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¿Agua y ajo para la enfermedad del mal gobierno?

Renata Terrazas*

Se acaba de terminar la primera mitad del mandato de Enrique Peña Nieto. La amenaza para los muchos –la promesa para los pocos– de hace tres años, hoy es una realidad que ha desmentido a los entusiastas y ha dado la razón a quienes temían lo peor con el regreso del PRI.

Las promesas de campaña, las reformas que moverían a México y la esperanza de salir de la guerra contra el narco y poner un alto a los despilfarros de los gobernadores, quedaron en meros discursos faltos de contenido.

En efecto, hemos tenido reformas, sin embargo se ha avanzado en las que tienen mayor beneficio para la clase gobernante, para las élites política y económica. Aquellas reformas que deberían instaurar un sistema de combate a la corrupción, que permitirían a la ciudadanía tener mayor participación en la toma de decisiones y que avanzarían hacia la construcción de un México democrático, se han visto estancadas en negociaciones sin fin entre partidos.

A tres años de un gobierno que nos ha movido en la dirección equivocada, donde el incremento de deuda y la disminución en el gasto público –sobre todo aquel dirigido a la garantía de los derechos–, y la aprobación del titular del Ejecutivo Federal se encuentra por los suelos, ¿qué podemos hacer?

Los mecanismos en México para cambiar de rumbo cuando vemos que el país se enfila al despeñadero son prácticamente inexistentes. La población en México tiene muy pocas posibilidades de impactar en la toma de decisiones, ya sea porque 55 por ciento se encuentra en una situación de pobreza y el restante en una situación vulnerable en cuanto a la garantía de su derecho a la salud, educación, vivienda, trabajo digno y seguridad, o porque las prácticas autoritarias en la política siguen siendo la regla.

La inconformidad de la población ante las acciones de sus gobernantes es cada vez más evidente, sin embargo, no existe forma de convertir esa inconformidad en cambio. Tradicionalmente nos manifestamos en las calles, hacemos plantones, huelgas de hambre, organizamos seminarios de reflexión o hacemos ciberactivismo. Estas acciones normalmente se quedan en una demostración de inconformidad y en contadas ocasiones producen cambios en la política mexicana. Y la culpa no es de quienes las llevan a cabo, sino de un sistema político sordo y ciego a estas expresiones.

Los espacios de participación ciudadana en México son reducidos, y los que existen, son limitados ya que no forman parte de un genuino espacio de participación, sino que funcionan más como un espacio catártico donde las autoridades no están obligadas a atender las propuestas y quejas de quienes ahí participan.

Los espacios de toma de decisiones están completamente capturados por una élite política y económica, que no pretende ceder un ápice y que buscará continuar actuando para garantizar sus propios intereses, sin rendir cuentas a nadie. Por más leyes que creemos, instituciones que construyamos e iniciativas de buena fe a las que los gobiernos se sumen, el país podrá seguirse yendo al despeñadero si las formas de hacer política y de tomar decisiones no son penetradas por la ciudadanía.

La promesa, esta sí, de las candidaturas independientes –y por ellas no me refiero a los berrinches de miembros de partidos que se fueron por la libre, sino a aquellos que apuestan por un modelo ciudadano, cercano a la gente– es la de cambiar la forma de hacer política en México, de abrirla hacia la ciudadanía.

Creo que puedo decir que estamos cansados de ver cómo uno tras otro, los presidentes de México hacen con este país lo que quieren; cómo cada gobernador hace favores y endeuda a su estado; cómo cada legislador se lleva su moche y pervierte la relación con sus representados; y cómo todos miran por sus propios intereses sin importar que con sus malas decisiones, gente muere.

El año pasado, a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vimos cómo las filas de inconformes se engrosaban en una misma voz que exigía justicia. Para algunas personas el estallido social estuvo muy cerca, sobre todo, cuando en plena crisis de legitimidad de las autoridades de seguridad del Estado, el propio presidente y su círculo cercano, eran el centro de casos de gran corrupción.

Nuestro hartazgo tiene que comenzarse a dirigir hacia propuestas que impacten la manera de hacer política y de tomar decisiones, porque en la medida que ahí no priven los intereses comunes, seguiremos padeciendo a nuestros gobernantes.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

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