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Tras la caída de Abarca, civiles y políticos disputan “la gobernabilidad” de Iguala

Arturo Cano

Abarca

En imagen de archivo, María de los Ángeles Pineda y su esposo, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca. Tras ser detenidos por fuerzas federales, la primera permanece arraigada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, mientras el segundo fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de homicidio doloso y delincuencia organizada ■ Foto Reuters

Iguala. Gro. La presidencia municipal todavía huele a quemado. Los fierros retorcidos que fueron muebles se amontonan en el patio central. La recuperación de la sede municipal a la que prendieron fuego el 22 de octubre va lenta, entre otras cosas porque varias de las cuentas bancarias del ayuntamiento siguen congeladas por autoridades federales.
Óscar Chávez, el encargado de la presidencia en tanto se nombra al remplazo de Luis Mazón Alonso –quien fue designado alcalde interino tras la fuga del titular, José Luis Abarca, y pidió licencia al cargo cinco horas después–, sale de su oficina alterna en una casa de la cultura conocida como La Pérgola y camina al jueves pozolero. No quiere hablar. Lo acompañan varios colaboradores, a pie y con los pantalones rotos. Lejos de la opulencia del hombre al que sustituye temporalmente.
A unos pasos, en la explanada cívica frente al ayuntamiento, la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (Upoeg) mantiene su plantón. La presencia del grupo de policía comunitaria que tiene su bastión en Tecoanapa –de donde son originarios ocho de los estudiantes desaparecidos– ha animado a habitantes de esta ciudad a constituir el Frente Igualteco por la Dignidad y el Respeto a la Vida. “Para no ser revolucionarios del Facebook”, como dice
Citlali Miranda, una de las voceras del frente.
Ella y otros integrantes del frente hablan en la plaza cívica donde se han colocado 43 sillas escolares con las fotografías de los muchachos desaparecidos. A unos metros, los miembros de la Upoeg y el frente sacaron los adoquines y cavaron una fosa para enterrar los restos de la Constitución mexicana.
El frente demanda que todos los integrantes del cabildo que fuera encabezado por José Luis Abarca renuncien a sus cargos y que se integre un consejo ciudadano que se haga cargo del gobierno municipal (“si pusieron un gobernador sin partido, no vemos por qué no se pueda hacer”).
Entre sus demandas también está que no regrese ni un solo miembro de la policía “corrupta y asesina” de Abarca. Los agentes municipales, con excepción de los detenidos y de una decena que han retornado por problemas de salud, se encuentran en “capacitación” en Tlaxcala: “No queremos que vuelvan porque todos eran cómplices: porque lo hacían, porque sabían o porque veían”.
La caída de Abarca ha tenido entre otras consecuencias que en Iguala vuelvan las manifestaciones públicas: “El miedo no es nuevo. Aquí ni por error había una manifestación, menos después del asesinato de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros”.
El miedo, sin embargo, no se ha desvanecido. Un empleado de la morgue local dice que en estos días han llegado varias personas a preguntar si les permiten identificar los restos hallados en las fosas, con la esperanza de saber el destino de sus familiares. “No podemos dejarlos pasar porque no traen denuncia”.
Contrapuesta al Frente por la Dignidad ha surgido otra organización que demanda “vuelva la paz” a Iguala, bajo el auspicio de los comerciantes y de políticos del PRI y el PAN. El pasado 29 de octubre realizaron una “marcha blanca” por el centro de la ciudad. Los reporteros locales señalaron la presencia del aguirrista Benjamín Domínguez, del priísta Sergio Adrián Mota Pineda, del panista Hueman Abundes y de Ninfa Mendoza, quien además de directora del Museo de la Bandera es madre de Esteban Albarrán, aspirante a la alcaldía por el PRI y suplente del senador René Juárez.
Ambas agrupaciones coinciden en que Iguala requiere la formación de un concejo municipal, pero tienen diferencias:
“Nosotros también queremos la paz, claro, pero como resultado de la justicia. En cambio ellos pretenden que se tape todo, que se tapen las fosas y se dé por cerrado el asunto. Además, ellos piensan que son los estudiantes los que vinieron a ‘descomponer’ Iguala”, dice Miranda.
Los miembros del frente se consideran apartidistas y rechazan ver al PRD como “el monstruo de las siete cabezas, como se le presenta ahora, porque todos los partidos están corrompidos”.
Los regidores que acompañaron a José Luis Abarca en sus dos años de gobierno han cerrado filas para evitar que sea un concejo municipal el que se haga cargo de dirigir los destinos del municipio.
Uno de ellos es el síndico procurador Mario Castrejón, quien también buscó la candidatura a la presidencia municipal cuando triunfó Abarca y que pertenece al Grupo Guerrero del PRD (corriente que se manifiesta “en favor de la vida” y en contra de despenalizar la interrupción del embarazo).
En junio, según registros de la prensa local, Castrejón consideraba que Iguala era una “ciudad segura”. Tan era así, decía, que habitantes de otros municipios y ciudades llegaban aquí huyendo de la inseguridad. Y citaba sus lugares de procedencia: Teloloapan, Apaxtla, Cuetzala, Cocula “y hasta de Chilpancingo”.
A pesar de la masacre de septiembre y de los hallazgos de fosas clandestinas, Castrejón no ha cambiado de opinión.
–¿Ustedes no se daban cuenta de lo que pasaba? –le preguntó hace un par de días el reportero Jonathan Lugo.
–La ciudadanía denunciaba abusos de la policía.
–¿Los secuestros, los levantones?
–No, no había.
Hasta el 26 de septiembre, según el síndico, “sí había abusos de la policía, pero no asesinatos”.
El síndico, como la mayoría de los regidores, rechaza la idea de un consejo que complete el periodo de Abarca, porque “hemos sacado adelante la gobernabilidad de este municipio”.
Pieza de la gobernabilidad ha sido que las tres decenas de parientes de José Luis Abarca y su esposa continúan en sus puestos.
La cuñada Lucero Muñoz, el hermano Javier Abarca, el medio hermano Rafael Salgado Velázquez, la sobrina Lucero Abarca, el primo hermano Daniel Abarca y Damián Tolosa (yerno de Javier), están en la lista.
Tolosa, director de recursos humanos, era el encargado de someter a los empleados del municipio que no se cuadraban con Abarca.
“Hubo muchos despidos y abusos. A los que eran del PRI, aunque fueran trabajadores de base, los sacaban de sus áreas y los mandaban a lavar baños o a chaponear”, dice la regidora Marina Hernández de la Garza.
Apenas en junio pasado, empleados del ayuntamiento denunciaron que 40 de ellos fueron despedidos por asistir a la fiesta de cumpleaños de David Gama, aspirante priísta a la presidencia municipal, pese a que el mismísimo José Luis Abarca también asistió.
El 30 de septiembre, día de la fuga del alcalde, los regidores se quedaron hablando mientras Abarca burlaba –es un decir– a la policía de Ángel Aguirre. Con dos excepciones, los regidores defendieron al solicitante de licencia. Soledad Mastache, recién electa consejera nacional del PRD, apeló a la “justicia divina” para que el alcalde regresara pronto a su puesto. Lo exculpaba plenamente: los “problemas” que condujeron a la salida del edil “no los pedimos, no se generaron aquí, llegaron a nosotros”.
Fue el día que Abarca se definió como “militante de izquierda comprometido con las causas más justas de los guerrerenses”, como un político que atendía el llamado de su partido, el PRD, “comprometido con la justicia, los derechos humanos y la paz social”.
El mismo partido que ha pospuesto dos veces la renovación de su dirigencia estatal en Guerrero y que lo hará al fin este sábado, pero no en Iguala ni en Acapulco, sino en el Distrito Federal.