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20 abril, 2016
Iniciativa
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Apretar tuercas en la cadena de seguridad pública

Carlos López Torres

El gobierno estatal no atina a integrar un aparato policiaco medianamente decoroso, aunque muy orondos los funcionarios presumen la existencia desde hace años de la Academia Superior de la Policía Federal en este terruño del comisionado de la corporación, cuyas aspiraciones a la titularidad del Ejecutivo en la entidad son del dominio público.

Desde la conformación del eslabón estatal en la cadena de seguridad pública, más allá de la presencia ostensible de una significativa mayoría de tamaulipecos en los mandos, lo cierto es que al tema de la seguridad se le dio un tratamiento más burocrático que de mejoría, eficiencia y eficacia, como lo venía exigiendo la ciudadanía al malogrado sexenio de la abulia, la omisión y la opacidad, que encabezaran Fernando Toranzo y compañía.

Uno no sabe a ciencia cierta si en el silencio sobre el rezago en esa materia heredado al nuevo titular del Ejecutivo, Juan Manuel Carreras López, tiene que ver una actitud de borrón y cuenta nueva o de plano de la continuidad de una política basada en los mismos argumentos esgrimidos durante el sexenio anterior, o ambas cosas, que dieron por resultado un débil mensaje a los delincuentes, quienes vieron la ocasión de incrementar su actuación, convencidos de que las fuerzas de seguridad eran débiles en los diferentes flancos.

Los resultados en lo que va del sexenio están plagados de yerros, no sólo por la ineficiencia demostrada por los nuevos funcionarios, incluyendo al defenestrado Pablo Castellanos, ex director de la Policía del Estado, sino por la evidente subordinación de algunos elementos que prácticamente dependen de la delincuencia organizada como ha sido ya demostrado, aunque las autoridades siguen sosteniendo la desacreditada teoría de que en San Luis Potosí no existen esos grupos, por lo que no debemos hablar mal de la entidad, según el jefe Arturo Gutiérrez García, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Sin embargo, según el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, la práctica de la tortura persiste en distintos ámbitos de la cadena de la seguridad pública, aunque en San Luis se niegan estos hechos no obstante haber sido documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en diferentes momentos.

En estos tiempos donde se ha puesto de moda ofrecer disculpas por parte de los funcionarios de más alto nivel sobre la tortura y maltratos a los ciudadanos, aunque hace sólo unos días, según ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), durante la represión ejercida contra los maestros chiapanecos en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, hubo un uso desproporcionado de la fuerza pública, donde participaron cinco mil elementos de la Policía Federal, que incluyó privaciones ilegales de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra maestras, maestros, niños, mujeres y adultos mayores.

Por supuesto, el comisionado Enrique Galindo en su presencia en la Academia Superior de la Policía Federal no expresó su reprobación a esas prácticas contra la dignidad humana, que sí reprobó en el caso de la mujer que apareció torturada por agentes de la PF en un video. ¿Será que en el caso chiapaneco se trataba de maestros?