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Sin avance en San Lázaro, la iniciativa para reformar la Ley Obras Públicas

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Roberto Garduño y Enrique Méndez

La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados tiene a revisión, desde hace 22 días, la iniciativa presidencial que reforma la Ley de Obras Públicas, sin que hasta el momento se haya presentado un proyecto de dictamen.
La comisión, además, no tiene cabeza, porque el priísta Alberto Curi Naime fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto subsecretario de Educación Básica, el viernes pasado.
Ayer, Peña Nieto dijo que con respeto al Poder Legislativo impulsaría la aprobación de dicha iniciativa, con la que se busca simplificar la regulación del mercado de la infraestructura, reducir conflictos y agilizar la asignación de contratos, esto último mediante el uso obligatorio de la red Compranet.
El retraso en la votación de la propuesta es notorio, porque se trata de la única iniciativa que esa comisión ha recibido en la actual legislatura, como consta en el servicio de información parlamentaria.
La iniciativa plantea que el desarrollo de infraestructura requiere fortalecer y simplificar el marco jurídico que regula la obra pública, y por ello considera nuevas figuras para el otorgamiento de contratos.
Incluye el denominado análisis comparativo del costo de ciclo de vida, esto es, un examen técnico, económico y financiero complementario al análisis costo-beneficio previsto en la Ley Federal de Presupuesto.
‘‘Dicha figura tiene por objeto permitir a las dependencias y entidades realizar una evaluación entre proposiciones para seleccionar la que represente el menor costo a valor presente, durante el tiempo de ejecución y operación de la obra, considerando la vida útil y su mantenimiento’’, explica el proyecto presidencial.
Ello permitiría estimar la evolución de los ingresos y gastos que generará una obra, con lo que se pretenden reducir costos y realizar un ejercicio más eficiente de los recursos públicos, señala.
También, la denominación de proyecto de magnitud o avance relevante para obras con un costo superior a 5 mil millones de pesos. En la legislación vigente no hay una regla que defina cuándo un programa de infraestructura puede ser considerado ‘‘megaproyecto’’.
La iniciativa presidencial señala que ese tipo de proyectos son tecnológicamente avanzados y buscan diseñar o construir sistemas complejos, lo que genera un componente de alto riesgo que muchas veces es difícil gestionar, supervisar y coordinar, e involucran multiplicidad de partes y un presupuesto significativo.
Con la reforma, el gobierno federal espera clasificar y sujetar los ‘‘megaproyectos’’ a una gestión y evaluación especializada, a partir de su complejidad técnica o el impacto en la administración pública y la sociedad, o bien si la inversión rebasa 5 mil millones.