¿Autodefensas en San Luis Potosí?
12 enero, 2016
Recomendación
12 enero, 2016

¡Acaten la recomendación!

Guillermo Luévano Bustamante

Uno de los feminicidios más difundidos ocurrido recientemente en San Luis Potosí, entre los muchos que pasan ocultos, fue el cometido contra Karla Pontigo Lucciotto. La víctima contaba apenas con 22 años y era estudiante de nutrición. Además, trabajaba en un bar de la ciudad en el que murió o fue asesinada el 28 de octubre de 2012.

Los responsables del lugar, su propietario incluido, Jorge Vasilakos, ensombrecieron los hechos al obstruir la entrada del hermano de Karla la madrugada en que fue a recogerla para encontrarla gravemente herida, derivado de lo cual murió. Diversas inconsistencias hicieron parecer ambigua la versión oficial de las autoridades policiacas y de investigación potosinas.

Tal es la responsabilidad de las autoridades estatales que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el 30 de diciembre una recomendación dirigida al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, por la violación al derecho al acceso a la justicia cometido contra la familia de Karla. Básicamente se identifica que el personal de la Procuraduría de Justicia del Estado incurrió en omisiones diversas en el tratamiento del caso en perjuicio de los derechos humanos de la víctima y luego de su familia.

Aunque la recomendación omite los nombres de las víctimas como lo mandata la ley, los medios de comunicación ya han identificado que la recomendación 55/2015 de la CNDH corresponde al caso de Karla Pontigo.

El documento de la defensoría de los derechos sostiene como resultante de su investigación que las autoridades responsables dependientes del gobierno del estado de San Luis Potosí, específicamente de la Procuraduría, incurrieron en violaciones al derecho al acceso a la justicia, en la modalidad de procuración, en perjuicio de las personas vinculadas con la víctima.

Lo relevante es que tras las documentadas y reiteradas violaciones a derechos esenciales durante el tratamiento del caso referido y la respectiva recomendación del órgano defensor de derechos, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal, manifieste recelo sobre el acatamiento de las observaciones que le formuló la oficina del ombudsman nacional.

La recomendación indica que se debe incluir a la familia de Karla en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso a los fondos y mecanismos que prevé la ley,; también dispone que el gobernador del estado proceda a la reparación del daño ocasionado a la madre y hermano de Karla; y otras indicaciones para el personal de la Procuraduría de Justicia, como el requerimiento de capacitaciones.

No obstante, el secretario general Leal Tovías, parece que prefiere seguir revictimizando a la familia a la que ya le han causado agravios condenables en muchos aspectos. Ha dicho a la prensa que el hecho de que hayan recibido la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no significa que vayan a aceptarla en todos sus términos, que van a tener que analizarla.

Aunque efectivamente las recomendaciones no tienen el peso de las resoluciones jurisdiccionales eso no significa que puedan ser simplemente dejadas de lado por la autoridad señalada como responsable. En primer lugar, si el gobierno del estado rechaza la recomendación debe fundamentar su negativa a acatarla o justificar su incumplimiento. Y la Comisión emisora deberá proceder a los apercibimientos posteriores que prevé la propia ley.

Pero más que eso, la negativa por parte del gobernador Carreras mandaría una señal alarmante sobre su desprecio por la procuración de justicia, cuestionaría su compromiso con la contención de la violencia de género y con el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Gobernador Carreras: Acate la recomendación y emprenda medidas reales para detener ya la violencia feminicida en San Luis Potosí.

 

Twitter: @guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.