Ajuste$
17 julio, 2015
Malas rondas
17 julio, 2015

¿A quién castiga la justicia mexicana?

Renata Terrazas

E l poder no se ejerce de la misma forma hacia todas las personas. El Estado mexicano administra la justicia de manera diferenciada entre los poderosos y aquellos que le resultan incómodos por defender causas del pueblo.

La igualdad ante la ley en México parece un tema de ficción. Un ignominioso 99 por ciento de delitos queda sin castigo, persisten deficiencias en nuestras policías de investigación, jueces corruptos, averiguaciones relacionadas con violaciones graves a derechos humanos tipificadas como reservadas, casos de corrupción y conflicto de interés de nuestra élite política impunes, y fugas de capos del narco de cárceles de máxima seguridad. México se nos presenta como el paraíso de la impunidad.

Impunidad que se traduce en continuas violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades ante la incapacidad de investigar, fincar responsabilidades, impartir justicia y reparar el daño. Impunidad que se traduce en delincuentes de toda índole en las calles operando bajo la anuencia de las propias autoridades. Impunidad que se traduce en vulneración a la población, sobre todo de aquella que está siendo perseguida por intereses particulares.

Al tiempo que El Chapo se fuga del penal del Altiplano, en Sonora un juez dicta auto de formal prisión contra el líder yaqui, Mario Luna. ¿Su crimen? oponerse, desde 2010 junto con la tribu yaqui, a la construcción del acueducto Independencia, el cual pretende despojar del agua a la mencionada tribu. Ya el año pasado Amnistía Internacional hacía pública su preocupación sobre la orden de aprehensión a Mario Luna, emitida a finales de 2014, en la que existían fuertes sospechas de causas sesgadas y motivaciones políticas para su detención.

Esta semana, de nuevo, Mario Luna es el centro de un ataque político que busca amedrentar a una comunidad que no fue consultada en debida forma sobre la construcción del acueducto que pretende limitar su acceso al agua. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que se tenía que realizar un proceso de consulta para la obtención del consentimiento de la comunidad yaqui a través de un proceso transparente con difusión de información previa.

Sin embargo, la construcción del acueducto ha continuado y ahora quien sufre el peso de la ley es el líder yaqui, bajo una falsa acusación plagada de tintes políticos. En cambio quienes han violado los fallos judiciales que ordenan se detenga la construcción del acueducto, operan a la luz del día, protegidos por el poder político sonorense.

La ambivalencia del Estado mexicano para mostrarse blando con el crimen, ya sea el organizado o el de gobierno, y duro con su propia población, sobre todo aquella que exige la garantía de sus derechos, nos hace pensar en una colusión de instituciones.

El gobierno de Peña Nieto ha pretendido caracterizarse por una lucha contra la corrupción; la creación del Sistema Nacional Anticorrupción apunta a ello, así como el fortalecimiento de los marcos normativos de transparencia y garantía del derecho de acceso a la información. Ello contrasta con el marcado uso de las instituciones de justicia para venganzas políticas o represión de la protesta social.

Si en realidad Enrique Peña Nieto tuviera como premisa el combate a la impunidad en este país, más que andar persiguiendo a El Chapo –cual caricatura de la pantera rosa–, debería atender los casos de quienes se encuentran en las cárceles por motivaciones políticas. El año pasado el Comité Nestora Libre reportaba más de 300 casos de personas privadas de la libertad en los dos años de la administración de Peña Nieto.

La construcción de legitimidad y legalidad no siempre se relacionan con llamativos despliegues policiacos o diseños complejos de instituciones destinadas al fracaso; en ocasiones van de la mano con la atención de elementos estratégicos, como lo es la atención al sistema de impartición de justicia. Atender los casos de presos políticos en México es más sencillo y menos costoso que sufragar la recompensa por la recaptura de El Chapo y demuestra efectos más positivos en la creación de instituciones democráticas.

Es una vergüenza la fuga del líder del cartel de Sinaloa, pero lo es más que personas inocentes estén privadas de la libertad por ejercer su fundamental derecho a la protesta social y la defensa de sus derechos.