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Astillero: UNAM: sucesión clave

Astillero, Pacto por México

E s una elección indirecta (15 personas notables toman la decisión a nombre de la inmensa comunidad). O para ser más precisos: es una designación. Son los pocos miembros de la Junta de Gobierno quienes procesan y resuelven el asunto de la sucesión en la rectoría, conforme a los intereses y entendimientos que en esa cúpula se licúan.

Y, sin embargo, hoy más que nunca la decisión sucesoria requiere de participación, inteligencia y cálculo de un conglomerado pensante cuyo destino está en riesgo por distintas razones y circunstancias. De entrada, los recortes presupuestales a los que se ve obligada la administración peñista, tan económicamente bajo asedio, habrán de impactar las finanzas, los programas y los alcances de la casa de estudios a la que se considera máxima en el país. Y, al mismo tiempo, e incluso sin que hubiera los problemas económicos globales en curso, la lógica de mercado que reina en los niveles directivos del gobierno mexicano empuja a la supresión de gastos que se consideran “innecesarios” y a formas de privatización de las universidades públicas que más de una vez se han explorado.

Por su tamaño pero, sobre todo, por su influencia y participación activa en los problemas de la sociedad mexicana, la UNAM es un asunto de seguridad nacional. Mantenerla en calma es una necesidad de los gobiernos en turno, especialmente de aquellos que viven parados en un polvorín social, como el actual. Nadie que conozca la política real puede hacerse eco de los discursos y pronunciamientos de cajón que postulan que los políticos dominantes se mantienen ajenos a lo que sucede en una institución educativa clave en la estabilidad política. Basta ver la abierta intervención del entonces presidente Ernesto Zedillo al imponer a quien era su secretario de salud, Juan Ramón de la Fuente, para enfrentar un movimiento estudiantil prolongado. Y la continuidad de esas políticas adosadas a Los Pinos durante la administración del saliente José Narro.

En momentos críticos para la administración peñista, y con una gran insatisfacción social acumulada, se aspira a que el relevo en la rectoría de la UNAM se realice sin grandes incidentes. Ayer se cerró el plazo para el registro de aspirantes y pronto iniciará la Junta de Gobierno sus tandas de sondeos. Profesores e investigadores han demandado que haya un proceso abierto y confiable, mientras otros hablan concretamente de actuar #EnDefensaDeLaUnam, estos incluso organizando para hoy a las 12:30 horas una marcha interna, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la rectoría.

La principal preocupación latente se refiere al grado de involucramiento que el gobierno de Peña Nieto puede intentar en este proceso de sucesión. La referencia natural es Sergio Alcocer, quien hace menos de tres meses aún despachaba como subsecretario para América del Norte en el equipo diplomático de José Antonio Meade, quien ahora es una de las cartas de Luis Videgaray para la sucesión del actual ocupante de Los Pinos. Alcocer es parte de un proyecto político del grupo que actualmente tiene el poder gubernamental y en función de ese proyecto dejó su cargo en la SRE para estar en condiciones de pelear por la rectoría.

No le faltan a Alcocer credenciales para aspirar al cargo, pues ha ejercido funciones directivas en la UNAM y fue pieza importante en el equipo del propio Narro. Pero el riesgo de la mano gubernamental en la UNAM (es decir, de una mayor y más descarada injerencia de esa mano siempre presente) no se reduce a esta evidente pieza del peñismo puesta en el tablero universitario. Aún sin ese personaje explícito, Los Pinos puede tomar mayor control mediante las maniobras del grupo dominante del doctor Narro a favor de otro aspirante que por igual podrá estar sujeto a esas presiones del voraz poder federal que ha ido tomando posesión de cuanto espacio “autónomo” le ha sido posible, en lo electoral (INE y TEPJF), lo relacionado con la transparencia y las telecomunicaciones, lo judicial (primer golpe impúdico con Eduardo Medina Mora y en curso el segundo, con el operador priísta Raúl Cervantes encaminado a un lugar en la Corte) y, desde luego, lo universitario.

Se enriquece la colección privada de Carlos Salinas de Gortari: su sobrina, como se sabe, pasó de la Secretaría de Turismo a la de Relaciones Exteriores; el hijo de uno de sus secretarios particulares en Los Pinos, Andrés Massieu, ahora es coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y este domingo colocó a su ex vocero, Otto Granados Roldán (coordinador de comunicación social de la Presidencia, de 1988 a 1992, luego gobernador de Aguascalientes), como subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas de la secretaría de campaña de Aurelio Nuño, también conocida como SEP. Otro ex vocero de Salinas de Gortari, José Carreño Carlón, dirige el Fondo de Cultura Económica y su hijo, Paulo Carreño King, es coordinador de Marca País y Medios Internacionales en la oficina de Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Y eso que se dice que el mexiquense y el hijo adoptivo de Agualeguas, Nuevo León, están políticamente distanciados.

La insoportable intensidad del 43: a diferencia de lo sucedido en otros años (véase el caso del anterior, con un 42 sin complejo de culpa http://goo.gl/AlZasP ), en esta ocasión se optó por la numeración romana para identificar la edición del Festival Internacional Cervantino (http://goo.gl/rRee) que se desarrollará desde mañana y hasta el 27 del presente mes en la ciudad de Guanajuato. “Cuadragésima tercera” edición, menciona con propiedad el director Jorge Volpi en un texto de presentación del gran encuentro cultural, y esa misma vocación numeral se mantiene en la propaganda oficial del caso.

Y, mientras quedan en libertad cuatro militares acusados por las ejecuciones de Tlatlaya, para que los visitantes de CIDH y ONU vean los grandes avances en legalidad y derechos humanos en México, ¡hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.