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El autogobierno en penal de La Pila

Carlos López Torres

La inutilidad, o mejor dicho, la utilidad para los gobernantes de los sucesivos eventos regionales o nacionales sobre inseguridad es que sólo sirven, por lo visto, para tomarse la foto, atraer reflectores y hacer como que algo hacen ante el repunte del tema que los reúne, aunque la violencia siga asolando el país con su cauda de desapariciones, asesinatos, feminicidios, extorsiones, secuestros y el rebasamiento institucional a partir de la dominación de la narcopolítica.

Así como la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ha demostrado ser un mero instrumento de presión frente al gobierno federal, como ha sido patentizado una y otra vez: ora por evitar la supervisión y vigilancia permanente del mal uso de los recursos federales; ora por entorpecer las investigaciones de las relaciones de los gobernantes con el crimen organizado o seguir manteniendo las manos sueltas pese a los resultados ya conocidos mediante los sonados casos de los ex mandatarios estatales prófugos o detenidos, para el caso es lo mismo, las mentadas reuniones nacionales sobre inseguridad poco han servido.

En la última Reunión Nacional de Seguridad Pública llevada a cabo en Palacio Nacional, con la participación en pleno del presidente Peña Nieto, funcionarios federales y gobernadores, el titular del Ejecutivo estatal, Juan Manuel Carreras López, hizo una intervención que, al decir de sus publicistas, fue aplaudida y aprobada por Peña Nieto y Miguel Osorio Chong, cuando sugirió que había que voltear hacia los centros de rehabilitación e inserción en los estados al tiempo que demandó la homologación de los centros estatales de prevención social.

No sólo eso planteó Carreras López en su intervención, sino que demandó además la creación de las comisiones –ciudadanas y académicas– de evaluación y apoyo de los programas de prevención social y contra la delincuencia; además de que se comprometió  a proveer una cultura contra la violencia y la delincuencia, a través del diseño e implementación de estrategias para construir comunidades seguras con calidad de vida, convivencia pacífica, cohesión social, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, equidad de género en todo el estado.

Sin embargo, los recientes acontecimientos en el penal de La Pila, donde un interno fue herido de gravedad, así como la denuncia hecha por el diputado Héctor Mendizábal Pérez sobre la inexistencia de certificación de los penales de la entidad, no sólo ponen en entredicho el discurso de Carreras López, sino que ponen al descubierto que ni siquiera se ha impulsado la certificación según solicita el diputado vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local.

Lo dicho, en las reuniones nacionales de la Conago, cuya desaparición debía ser una demanda ciudadana dados los magros resultados obtenidos, así como las de inseguridad pública, la palabrería es la que domina aunque en los hechos todo sigue igual o peor. En el penal de La Pila es un hecho que el autogobierno sigue en pie.