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Tortura y desaparición continúan vigentes en Chihuahua: CEDH

Tortura y desaparición continúan vigentes en Chihuahua: CEDH

Por Miroslava Breach Velducea, corresponsal

Chihuahua, Chih. La tortura y la desaparición forzada continúan vigentes en Chihuahua, indicó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, durante la presentación del informe anual de actividades del organismo ante el Congreso del estado.

Debido a la alta incidencia de personas desaparecidas en la entidad, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007 a la fecha, el ombudsman destacó la necesidad de crear un registro público de las víctimas de desaparición en la entidad, propuesta que realizó por segundo año consecutivo, sin que a la fecha la fiscalía general del estado la haya tomado en cuenta.

Armendáriz reconoció que aun cuando el delito de desaparición persiste actualmente en la entidad, el grueso de las más de mil 500 personas reportadas como desaparecidas se registró en la fase de la guerra contra el narcotráfico, durante la implementación de la Operación Conjunta Chihuahua, en los años 2007 a 2010.

Los municipios con mayor incidencia de desaparecidos en esos años son los ubicados en la región fronteriza que abarcan los municipios de Juárez, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Guadalupe Distrito Bravos y en la zona noroeste, Ciudad Cuauhtémoc, donde hay más de 350 personas reportadas por sus familiares.

En cuanto al delito de tortura, el presidente de la CEDH subrayó en su análisis que de las 32 recomendaciones emitidas en 2015 a las autoridades municipales y estatales, 11 se refieren a casos de tortura cometidos por agentes de corporaciones policíacas, principalmente la Policía Única Estatal.

Por la comisión de probables delitos de tortura, lesiones, amenazas, incomunicación, y otras acciones que atentan contra la intregidad de las personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en el último año 11 recomendaciones a la Fiscalía General del Estado.

El ombudsman también señaló la omisión de 24 de los 67 gobiernos municipales para contar con un representante de los grupos étnicos en los niveles administrativos u órganos colegiados de gobierno que atienda la problemática especial de la población indígena, principalmente en municipios con grandes zonas urbanas como son las ciudades medias y las urbes de la entidad, entre ellas las ciudades de Chihuahua y Juárez que cuentan con asentamientos de las etnias originarias de la entidad como de otras partes de país.