Agendas estatal y municipal, rezagadas

Carlos López Torres

Ante la acumulación de rezagos e inconsistencias que asoman en el tratamiento inadecuado de los viejos y nuevos problemas que aquejan a los habitantes de la entidad, los gobiernos estatal y municipales, respectivamente, se limitan a ver crecer la irritación social que se manifiesta por la vía que le han dejado a la población: la protesta pública.

Ocupados como están, aseguran los funcionarios, en atender las demandas de los inversionistas extranjeros, especialmente las que tienen que ver con el boom de las armadoras de autos con cargo al erario, of course, los funcionarios de los diferentes niveles han ido posponiendo la solución de diferentes problemas que, seguramente, no sólo se mantendrán presentes, sino se agravarán, a pesar de la etapa de crecimiento económico que auguran los fervorosos impulsores del modelo neoliberal para San Luis Potosí.

Olvidan los funcionarios y empresarios aquella frase ilusa y célebre del ex presidente López Portillo, cuando al calor del boom petrolero no dudó en lanzar al aire la publicitada frase “los mexicanos debemos acostumbrarnos a administrar la riqueza”. Los resultados de la ineficiencia y la corrupción están a la vista.

Asimismo, por citar algunos tropiezos más recientes de las reformas estructurales, que mantienen al país en el enojo constante y en ascenso en la lucha social, habría que reconocer no sólo el pésimo desempeño político de los funcionarios del más alto nivel, sino la falta de capacidad para atender adecuadamente las áreas fundamentales de la economía nacional, que han propiciado millonarios recortes que acompañan al de por sí rezagado país y sus entidades como la nuestra.

Ahí está el incontenible accionar de los abigeos extendido en mayor o menor medida por las cuatro regiones del estado, aunque es en la Huasteca donde el robo de ganado adquiere características de permanencia. ¿Qué hace tan exitoso tal acto delincuencial?

O el grave problema también permanente de la inseguridad que atraviesan las últimas tres administraciones que han gobernado el estado, sin que hasta ahora se logren concretar políticas públicas para contener el avance de ejecuciones, secuestros, etcétera, derivados del accionar y la disputa de los grupos delincuenciales.

Más aún, cómo aspirar siquiera a dicha contención, cuando son los propios “guardianes del orden” los primeros en violentar los derechos humanos de los potosinos, como consta en las centenares de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hechas a los diferentes corporaciones de seguridad, policía ministerial y municipales, respectivamente.

Cómo quiere el ingeniero Joel Ramírez, titular de la SEGE, que las y los maestros a quienes desde hace tres años se les ha venido haciendo bullying, con una legislación que les arrebata sus derechos laborales adquiridos y se les acumula trabajo administrativo que nadie lee y poco sirve para la mejoría educativa, que atiendan los casos de bullying siendo como es un: “complejo problema que día a día nos ofrece cosas nuevas y muchas situaciones…” que la secretaría a su cargo trata de entender y atender, dice el funcionario.

Y para cerrar con broche de oro, el presidente municipal, a su vez presidente del Consejo de Interapas, en lugar de intentar resolver el grave problema del organismo operador avanza en las medidas populistas, sin ofrecer siquiera alguna explicación sobre el rezago del MIG.

En fin, pareciera que efectivamente problemas como el de los taxistas con Uber, el del creciente descontento del magisterio y la marginación de los indígenas en la toma de decisiones, desaparecidos formal y prácticamente del Plan Estatal de Desarrollo, sólo merecen dilaciones y maniobras divisionistas.