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Ayotzinapa: el montaje de la PGR

Renata Terrazas

E l 7 de noviembre de 2014 el gobierno federal de la República Mexicana, a través de su procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, nos pretendió vender una mentira como verdad histórica. Sostenida frágilmente por testimonios verbales de quienes presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, nos dijeron que los estudiantes estaban muertos y habían sido incinerados, sin dejar rastro.

Diez meses después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar sobre el caso de Ayotzinapa, presentó avances de sus investigaciones; los resultados evidenciaron los huecos en la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) y echaron por la borda la supuesta verdad histórica.

Según este informe, los estudiantes normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo sostuviera en noviembre pasado Murillo Karam. La evidencia en la zona apuntaba para deducir que ningún cuerpo fue incinerado ahí, por ello la versión del gobierno federal era insostenible. Además, se mostró que evidencia relevante había quedado fuera de la investigación de la PGR. La existencia de un quinto camión en donde viajaban los estudiantes fue ignorada como línea de investigación, desde la cual pudiera identificarse un posible motivo para la desaparición de los normalistas.

La arbitraria construcción de una falsa versión de los hechos por parte del gobierno federal sobre lo sucedido en Ayotzinapa los días 26 y 27 de septiembre de 2014, nos indica que en México es imposible asegurar el acceso a la justicia. Si Ayotzinapa fue considerado como un tema prioritario por la sociedad y el gobierno, y aun así se realizó una investigación deficiente, ¿qué podemos esperar de cualquier otro caso de investigación en materia de justicia?

Además, la necesidad de imponer la versión oficial como la verdadera nos debe poner a pensar en lo que está detrás. Ya sea que se trate de desdén, incapacidad o una intención de maquillar la verdad, la responsabilidad del gobierno federal es mayúscula. Determinar cuál fue la causa de la construcción de la versión de la PGR nos ayudaría a comprender hasta dónde llega la red de corrupción que dio pie a la desaparición de los 43 estudiantes.

La reacción de la sociedad mexicana e internacional sobre lo sucedido en Ayotzinapa nos permite comprender esta urgencia del gobierno por cerrar el caso. Cientos de miles de personas alrededor del mundo tomaron las calles y se unieron a la exigencia de justicia de los padres y madres de los 43. La noticia resonó en diferentes sectores de la población y al unísono al gobierno mexicano se le exigía que los 43 aparecieran vivos, porque vivos se los habían llevado.

La esperanza de encontrarlos vivos chocó con la versión construida por el gobierno federal que los hacía hechos cenizas. La búsqueda de los estudiantes terminaba para el gobierno federal. El caso se cerraba, sin atender el dolor de una sociedad que exigía justicia, sin comprender el dolor de quienes buscaban vivos a sus hijos.

La mentira histórica no fue aceptada por quienes continuaron saliendo a las calles repitiendo que buscaban a los 43 vivos. El informe del GIEI no sólo confirma las sospechas de quienes decidieron no tomar como verdadera la ficción de la PGR, sino que evidencia un gobierno omiso en la procuración de justicia y en su obligación de proteger los derechos de las personas.

Hoy sabemos, gracias a los hallazgos del GIEI, que el gobierno federal se apresuró en construir una verdad que acallara las voces que exigen justicia. Porque presentar una versión final, aunque falsa, permite dar carpetazo a los temas de procuración de justicia.

Sabemos también, que las investigaciones de las procuradurías son deficientes, aun en los casos considerados como prioritarios. Con ello, nos encontramos en una situación de tremenda indefensión en donde en cualquier momento podemos ser víctimas de un delito sin castigo para los culpables, o ser considerados culpables bajo investigaciones creadas ad hoc.

Sin embargo, no sabemos qué sucedió con los estudiantes normalistas, como tampoco sabemos cuál fue la causa de la tremenda saña con la que fueron atacados. Incorporar las recomendaciones del GIEI es necesario para continuar con las investigaciones que permitan identificar qué fue lo que sucedió. Quedan muchas preguntas por responder y muchos responsables por procesar. Uno de ellos tendría que ser el procurador de justicia que nos intentó imponer una falsa verdad histórica; ofrecer versiones no comprobadas sobre el destino de seres humanos desaparecidos, en representación del gobierno federal, tendría que estar sujeto a algún tipo de sanción.

A casi un año de uno de los sucesos más atroces en la historia del México moderno, la exigencia de la sociedad sigue siendo la misma: queremos justicia; y ésta comienza por la adecuada investigación de las autoridades para determinar lo sucedido, identificar responsables y tomar las medidas necesarias para que jamás vuelva a suceder algo similar.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.