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Astillero: Ni aunque fuera legal

Astillero, Pacto por México

E xtraña construcción conceptual (y virtual confesión involuntaria) de un político bajo ácidas acusaciones relacionadas con enriquecimiento cuando menos inmobiliario: “Después de esta experiencia”, dijo Enrique Peña Nieto al periodista Carlos Marín en relación con la Casa Blanca y la eventual aparición postsexenal de otras propiedades lujosas que ahora se compraran, “ni siquiera me anima, ni deseo tengo, y aunque lo hiciera de forma legal y legítima, por ahora, de adquirir algo”. Ni aunque fuera legal y legítimo (Nafulele), como si tales características fueran una excepción y no una regla o, desde otra perspectiva, como si anteriores operaciones mercantiles de esa índole hubiesen estado afectadas de ilegalidad e ilegitimidad.

Peña Nieto confesamente perplejo (adjetivo proveniente del latín perplexus, que significa “dudoso, incierto, irresoluto, confuso”, según el diccionario de la Real Academia Española). En diversas entrevistas otorgadas en el carrusel mediático posterior a su tercer Informe de gobierno y el mensaje político dado el siguiente día se ha declarado ignorante de hechos relevantes y sus consecuencias o, en un grado menor, indeciso y enredado respecto de lo que debe hacer. Ha aceptado que no tuvo capacidad para medir oportuna y adecuadamente el tamaño y la trascendencia de lo sucedido en Iguala y con la Casa Blanca. A Federico Arreola, del portal SDP Noticias, le dijo que evalúa la posibilidad de deshacerse del ostentoso nuevo avión presidencial, aunque su conducta y ánimo apuntan al pleno disfrute venidero del palacio flotante.

Esa perplejidad en medio de la tormenta se advierte también en el tratamiento del conmocionante caso de la fabricación de una “verdad histórica” por parte de su administración (Murillo Karam no se mandaba solo). Funcionarios del gabinete peñista y el propio jefe de ellos emiten declaraciones divergentes y contrapuestas, con un segmento dedicado a una abierta defensa de la narrativa del ex fabulador general de la república y el propio Peña Nieto moviéndose en dos aguas, reservándose cierta franja de protección por si la chamusquina es generalizada.

La batalla del peñismo pretende, en su vertiente pro murillista, litigar en materia ígnea, oponiendo al reporte de un solo perito peruano descalificador las oficiales cuantías dictaminadoras favorables a la hipótesis “histórica”. Pero, siendo importante el debate sobre el fuego, no está allí el punto central y verdaderamente importante del informe del grupo de expertos independientes, sino en la categorización, desde un plano internacional (la Organización de Estados Americanos, que ayer anunció que hace suyos los términos de la investigación interdisciplinaria), de nuestro país como un Estado inequívocamente dominado por la corrupción, la mentira y la delincuencia, específicamente la relacionada con las bandas del narcotráfico y delitos conexos.

Del crimen organizado al crimen institucionalizado, en una nación incapaz de realizar una investigación judicial honesta y confiable en un tema que ha golpeado la conciencia nacional y ha sumido al gobierno actual en una crisis de consecuencias graves. Policías, militares y autoridades civiles construyendo versiones de las que convenientemente separaron los hechos y datos que darían una visión distinta, como el quinto autobús y la posibilidad de que en él hubiera cargas de droga o dinero en efectivo cuya recuperación importó más a las fuerzas armadas que la protección de estudiantes que por azar habían tomado esas unidades sin saber que en una de ellas se podrían encontrar los resortes que mueven criminalmente a los poderes federal, estatales y municipales.

Crimen institucionalizado en un país donde, por dar un ejemplo más, se multiplican las grabaciones telefónicas que dan cuenta de los arreglos obscenos entre directivos de la empresa OHL y funcionarios de diverso nivel, como sucedió ayer con el secretario porcentual de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza (el lunes fue vengativamente detenido Paulo Díez Gargari, el abogado de Infraiber, desde donde se han difundido hechos de corrupción relacionados con OHL; se dijo que iba como testigo, luego le encontraron un arma que el acusado dijo que le habían “sembrado”). Multiplicación de los panes echados a perder, mientras resuenan las palabras cupulares: ni aunque fuera legal y legítimo, la doctrina Nafulele.

“México va cambiando”, dijo el gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera, al asistir comedidamente al segundo informe de labores de una delegada federal en su estado. Bueno, no una delegada cualquiera, sino María de Lourdes Osorio Chong, quien representa al Instituto Mexicano del Seguro Social en esa entidad (IMSS que a escala nacional dirige José Antonio González Anaya, casado con Gabriela Gerard Rivero, quien es hermana de Ana Paula, la esposa de Carlos Salinas de Gortari; otro hermano, Jerónimo Marcos, fue accionista de una empresa hasta días antes de que ésta se quedara con dos paquetes de contratos de la ronda uno petrolera y, además, fue socio de Juan Carlos Hinojosa, del Grupo Higa, en la licitación del tren chino).

El apocamiento de Olvera fue difundido en boletín oficial (el 1245), en el que además se consignó que en el acto se “contó con la presencia de María Luisa Chong de Osorio y Laura Vargas Carrillo, madre y esposa, respectivamente, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong” (la esposa Vargas Carrillo es directora nacional del DIF por su gran relación con la esposa Angélica Rivera, dueña de la Casa Blanca, que fue vendida por Grupo Higa, que también tiene contratos y concesiones… etcétera). Ah, por cierto, ayer mismo Olvera rindió su quinto informe como gobernador. ¿México va cambiando?

Y, mientras Sigifredo Nájera, alias El Canicón, quien fue vecino de celda de El Chapo, era encontrado muerto de paro respiratorio en el penal de ArmolHoyo, ¡hasta mañana, con la continuidad de Carstens en el Banco de México, el inicio del debate en San Lázaro sobre el recorte presupuestal y la preparación de las consecuentes protestas de los grupos afectados!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.