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Tomadas, 28 ayuntamientos por el caso Ayotzinapa

Sergio Ocampo y Héctor Briseño

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se reunió con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y dijo que se están integrando dos expedientes: uno relacionado con una recomendación al presidente Peña Nieto por los hechos del 26 de septiembre en Iguala y otro para indagar la posible violación de derechos humanos por elementos del Ejército Mexicano ■ Foto Reuters

Chilpancingo, Gro. Al menos 28 de los 81 ayuntamientos de Guerrero permanecen tomados por miembros de distintas organizaciones sociales, aglutinadas en la Asamblea Nacional Popular (ANP), para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 24 de octubre pasado, la ANP –integrada por organizaciones no gubernamentales, así como agrupaciones sociales y estudiantiles, para exigir justicia en el caso Ayotzinapa– acordó la toma de las 81 alcaldías, previa creación de los concejos municipales populares, que en la práctica se instalaron en Tlapa, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, y San Luis Acatlán.
Desde entonces, más de una veintena de ayuntamientos de distintas regiones del estado fueron ocupados por organizaciones agrupadas en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), en solidaridad con los familiares de los normalistas ausentes, para exigir castigo a los responsables de los hechos violentos ocurridos en Iguala y pronunciarse contra la realización de comicios en Guerrero, en 2015.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Marco Antonio Adame Bello, representante del sector Acapulco del MPG, informó que en 10 de las 28 cabeceras municipales las actividades se encuentran paralizadas, entre ellas Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Chilapa y Ayutla de los Libres.
Recordó que el 23 de octubre integrantes del MPG, con apoyo de organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), ejidatarios del poblado de Icacos, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, entre otras, se apoderaron del ayuntamiento de Acapulco, y desde entonces el alcalde Luis Walton Aburto despacha en oficinas alternas.
Explicó que en Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Azoyú y Cuautepec (Costa Chica) Zihuatanejo, San Jerónimo, Atoyac y Tecpan de Galeana (Costa Grande) Tlapa (La Montaña), así como Acapulco, la integración de concejos municipales ha tomado mayor definición.
Consideró que la lucha se ha dado en formas distintas: “existe presencia variada en muchos más municipios, la respuesta no se ha dado de forma homogénea”.
Señaló que en la zona rural se ha advertido mayor empatía con la idea de un cambio en el régimen político, mientras que en el sector urbano “ha sido más complicado, pues hay mayor presencia de partidos políticos, y es ahí donde debemos luchar contra el clientelismo”.
Uno de los casos emblemáticos es el del municipio de Tecoanapa, cuya alcaldía fue tomada el 30 de noviembre por comisarios municipales, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), y de la Ceteg, quienes declararon la desaparición de poderes e instalaron una asamblea municipal popular.
Ese día, en la sede del ayuntamiento, los manifestantes instalaron el concejo municipal popular de Tecoanapa.
Félix José Rosas, vocero del movimiento magisterial en Tecoanapa, dijo que 33 comisarios municipales y otros tantos comisariados ejidales de pueblos como El Pericón, Xalpatláhuac, El Charco, Las Ánimas, Parota Seca, Tecuantepec, El Carrizo y Mecatepec respaldaron la desaparición de poderes y la instalación de un concejo municipal, no sólo en apoyo a Ayotzinapa, sino porque en los recientes dos años ninguna autoridad combatió la inseguridad.
“Tuvieron que intervenir los policías comunitarios para acabar con la extorsión, y el cobro de cuotas a comerciantes y ganaderos de la región; por eso vamos a llegar hasta donde quieran los ciudadanos”, reprochó.
El 30 de noviembre, en Ayutla de los Libres ciudadanos sin partido, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC) y de la Upoeg, conformaron el concejo municipal, luego de acusar a las autoridades locales de estar coludidas con el crimen organizado.
En ese acto, el secretario técnico de la de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, manifestó: “el narco ha dejado decenas de fosas. Guerrero es un gran cementerio clandestino; por eso con los concejos municipales se va a remplazar a las autoridades que no garantizan el derecho a la vida y a nuestro patrimonio”.
El primero de diciembre en Tlapa la asamblea popular acordó integrar el concejo municipal, retomando en su proyecto los usos y costumbres que rigen a los pueblos originarios, para luchar por la aparición de los 43 normalistas.
Esa vez, Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, justificó la instalación del concejo municipal popular de Tlapa y acusó también a las autoridades municipales de trabajar en contubernio con la delincuencia.
Desde que se iniciaron las tomas de los ayuntamientos en la zona de la Montaña hubo denuncias de integrantes del MPG y Ceteg, como ocurrió el 16 de noviembre.
También informaron que los curas de la diócesis de Tlapa que apoyan la demanda de Ayotzinapa, fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.
Con información de La Jornada Guerrero

JSL
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