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84 años de derechos laborales en quiebre

Guillermo Luévano Bustamante

H ace 84 años se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo en México. En la tradición doctrinal mexicana dominante en el siglo XX los derechos laborales fueron concebidos como parte del derecho social a fin de distinguir una protección especial para los “grupos débiles” de la sociedad, tales como los obreros, campesinos e indígenas.

Sin embargo, en la actualidad, con el dominio cuasi absoluto del neoliberalismo en las diferentes esferas de la vida pública y privada, como previene Gerardo Pisarello, aun en sociedades “democráticas” con reconocimiento formal de los derechos sociales en las constituciones, lo que se ha impuesto es la nueva lex mercatoria, que disminuye la eficacia vinculante de la protección jurídica real a la clase trabajadora.

En México, la justicia laboral tras la Revolución de 1910 se presentó como obrerista porque se incluyeron en la legislación positiva mecanismos y medidas que tendían a sopesar las desigualdades inherentes al proceso productivo en un foro para la negociación no solamente judicial, sino política, con amplio margen de intervención estatal. En conjunto, la historia del derecho del trabajo mexicano ha sido relatada como una conquista de la clase obrera que arrancó prerrogativas al Estado liberal burgués del siglo XIX.

Sin embargo, una lectura crítica de esa historia de la regulación del trabajo en México exhibe que en ciertos momentos fue más bien la clase patronal la que se benefició de la regulación jurídica de las leyes del trabajo. No sólo por lo que identifica Néstor de Buen, que la Constitución Política de 1917 y luego la Ley Federal del Trabajo de 1931 incluyeron también derechos para la parte patronal, sino porque en los años posteriores a la Revolución mexicana, con la emergencia de un movimiento obrero organizado en el país, una de las formas más efectivas para contener las expresiones de radicalismo, o de disidencia respecto al sindicalismo oficialista fue el impulso a leyes laborales, primero locales, luego la federal. En muchos casos fueron las cámaras y sindicatos empresariales quienes más exigieron del gobierno mexicano la promulgación de leyes en materia del trabajo, sobre todo procedimentales, que pusieran trabas a la reiteración de manifestaciones, estallamientos de huelga, boicots, y otras formas mediantes las que el sindicalismo obrero anarquista y comunista revindicaba sus demandas.

Además, la conformación tripartita de las juntas de conciliación y los medios procedimentales de los que supuestamente dispone la clase trabajadora en la realidad no funcionan o funcionan deficientemente. Las representaciones obreras recaen por lo común en dirigencias de sindicatos corporativos, oficialistas, propatronales o progobiernistas que las vuelven inoficiosas. Es frecuente que los mecanismos protectorios que estipula la legislación del trabajo en la práctica sean omitidos, dolosamente ignorados por las autoridades laborales que se conducen por criterios de “eficiencia” y “rendición de resultados” como si la justicia laboral se impartiera a destajo; aunado a ello, la titularidad de las secretarías del trabajo en las entidades federativas suele estar a cargo de líderes empresariales o sindicales oficialistas.

Más aun, la indebida “jerarquización” de los derechos coloca como prioritarios, desde el Estado, a los derechos individuales sobre los sociales y colectivos.

Desde esta perspectiva, la Reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo es la continuación de un proceso de desregulación más que de flexibilidad laboral. Por un lado, implicó el reconocimiento formal del empleo terciarizado o por intermediación que conocemos con el anglicismo de “outsourcing”, so pretexto de que ya existía en la realidad y era necesario incluir en la ley la figura a fin de otorgar una cierta regulación. Por otro lado, se contemplan ahora formas de contratación precarizadas como “a prueba” y “por capacitación inicial” que disminuyen la estabilidad en el empleo y posibilitan prácticas empresariales como la rotación, la evasión de obligaciones relacionadas con la seguridad social como el pago de cuotas, prestaciones, etcétera. Aunque para que se realicen contratos con estas modalidades la ley estipula condiciones mínimas, su inclusión se inserta en una tendencia mayor hacia la desregulación de las relaciones de trabajo en México. Así nuestros derechos laborales a 84 años de la Ley Federal del Trabajo.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.