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Tribunal rechaza acusaciones contra jueza federal por liberar a Rodrigo Medina

Rodrigo Medina a su llegada a a la PGR para presentar una denuncia contra su detención, el 1 de febrero pasado. Foto Cuartoscuro

Jesús Aranda

Ciudad de México. Un tribunal federal rechazó las acusaciones de “pérdida de imparcialidad” en contra de la jueza federal Beatriz Joaquín Jaimes Ramos, presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, la cual se inconformó porque la juzgadora amparó y ordenó la libertad del ex gobernador de la entidad, Rodrigo Medina, quien se encuentra sujeto proceso penal.

Informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual agregó que el segundo tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito declaró infundada la demanda de la procuraduría neolonesa de “pérdida de imparcialidad” en las recusaciones s 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 9/2017 y 10/2017, iniciadas a petición del subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.

El subprocurador afirmó que ”advirtió irregularidades” en el trámite en el juicio de amparo mencionado, por lo cual presentó queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República que pudiera generar alguna sanción en contra de la jueza de Distrito.El 26 de enero pasado, el ex gobernador Medina fue encarcelado y menos de 4 horas después, la juzgadora ordenó su libertad en razón de que el presunto delito que se le imputa no es grave ni amerita l prisión preventiva, ya que no hay riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, porque había comparecido voluntariamente cuando fue requerido.

Los magistrados declararon infundada la recusación al considerar que la jueza les informó que hasta el momento su imparcialidad no estaba afectada; “lo que de suyo obligaba al promovente de las recusaciones a demostrar que con motivo de la denuncia penal y queja administrativa antes aludidas, su imparcialidad se vio afectada”.

Los juzgadores precisaron que la existencia de los posibles detonantes de imparcialidad (queja y denuncia), no implicaba que hayan influido en el ánimo de la juzgadora, “dado que no debía soslayarse que la causa de impedimento invocada constituye un aspecto subjetivo, de modo que una misma situación o escenario, no genera las mismas reacciones en personas distintas, pues es notorio que cada individuo tiene su propia forma de responder atendiendo a la manera en que se encuentra conformada su personalidad”.

Añadieron, sin embargo, que la decisión no implica cerrar la posibilidad de que hacia el futuro se pudieren generar pruebas que arrojen datos objetivos que permitieran comprobar una tendencia parcial en la juzgadora, e incluso, que ella, bajo nuevas circunstancias aduzca que se encuentra impedida para seguir conociendo de los juicios de control constitucional de los que emanan las recusaciones.

El tribunal estableció que, “resulta dela mayor trascendencia establecer que cuando un juez recusado niegue que su imparcialidad está afectada con motivo de una imputación en su contra, la parte que lo recusa debe probar lo contrario con datos objetivos, a fin de evitar que los justiciables con base en ese tipo de acusaciones elijan a capricho al juez que resolverá sus pretensiones y con ello desnaturalicen la razón de ser de los impedimentos, excusas y recusaciones, creados para salvaguardar dicho principio contenido en el artículo 17 constitucional”.