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El antiderecho del trabajo

Guillermo Luévano Bustamante

Desde el domingo 9 de abril pasado se lleva a cabo en la ciudad de Colima la 57 Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. He procurado asistir cada que puedo a este encuentro anual de laboralistas del país con la intención de capacitarme y actualizarme en las constantes reformas a las que se ha sometido al derecho del trabajo en el país.

Este año es particularmente necesario discutir las modificaciones a la legislación laboral, en virtud de la recién aprobada reforma que implica la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y que da paso a una regresión liberal que coloca al derecho del trabajo bajo la lógica y estructura del derecho común.

Entre las muy diversas posiciones sobre las modificaciones legales al régimen de contratación laboral, a la justicia del trabajo y los mecanismos que orientan la procuración de los derechos de la clase obrera, destacan dos: quienes están a favor de dichas reformas y quienes se oponen.

Hay entre quienes se oponen, defensores del sistema de relaciones clientelares corporativas, pero también otros que nos oponemos porque identificamos una gravísima lesión a la, de por sí endeble, esfera de protección de la clase trabajadora frente al agudizamiento de la economía de mercado que subordina las leyes y las instituciones a los intereses de las grandes empresas.

Por su parte, los neoliberales han encontrado sus propios motivos para celebrar el fin de lo que llaman el “excesivo proteccionismo” del Estado a la clase obrera. Aunque esa protección alcanzaba sólo a los líderes de los sindicatos corporativos y clientelares y a las cámaras patronales. Ni los mecanismos ni las normas de la Ley Federal del Trabajo se tradujeron nunca en auténticos beneficios concretos y permanentes para la clase obrera, si acaso de manera incipiente y tímida como paliativo a la pobreza laboral predominante en el país y, por el contrario, en los años recientes se ha precarizado el salario y el empleo. La justicia laboral ha sido quizá la más lenta e inobservada en nuestro sistema jurídico mexicano, pero usar esa burocratización como pretexto para desaparecer los principios y mecanismos con que contaba la clase trabajadora en México, aunque fuera de forma deficiente, es tramposo. Es verdad que se requería un cambio de fondo, pero que profundizara en la remediación de la desigualdad sociológica inherente a las relaciones de trabajo mediante la protección de la ley, no con la desregulación, el retraimiento del Estado y la “blandenguización” del derecho. Es verdad que esta rama jurídica nunca fue de estricto derecho, porque se supone que era un derecho de la clase trabajadora y sus instituciones eran en todo caso tribunales de conciencia contra el estricto derecho. La ausencia normativa de ahora más bien se traduce en una protección patronal de facto.

Cuesta seguir pensando en la materia que resulta de estas reformas gubernamental-empresariales como derecho laboral cuando en realidad se va consolidando como la desregulación liberal de las relaciones de empleabilidad, una especie de anti-derecho del trabajo que procura además que ese trabajo se parezca muy poco a la forma en que se laboraba, desdibujando la responsabilidad patronal, disminuyendo las obligaciones del Estado y promoviendo una generalización del autoempleo, el freelance, el outsourcing y la privatización de la seguridad social. Particularizando las condiciones laborales bajo el argumento de que cada cual se haga cargo de su seguridad social se trata de omitir la responsabilidad histórica del Estado de proteger los derechos sociales y se facilita el desentendimiento de la clase empresarial sobre sus obligaciones.

Es lo que hay.

@guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.