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Alcalde bajo sospecha

éxodo, Coqueteos marcelistas y el ingrato recuerdo

Que sí fue crimen político
PGJE, credibilidad en entredicho

Ricarlos I

Luego de algunas semanas en que el gobierno estatal se empeñó en “no adelantarse”, en la identificación del cadáver decapitado encontrado en Matlapa, a orillas de un río, ayer confirmaron lo que los dirigentes panistas habían denunciado desde que se encontró el cuerpo, perteneciente, ahora de manera oficial, a Alfonso Ordaz Mendioza, operador político del PAN en el municipio huasteco.

Esto luego de que se comprobara mediante pruebas de ADN la identidad del panista, aunque hasta ahora, la misma Procuraduría no ha descartado ninguna línea de investigación, por lo que la implicación del crimen organizado seguiría siendo una de las vertientes en la pesquisa que llevan. Un tema, por cierto, que la familia del asesinado niega rotundamente.

Los familiares y los panistas, desde un principio, advirtieron que se trataba de un asesinato político, señalando como responsable, si no directo, al menos involucrado, a César Torres Mendioza, el alcalde de aquel municipio. Este munícipe ha sido señalado por habitantes de aquella demarcación de supuestamente mantener vínculos con el crimen organizado, además de que, según los deudos, en los mensajes del teléfono celular del occiso se guardó la localización del lugar desde donde fueron enviados, poco tiempo antes de su desaparición. Afirman que fueron enviados desde las cercanías de propiedades rurales del presidente municipal.

Un presidente municipal que, además, resaltó entre los medios cuando el año pasado se reveló que, a pesar de ser de uno de los municipios con mayor grado de marginación del estado, con 80 por ciento de su población viviendo en extrema pobreza, contaba con uno de los mayores salarios de la entidad, según el Diario Oficial del Estado, rebasando 131 mil pesos mensuales, aunque él aseguraba ganar sólo 60 mil.

Además, desde 2013, una de las regidoras del partido de aquella localidad lo denunció por supuestas amenazas en su contra y otros ediles albiazules, por haber señalado irregularidades de su gestión en obras públicas. Por si esto fuera poco, recientemente se reportó un altercado que mantuvo con un grupo de vecinos en la comunidad de Cuaxilotitla, donde los habitantes lo retuvieron para impedir que se siga realizando una obra de drenaje que desemboca directamente al río Tancuilin, de donde aún necesitan abastecerse varias comunidades indígenas ante la falta de redes de agua potable suficientes. En esa ocasión, debió intervenir la policía estatal para “rescatarlo”.

Por su parte, los familiares del panista asesinado manifestaron no confiar en los trabajos de investigación de la Procuraduría, debido a las actitudes que tuvo hacia ellos el procurador Miguel Ángel García Cobarrubias, tanto antes como después de la confirmación de la identidad de su familiar.

Campana

No es este el único caso que mantiene la credibilidad de la Procuraduría en entredicho, pues sigue, entre otros, sin resolverse el caso de la perito Guadalupe González Vázquez, desaparecida junto con su hijo de dos años desde noviembre de 2014. Además, pesa sobre la PGJE la acusación de la periodista San Juana Martínez, quien en su más reciente visita al estado afirmó que la Procuraduría no persiguió a Eduardo Córdova, el cura perseguido por supuesta pederastia, por órdenes de la esposa del gobernador Toranzo, María Luisa Ramos.

Badajazos

Nuevamente un grupo de taxistas, la Unesta, protestó cerrando vialidades en la capital, tanto por la “tolerancia” que a sus ojos muestra el gobierno estatal hacia los taxis piratas, como por la negativa a emitir una nueva convocatoria de concesiones para este transporte de alquiler. Por su parte, las agrupaciones de ruleteros informales han señalado con anterioridad que ellos también desean regularizarse, por lo que el reclamo de concesiones ya llega de dos diferentes frentes. Estos últimos incluso advierten que de hacerse la convocatoria, deberá hacerse sin distinción entre piratas y agrupaciones legales, pues de otra manera, podrían los nuevos permisos terminar en manos de políticos, parientes y amigos del actual gobierno, mientras que ellos, los informales, volverían a ser utilizados como clientes electorales.

Ayer, presentó su renuncia Roberto Naif Kuri, el encargado de Comunicación Social del gobierno estatal. Afirman en comunicado que esta decisión se da por motivos personales y agradeció a Toranzo por haberle permitido trabajar en dicha dependencia. Entre los temas por los que se le recuerda, se encuentran sus enfrentamientos con algunos periodistas y, sobre todo, por la grave acusación que en su contra hizo Martín Toranzo Fernández, entonces delegado de Conafor, sobre una supuesta tentativa de extorsión en su contra.

JSL
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