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  • Batallas judiciales
  • Presidente que no se cuida
  • Remuneraciones y bonos

Julio Hernández López

A la tentación original se ha sumado el desenvolvimiento de una cantada reyerta con el poder judicial. No es solamente un asunto de criterios judiciales en conflicto o de esquemas administrativos que quisieran contar con un propio en la Fiscalía General de la Nación: el obradorismo considera necesario, indispensable, conjurar las posibilidades de golpes judiciales similares a los que han sido armados (el ejemplo inmediato, en Sudamérica) para entrampar o deponer a políticos de izquierda o progresistas llegados a la presidencia de su país.

Bajo esas consideraciones de proteccionismo imprescindible, puede decirse que el obradorismo jamás pensó en ceder la plaza de la nueva fiscalía a un personaje eventual, azaroso, emergido, propuesto o avalado por la discutible textura de las agrupaciones de siglas y activistas que suelen asumirse como representantes de la “sociedad civil”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador requiere a un personaje de su cercanía política y afectiva en el máximo cargo de procuración nacional de justicia, lo cual es una expresión de premodernidad y aumenta la concentración de poder en una persona, pero las primeras batallas, y la previsión de una guerra mayor, en términos políticos y judiciales, lleva al tabasqueño a atrincherarse y a acentuar el factor de la lealtad entre sus filas.

De por sí, López Obrador vive cotidianamente expuesto a un riesgo inaceptable para quien valorase no solo su vida personal sino la importancia de preservarla para cumplir con un proyecto superior, el de gobernar a un país en crisis y tratar de conducirlo a mejorías sustanciales. De manera irresponsable, casi con fanfarronería adolescente, López Obrador presume diariamente la carencia de un equipo de seguridad profesional a su alrededor y crea escenarios de riesgo en los lugares públicos a los que acude y, en especial, en los vuelos comerciales que aborda.

Con aire místico dijo en días pasados que él ya no se pertenece, pero esa vida, que se supone está consagrada a magnos propósitos, no es cuidada conforme a la importancia de la misión autodefinida en términos de desposeimiento de decisiones individuales. La propia Beatriz Gutiérrez Müller, en un proceso que hace suponer que tendrá respuesta conyugal, ha abogado en favor de que su esposo cuente con vigilancia de primer orden.

El acecho de lo judicial y lo económico está a la vista. Jueces, magistrados y ministros, además de personal de niveles burocráticos medios del poder judicial federal han encabezado una rebelión jurídica a la que se están sumando miembros de otros organismos “autónomos” y, de manera menos abierta, las directivas de los partidos que se oponen al imperio de Morena.

El tema de la remuneración de esos servidores públicos será el primero de una serie de litigios que podrán entablarse respecto a puntos clave del proyecto general obradorista. Juzgados extranjeros podrían terminar, incluso, resolviendo los diferendos con los tenedores de bonos del proyecto de construcción en Texcoco de un  nuevo aeropuerto, inversionistas que están rechazando en primera instancia la propuesta de recompra del nuevo gobierno federal, seguramente con un propósito especulativo que termine por darles mayores ganancias (y mayores pérdidas al erario mexicano) e incluso con un objetivo que va más allá de los dólares en juego: confirmar a López Obrador el poder “de los mercados” al encarecer y obstruir la continuidad del proyecto de Santa Lucía y los aeropuertos ya existentes. En ese contexto, López Obrador impulsa que la Fiscalía General de la Nación no se convierta en un instrumento de desestabilización de su gobierno.

Por otra parte, se informa que esta columna se declarará en modo vacacional a partir del próximo lunes 17, cuando suspenderá su publicación para ser reanudada el lunes 7 de enero del siguiente año, en una necesaria tregua de tecleo que permitirá recargar baterías para un 2019 de intenso trabajo periodístico.

Hoy será enviada al congreso la iniciativa de reformas legales que anulará lo que el peñismo denominó “reforma educativa”, siendo en el fondo un proyecto de reordenación administrativa y un intento de retoma priista de control político y electoral del gremio magisterial. Tal “reforma” provocó (sobre todo en la Ciudad de México) algunas de las manifestaciones más concurridas y activas, y de mayor violencia, a lo largo de la administración recién terminada.

Los grupos concurrentes en términos genéricos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con particularidades regionales y distintos matices ideológicos, trabaron una alianza electoral  con el obradorismo que reportó votos a la causa morena y asientos legislativos a los profesores disidentes pero, sobre todo, el compromiso de eliminar la mencionada reforma.

El coordinador de los diputados mayoritarios, Mario Delgado (quien ha ido manteniendo una dieta pública a base de promesas clamorosas que luego debe deglutir ante su incumplimiento), ofreció, en su momento, que no quedaría “ni una coma” de la multimencionada reforma. Pero la CNTE ha encontrado más que una “coma” superviviente, en especial el propósito (al que se opone combativamente) de que el pago de salarios se haga de manera centralizada en la estructura educativa federal y no en los estados, a través de sus gobiernos locales. Ya se verá cuántas comas persistieron o si hubo un arrasamiento total de la famosa reforma educativa peñista.

Y, mientras las revelaciones hechas en Nueva York, durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, alcanzan el ámbito del futbol profesional mexicano, según lo dicho por el testigo Tirso Martínez Sánchez, apodado el Futbolista, quien habría comprado varios equipos de balompié en nuestro país, ¡hasta mañana, luego que un paquete presuntamente explosivo fue encontrado (sin mayores consecuencias) en un estante de una tienda departamental en Plaza Aragón, en Ecatepec de Morelos, Estado de México!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.