico y sicólogo. Tiene un doctorado en atención sicosocial, conocimiento que ha aplicado en múltiples escenarios.

Beristáin y Valencia coincidieron también en los trabajos de varias comisiones de la verdad históricas en Latinoamérica. En la de Perú, que concluyó en 2005, se realizaron por primera vez audiencias públicas con víctimas. En la de Paraguay se develaron los crímenes lesa humanidad de la dictadura de Alfredo Stroessner y el Plan Cóndor. En la de Ecuador se revelaron los casos de ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura bajo el gobierno de León Febres Cordero contra miembros de la organización revolucionaria Alfaro Vive, Carajo.

Defensor de derechos

Alejandro Villa Valencia (Pereira, Colombia) se ha dedicado desde hace 28 años a la defensa de los derechos humanos, memoria y justicia transicional en 10 países latinoamericanos. En Colombia contribuyó a fundar la primera oficina delombudsman y participó en la comisión de verdad y memoria de mujeres colombianas.

Es catedrático en la American University en Washington, DC, y las universidades colombianas de Santo Tomás, Externado y Javierana, y es autor de numerosos libros.

Tres gobernadores condenados

Ángela Buitrago (Santander, Colombia, 1969) llegó a trabajar en la Fiscalía General en 2005, después de años de litigar en derecho penal en juzgados ambulantes. En los casos que intervino de fiscal logró la condena de tres gobernadores (Meta, Casanare y Putumayo), del general del DAS Jorge Noguera por espionaje telefónico y asesinato de defensores de derechos humanos.

Pero su caso más importante fue el de la investigación sobre el incendio del Palacio de Justicia, donde demostró que el ejército fue responsable de desapariciones y consiguió que un coronel, Alfonso Plazas Vega, fuera condenado por esos crímenes.

Clínica de derechos humanos

Francisco Cox Vial (Santiago de Chile, 1968) se especializó en litigios dentro del sistema interamericano. Tiene estudios de posgrado en las universidades de Oxford, George Washington y Columbia. En Chile dirige una clínica de derechos humanos en la Universidad Dego Portales y litiga penalmente en un bufete privado.