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Astillero: Corrupción política y empresarial

Astillero, Pacto por México

D esde luego que concurren, y en determinados casos pueden ser absolutamente determinantes, el azar, el infortunio, las fallas operativas y los errores individuales. Pero en el México de las tragedias cotidianas son inocultables los factores de la descomposición institucional y de la corrupción político empresarial para entender las desgracias que suceden en múltiples lugares y en las más disímbolas circunstancias.

La rotunda conversión dela política en ejercicio de enriquecimiento personal y grupal, y el ejercicio empresarial al amparo de los favores políticos, luego retribuibles, han erosionado criminalmente la capacidad del Estado, en sus diversos niveles, al grado de adelgazar al extremo los márgenes de seguridad y protección a la colectividad en el terreno de los permisos y concesiones, convertidos estos actos discrecionales de autoridad en arreglos mafiosos que dejan dinero a los políticos (“para campañas” o para “hacer política”, suelen decir algunos a la hora de explicar a sus chantajeados el motivo de su actuar) y que facultan a los particulares negociantes a prestar sus servicios sin cumplir con especificaciones y obligaciones, reducidos los costos de operación real para así tener márgenes para la entrega de tributos bajo la mesa a las autoridades “vigilantes” y para ensanchar la ganancia privada que debe preparar tributos delictivos por venir.

Gas Express Nieto, por ejemplo (pero no sólo esa firma ni sólo en esos rubros; ayer mismo explotó una pipa, de la compañía Trafimar, en Cuautitlán Izcalli, en el estado de México), es una empresa reincidente en la desatención de sus formas de trabajo y de las consecuencias sangrientas y mortales de sus errores. En agosto del año pasado, los amigos y compañeros de trabajo de Gabino Barrera Ibarra improvisaron la rifa de un televisor, a 120 pesos el boleto (http://bit.ly/1LnF9hI ), para ayudar en algo a quien perdió a su hija de siete años en la explosión sucedida 15 días atrás en la colonia Cerrito Colorado, de Querétaro. La esposa de Barrera estaba gravemente herida en un hospital público y, a la hora en que se organizaba el sorteo de urgencia, la empresa fundada en 1939 por Raúl Nieto Boada, ahora dirigida por su hijo, Sergio Nieto del Río, no había ayudado a los damnificados ni con un centavo, aunque sus abogados sí buscaban hacer que los tribunales dieran a los familiares de las víctimas por desistidos en acusaciones y conformes con arreglos falsos.

El esquema es el mismo cada que sucede una tragedia, siempre y cuando ésta tenga fuerte resonancia en su ámbito. Los funcionarios, como ayer Miguel Ángel Mancera, se muestran justicieros y aseguran con frases trilladas que se investigará a fondo, que se hará comparecer a los empresarios involucrados, que se revisarán manuales, procedimientos y permisos o concesiones y, desde luego, ¿cómo no?, que se aplicará “todo el peso de la ley” y que se irá “hasta las últimas consecuencias”.

En los tres niveles de gobierno, el otorgamiento de permisos y concesiones es mina de oro para funcionarios y políticos (en la ciudad de México las delegaciones se han sostenido como instrumentos de extorsión y corrupción, a pesar de las alternancias partidistas. En especial, el predominio perredista ha consolidado la herencia priísta y la ha perfeccionado, al grado de transformarla en virtual industria económico-electoral). Además, obviamente, el permisionario o concesionario puede conseguir jugosos contratos del nivel de gobierno con el que tenga entendimiento porcentual para que sus negocios prosperen. Del dinero que debería aplicarse a la buena prestación de servicios o la buena calidad de las obras, los particulares deben reservar una buena parte para “invertirla” en campañas y sobornos para políticos que, llegados al poder, protegerán errores, insuficiencias y pifias criminales, en un círculo pernicioso que tiene al país postrado.

Otro rubro terriblemente corroído es el de la Protección Civil, convertidas muchas de esas oficinas en compradoras de productos obsoletos o de mala calidad, o abiertamente en plataformas de facturación de mercancías y servicios ficticios, de tal manera que cuando suceden desgracias colectivas que requieren la intervención de esas áreas, lo mejor que se produce son declaraciones, pero no una ayuda eficaz. Un funcionario de la secretaría federal de Gobernación, Leonardo González Neri, director de Coordinación Estatal y Municipal, dijo el año pasado que en muchos municipios del país se designa a los responsables de protección civil “por compadrazgos, amiguismos o parentesco”. Pero esa situación se da también en los ámbitos estatal y federal, aunque la nota correspondiente (http://bit.ly/1wFZxjg ) no señala si algo de eso habría mencionado el funcionario.

La dimensión de la tragedia de ayer en Cuajimalpa relegó informativamente, de manera natural, el tema que un día antes estaba en la cumbre de la tensión nacional. Centrada legítimamente la atención en lo sucedido por la mañana en el mencionado hospital, pocos reflectores tuvieron los pasos que ha decidido dar la administración federal para “restablecer el orden” en el país, especialmente en Guerrero. La Policía Federal se declaró decidida a impedir tomas de casetas de peaje y de carreteras importantes, y arreció la mezquina campaña mediática en busca de que sea detenido el director de la normal rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dedicó buena parte de sus declaraciones a hablar del imperio del derecho, de los excesos que cometen algunos manifestantes “infiltrados”.

Y, mientras Marcelo Ebrard deshoja la margarita electoral(¿PRD, MC o Morena), con la guillotina judicial de la línea 12 montada para tratar de sacarlo puntualmente de cualquier jugada partidista, ¡hasta el próximo lunes!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.