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Astillero: Lorenzo el Severo

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E l consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, tiene una visión muy complaciente con su propia gestión y con la realidad política que vive el país. Ayer dijo, con toda solemnidad, que el ente bajo su coordinación ha debido ser “severo” con los contendientes que han pretendido “distorsionar la equidad informativa” en la contienda que desembocará en las urnas el primer domingo del próximo mes.

Tal rigor disciplinario sólo existe en el discurso. La “equidad” del proceso electoral ha sido seria e irreversiblemente dañada por el cártel político de cuatro letras que significan mentiras probadas (PVEM), mientras Lorenzo el Severo y los consejeros que ejercen una suerte de autogobierno en favor del PRI y sus aliados (en este caso, el retorcido “Verde” que está haciendo tarea sucia para aportar ganancias finales al PRI) practican el juego concertadamente tramposo de “imponer” sanciones multimillonarias a los verdejos infractores, recurrentes y cínicos, que mantienen el país inundado de regalos, material “utilitario”, propaganda impresa y electrónica e incluso el envío de tarjetas de plástico de beneficios pospuestos para después de los comicios (todo, mediante el uso fraudulento de bancos de datos personales y asignando condición de “afiliados” a quienes no lo son ni quisieran serlo nunca).

La burla a los ciudadanos, al INE y a las elecciones está diariamente a la vista, sin que haya leyes, instituciones ni funcionarios que puedan frenarla. Al estilo de los dueños de centros nocturnos de diversión que prefieren pagar multas con tal de seguir funcionando con amplias ganancias después de las horas oficialmente permitidas, el PVEM está decidido a cubrir las sanciones monetarias, pues su negocio está en el crecimiento artificial de sus votos, entre ciudadanos con poca información y sentido crítico adormecido, no sólo para tener mejor reparto de prerrogativas económicas en el futuro, sino, sobre todo, para suministrar al PRI de Peña Nieto la cosecha fraudulenta y darle mejores condiciones de “gobernabilidad” desde San Lázaro y en los estados donde habrá elecciones locales.

La “severidad” proclamada por Córdova no sólo carece de efectos prácticos e inmediatos, sino que está sujeta aún a la confirmación o rechazo del tribunal electoral federal, que al igual que el INE está bajo dominio de Los Pinos. Los alborozados anuncios punitivos de hoy (INE) pueden ser tumbados mañana (TEPJF), con lo cual todo quedaría en mero revuelo oratorio circunstancial. El vocero del mencionado PVEM no sólo ha anunciado la esperanza de que el citado tribunal revoque las decisiones del INE, sino que tranquilamente ha dicho que ese partido (el de las cuatro mentiras, P4M, según descripción astillada) cuenta aún con dinero suficiente para continuar con sus campañas, por ser muy ordenado en el uso de sus recursos, a más de declararse muy satisfecho por la “vinculación con la sociedad” que han obtenido con sus métodos distorsionadores e inequitativos a los que la presunta severidad de Lorenzo no han podido vulnerar.

No es poca cosa, en el México de las aberraciones institucionalizadas, que las autoridades federales se hayan comprometido con los jornaleros de San Quintín a respetar las leyes laborales, inscribirlos en los sistemas de seguridad social (sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social) y respetar sus derechos humanos. Todo ello debería ser materia de cumplimiento ordinario y no una cesión genérica extraordinaria, caracterizada además por la falta de ánimo sancionador hacia los empleadores que durante décadas han violado sistemáticamente leyes y derechos (riguroso en extremo hacia las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que no apuntan a sus trabajadores en el IMSS, este instituto ahora iniciará una “campaña de credencialización y afiliación” sin que se hayan anunciado multas y recargos a los patrones tan largamente morosos).

Por lo pronto, se difunde la promesa de que los trabajadores en lucha ahora sí serán beneficiarios de las leyes, todo expresado en la ambigua letra de un convenio de buenas intenciones que pueden quedar apenas en un poco más que eso si se dan determinadas circunstancias políticas, sobre todo si decae el movimiento genuino de jornaleros y es diluido en jaloneos tramposos con “otras” representaciones sindicales, históricamente manipuladas por los patrones y los gobiernos.

Ha quedado en suspenso, sin embargo, el punto crucial del aumento de salario. Ello será precisado en la próxima reunión, programada para el 4 de junio, ni más ni menos que 72 horas antes de que los mexicanos vayan a las urnas. Ese día, las armas electorales de tres colores podrían cubrirse de efímera gloria presupuestal, pues la misión federal enviada a negociar a Ensenada hizo saber que las arcas federales serán usadas para “cubrir la diferencia” entre los 200 pesos de salario por día que solicitan los trabajadores agrícolas y lo que decidan ceder los dueños de ranchos que amablemente serán exhortados a que eleven sus pagos.

Es decir, habría una suerte de Foba-Quintín, un mecanismo de transferencia de recursos públicos para ayudar a los prósperos exportadores de productos agrícolas de San Quintín a que paguen mejor a sus empleados. A fin de cuentas, sería un subsidio, con dinero de todos los mexicanos, a los patrones para que éstos sigan teniendo altas ganancias sin la merma de cumplir con un salario mínimo decoroso a sus trabajadores. Con el agregado, en este punto y en el de un alegre fideicomiso de ayuda también anunciado por el gobierno federal, de que todo ello será barrido en unos meses más, cuando el presupuesto federal de egresos sea rediseñado a partir de una “base cero”, que implica el desconocimiento de todo el andamiaje de gasto público armado hasta ahora, para entrar en una rigurosa fase de ajustes y “ahorros”. ¡Hasta el próximo lunes!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.