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A siete meses de Ayotzinapa

Óscar G. Chávez

N o obstante el derrotero de recientes sucesos que han sacudido a la opinión pública, de nuevo el nombre de Ayotzinapa ocupa las cabezas de algunos diarios; de nuevo el nombre es mencionado de manera constante en algunos noticieros; de nuevo se repite la crónica de los hechos; de nuevo viene a la memoria el recuerdo de los jóvenes normalistas desaparecidos.

Para ningún mexicano con capacidad de realizar ejercicio de conciencia y en edad de reflexión es desconocida la tragedia ocurrida la noche del 26 de septiembre en las afueras del municipio de Iguala. Para ningún mexicano su país será el mismo luego de aquellos hechos que conmovieron en lo profundo a la generalidad de sus habitantes y nos mostraron como un país en donde los ídolos sedientos aún reclaman su ofrenda sangrienta.

Pareciera que México el país de los altares ensangrentados, así denominado por el sacerdote canadiense y obispo de Oklahoma, Francis Clement Kelley, y en el que abordaba el rito ancestral [de sangre] ejercido por los gobernantes mexicanos, aún subsiste en el imaginario.

El México de las añejas cuotas de sangre no sólo volvió a estar presente entre sus habitantes, su esencia se difundió sobre  sus fronteras hacia el mundo y nos mostró frente a los demás, frente a los extraños, como un país donde la inconformidad y la protesta hacia el gobierno, son reprimidas y castigadas con una extrema crueldad.

Diversas voces se alzaron en protesta y solidaridad en contra de la represión estatal ejercida de forma desmedida contra un grupo de estudiantes inconformes; de la misma manera diversas instancias y opiniones justificaron el actuar de las autoridades contra aquellos que protestaban en búsqueda de mejores condiciones para su espacio de estudios y formación profesional. Nadie sin embargo, podrá objetar que el castigo fue desmedido.

Ayotzinapa, nombre geográfico que se ha utilizado como referente de la más grande tragedia de sangre del México contemporáneo, ha constituido un referente en la historia de un país, y en la de una administración política, que si bien no fue la responsable directa por ejercicio de la violencia represora, sí carga con una responsabilidad ineludible derivada de la omisión y la apatía con las que actuó frente a los violentos sucesos.

Pensar de nueva cuenta en un 68 mexicano, traer hasta nosotros de nuevo el recuerdo del Tlatelolco sangriento como corolario de una forma de gobierno afín al viejo régimen de autoritarismo y represión, era un hecho que sólo podía considerarse dentro de un ejercicio memorístico alejado de nosotros por una temporalidad de más de cuatro décadas. Nunca hubiéramos considerado en una recreación real y repetitiva de aquellos sucesos.

Y es que Ayotzinapa no puede considerarse de otra manera que no sea similar a la de una plaza de las Tres Culturas inmediata a nosotros. Es el sangriento actuar de una porción del estado mexicano en contra de un grupo de estudiantes de escasos recursos y de ideología alternativa, que en un actuar rebelde y violento, exigen solución y evidencian una serie de carencias que el estado mexicano se ha mostrado incapacitado para resolver.

Mientras Tlatelolco mostró el fin de una época gubernamental que presumiblemente nunca volvería a ejercer esos parámetros de violencia contra un sector vulnerable como es el estudiantil, Ayotzinapa mostró el resurgimiento de un estado autoritario donde se privilegia la represión por encima de la prevención y la solución a las demandas sociales.

Ayotzinapa no sólo es la olvidada población de Guerrero del que surgió ese grupo de estudiantes de destino incierto aprehendidos en las cercanías de Iguala; Ayotzinapa fue el detonante que obligó a una nación a considerar el derrotero de su presente y exigir respuestas a unos gobernantes incapaces para responder; incapaces para gobernar.

Pareciera que diversos hechos propiciados por los desmedidos actuares de nuestros principales actores políticos, aletargarían los ímpetus ocasionados por las protestas sociales derivadas de los trágicos sucesos de Ayotzinapa. Sin embargo la herida subsiste; la simple mención del nombre lacera la dignidad del mexicano.

Nada ocurrió; Ayotzinapa no fue lo suficientemente determinante para lograr alejar a nuestros gobernantes de los excesos y los escándalos que después han sido comentados no solo en instancias inmediatas, sino también en las que pudieran resultar ajenas, por distantes; por no pertenecer a nuestros entornos.

El tiempo transcurrido desde la tragedia de Iguala, sigue mostrándonos un estado sin ningún interés en presentar a la opinión pública la realidad de los hechos. De la misma manera nos muestran a un estado que prefiere continuar utilizando esos sucesos como un ejemplo de las turbias formas de sancionar a aquellos que considera perniciosos y nocivos a sus intereses. Siete meses desde el día que ocurrieron  aquellos infaustos sucesos; siete meses en los que no hemos escuchado alguna respuesta que satisfaga de una manera lógica a los padres de los reprimidos y a la población en general. Siete meses de frases evasivas e incapacidad oficial para dar una salida y corolario digno al caso. Siete meses de lucha contra la incapacidad gubernamental.

Los siete meses Ayotzinapa no sólo los constituyen la desaparición de estudiantes, son también los escándalos auspiciados por los políticos de primer nivel inmersos en un insondable marasmo de corrupción; son también las protestas que han colocado al país al borde de la inestabilidad; son también la represión gubernamental en contra de las voces críticas o disidentes que atenten contra su autoritaria investidura.

Siete meses que han servido para mostrarnos la necesidad de ejercer una reforma estructural a fondo del aparato político que nos gobierna, y que desafortunadamente –también en estos siete meses– no ha hecho otra cosa que demostrarnos que derivado de sus excesos, no va a ser fácil que permita que los ciudadanos ejerzan sus derechos a inconformarse con él, ni a la alternancia democrática que merecen. Siete meses en que el estado mexicano no responde, porque no escucha.