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A cuarenta y cuatro años del halconazo (con Luis Echeverría Álvarez y Alfonso Martínez Domínguez como principales personajes trágicos del poder) y a tres días de las elecciones que Enrique Peña Nieto considera le convalidan como “democrático” y le dan “gobernabilidad” plena, su virtual secretario paralelo de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava (aunque actúa con el título de subsecretario, obedeciendo directamente a Los Pinos y no a Miguel Ángel Osorio Chong), anunció un rupturista condicionamiento de negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en una decisión muy riesgosa por cuanto una parte de los profesores en protesta está acampada en el Distrito Federal con un ánimo de lucha que Bucareli-Los Pinos exige sea depuesto para reanudar discusiones hasta que ese magisterio esté sentado en las aulas y no manifestándose en las calles.

Miranda Nava, el mismo de la construcción fastuosa en las Lomas de Chapultepec y de las ausencias y marrullerías en los tratos con los jornaleros de San Quintín, estableció en una rápida reunión con representantes de las secciones magisteriales de Oaxaca y Michoacán una “condicionante” que política e históricamente es poco viable: la Secretaría de Gobernación “no se sentará a la mesa con ellos hasta en tanto todos los contingentes movilizados estén en sus escuelas trabajando”. Así los echó virtualmente a la calle, justo cuando en distintos puntos de la ciudad de México estaban a punto de marchar grupos que recordarían la matanza del 10 de junio de 1971, aquel halconazo tan impune como otras matanzas y agresiones en la historia política mexicana.

El endurecimiento de la postura gubernamental (que tiene como antecedente el traicionero anuncio, antes de las elecciones, de que se suspendería “indefinidamente” la evaluación educativa) se produce en un cuadro político engañoso. La blanqueada casa presidencial estima que las condiciones derivadas de la recién pasada contienda electoral le favorecen lo suficiente para intentar que el segundo tramo de ejercicio del poder sea caracterizado por una discutible “aplicación” del “estado de derecho” y algunas derivaciones prácticas menos apegadas a la legalidad, con las fuerzas armadas (Ejército, Marina y policías) en faena de abierto sometimiento de disidencias y disonancias. Superada la batalla “legítima” en las urnas, el régimen cree llegada la oportunidad de poner “orden” en los múltiples flancos que por conveniencia electoral no pudo contener antes, con el beneplácito de sectores empresariales y de ciudadanos que están hartos de las consecuencias pero no de las causas de las protestas desbordadas.

El espejismo de la “normalidad democrática” mostraba resquebrajaduras en varios lugares. El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, proclamaba en San Luis Potosí, desde un enrejado al que combativamente se encaramó, la reivindicación histórica de la consigna popular del “voto por voto, casilla por casilla” para revisar los resultados que allí son oficialmente favorables al priísta Juan Manuel Carreras. Otro insurrecto desafiaba al sistema en Colima, Jorge Luis Preciado, candidato a gobernador a quien Ricardo Anaya, coordinador de los diputados federales panistas, prometía que el partido de blanco y azul defenderá “cada voto” ciudadano. Atrás quedaba el 2006 en que los panistas defendían con vehemencia la confiabilidad de las instituciones electorales y el hecho de que los comicios eran realizados por ciudadanos tan dignos de crédito que una diferencia de 0.56 por ciento, ni más ni menos que en una elección presidencial, debería ser aceptada sin chistar, a riesgo de acabar siendo tachado como ciudadano conflictivo, flojo sin quehacer, mal perdedor y peligro para México.

Los cómputos finales de las elecciones arrojaron en todo el país evidencias de una deficiente capacitación de funcionarios por parte del barril de despilfarro sin fondo conocido como Instituto Nacional Electoral y sus similares en los estados. La legalidad electoral sobre la cual el peñismo pretende apuntalar sus pretensiones de represión correctiva nacional mostraba fisuras y francos orificios en varios lugares. Partidos diversos, incluyendo al PRI, se inconformaban por conteos tramposos, procesamientos dominicales equivocados, y asignaciones inaceptadas de presuntos triunfos.

En la ciudad de México, por ejemplo, representantes del PRI y el PRD exigían a Miguel Ángel Mancera la renuncia de dos de sus principales funcionarios bajo la acusación de haber favorecido al partido Morena que, por cierto, bajó el tono de sus amagos al jefe del Gobierno capitalino, a quien casi alcanzaban las previas acusaciones de un presunto fraude en camino en favor del sol azteca. Ha de suponerse que esa presunta maquinación en pro del PRD no se produjo, aunque ahora hay perredistas que temen que sí sucedió, pero en su contra. Por lo pronto, el presidente del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores, exigió repetir elecciones en la delegación Cuauhtémoc y aseguró que, de ratificarse el triunfo de Ricardo Monreal, iniciaría un movimiento de resistencia pacífica contra el zacatecano.

En otra pista del gran circo electoral, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, decía a El País ( http://bit.ly/1IrIXfL ) que “gracias al Presidente tenemos hoy la posibilidad de tener candidatos independientes. Los diputados echaron a perder la reforma porque le pusieron muchas trabas, pero el origen de la iniciativa fue de él”. También dijo que en México hay “un despertar. Es la primavera mexicana que, bendito Dios, yo inicié”. Al recordarle que se había forjado a la sombra de Alfonso Martínez Domínguez (el regente capitalino caído justamente un 10 de junio, como corresponsable histórico), “un icono del PRI” y si por ello “¿en su ADN queda rastro priísta?”, El Bronco se sinceró: “No sé. Quizá los buenos rastros de aquellos años donde el servicio público era privilegiado. Donde se daba la satisfacción de servirle a la gente”. ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.