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Astillero: Barbie por Chapo

Astillero, Pacto por México

L a escandalosa asociación delictiva de funcionarios de distintos niveles para permitir o propiciar la fuga del gran jefe histórico del narcotráfico político, Joaquín Guzmán Loera, ha llevado a la maltrecha administración de Enrique Peña Nieto a ceder a Estados Unidos a 13 personajes del crimen organizado, entre ellos Édgar Valdez Villarreal, apodado La Barbie, seguido en importancia por Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Coss.

La extradición de los 13 es una ofrenda forzada, entre otras circunstancias, por la evidente incapacidad de las instituciones mexicanas para impedir que capos con fuerza organicen sus propias excarcelaciones por la vía de los hechos, incluso recurriendo a escenografías costosas como el túnel del Altiplano, que en realidad no era necesario, pues el gerente general del dominante consorcio sinaloense tenía bajo control a custodios, directivos y funcionarios de dentro del propio penal y de varias oficinas ejecutivas externas, de tal manera que, como se ha ido sabiendo, pudo haber salido por una puerta natural de las instalaciones de “máxima seguridad” o nuevamente “escondido” en un carrito de lavandería.

La entrega de esos 13 procesados en México significa una doble derrota: en primer término, como se ha dicho líneas arriba, en el contexto del desplome de credibilidad (en el nivel que aún la conservara) del gobierno peñista ante el estadunidense después del espectáculo penoso de la autoliberación ayudada de Guzmán Loera. Y, en segundo término, la renuncia de Los Pinos a su pretensión de conducir bajo operación solamente mexicana las relaciones con los cárteles locales. El peñismo (por el entretejido con los cárteles) había mantenido hasta ahora un forcejeo selectivo con los órganos policiacos y de inteligencia del vecino país, negando la “cooperación” plena que habían practicado con desenfado los gobiernos panistas, sometiendo el intercambio de datos y las acciones conjuntas en campo a ciertas restricciones que habían irritado marcadamente a los funcionarios gringos, con un apartado especial referido a la negativa a ceder piezas importantes del tejido narcopolítico mexicano a los jueces de la nación contigua.

Esa reticencia a conceder extradiciones fue especialmente notable en el caso de El Chapo, cuya salida de prisión se produjo justamente cuando arreciaba la presión diplomática y judicial para hacerse del estratégico empresario nacido en Badiraguato. Antes de que se declarara oficialmente cansado, el fabulador general de la República, Jesús Murillo Karam, había dicho que las rejas mexicanas eran absolutamente seguras para mantener a resguardo a capos de cualquier nivel, y que ver a Guzmán Loera ante cortes extranjeras se podría llevar muchísimos años. El 27 de enero del año en curso, con la soberbia declarativa y el fallido humor negro que le caracterizó, dijo a la agencia Ap que “El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después. Falta mucho”. Agregó lo que entonces y hasta ayer era la postura “nacionalista” del peñismo en cuanto al manejo del muy expandido negocio del crimen bien organizado y mejor protegido: mantener en prisiones mexicanas a El Chapo, y a los demás capos locales, era “una cuestión de soberanía”, en tanto no concluyeran los prolongados procesos o sentencias que aquí les correspondían.

Nacido en Laredo, Texas, con doble nacionalidad, y en prisión desde 2010, varios meses después del disparo a la cabeza del futbolista Salvador Cabañas, cometido por uno de sus cercanos, apodado el JJ, Valdez Villarreal tendrá mucho qué decir a las autoridades estadunidenses, y una ruta previsible le podría llevar a ser testigo protegido, es decir, delator bajo recompensa. Ya ha hecho antes revelaciones impactantes. En una carta enviada al Grupo Reforma, en noviembre de 2012, aseguró que su detención se había dado en venganza porque se negó “a formar parte del acuerdo que el señor Felipe Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de la delincuencia organizada”.

Aseguró que “se realizaron diversas juntas, a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del Presidente y Juan Camilo Mouriño con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño, El Z-40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Mouriño se entrevistaron con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y también se entrevistó con El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa”. También aseguró: “Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto” que le rodea. Por ello, sentenció La Barbie que “los funcionarios públicos que menciono también son parte de la estructura criminal de este país”.

Pero no han de quedarse en el sexenio pasado las probables confidencias de quien formó parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, pues, para no ir tan lejos, era vecino de la celda ocupada por El Chapo y, en esas condiciones, pudo conocer las circunstancias de ayuda y complicidad que ofrecieron al fugitivo los custodios, los directivos específicos del penal y los altos (y altísimos) mandos institucionales que permitieron o propiciaron la salida de prisión de una voz que el sistema mexicano no podía permitir que fuera interrogada por los estadunidenses. Ahora va Barbie por Chapo, abatida ya la pretensión de no extraditar, agotada la posibilidad mexicana de resistir la presión gringa ávida de material inculpatorio que permita chantajear y doblegar aún más a una administración que está entregando el país a los intereses extranjeros.

Y, mientras el gobierno de Gabino Cué ha presentado demandas penales contra líderes de la sección 22 del magisterio, ¡hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.