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Carlos López Torres

Carlos López Torres

La recurrente argucia discursiva de los gobernantes en la entidad, basada en el reconocimiento de que no obstante la existencia de una violencia generalizada en la mayoría de los estados del país, nuestro terruño no alcanza aún los niveles inadmisibles del horror al que han llegado otros estados, es cotidianamente desmentida por los hechos delictivos que se suceden un día sí y otro también en nuestra geografía local.

Más aún, el recurrente sofisma del sexenio torancista que pretendía atribuir la creciente violencia durante su mandato de omisión, de negligencia y apatía a factores externos, con el “argumento” de que la criminalidad tenía origen foráneo, pareciera reiterarse cuando el titular del Ejecutivo Juan Manuel Carreras, otra vez habla de blindar las fronteras de la entidad para evitar la contaminación de la criminalidad existente en algunas entidades vecinas, como si lo que ocurre en nuestro territorio no reflejara la implantación del crimen organizado y su accionar delincuencial.

Por más que se intente negar la realidad, la incidencia delictiva en San Luis Potosí sigue en aumento respecto al mes de enero de este año, como lo confirman los datos de que en febrero aumentó 54 por ciento respecto al mes pasado, específicamente en materia de secuestros y homicidios.

Así las cosas, mientras la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Solicitud de Alerta de Género para la entidad denunciaba el aumento de feminicidios y la ineficacia del dicho del gobierno carrerista de que con o sin alerta de género se sigue trabajando para garantizar la vida y la libertad de las mujeres, en un camino del municipio de Xilitla se cometía el enésimo feminicidio de una joven mujer.

En tanto el alcalde Ricardo Gallardo Juárez giraba la instrucción al nuevo director de Seguridad Pública Municipal, Saúl García Rodríguez, “para cumplir de manera cabal y efectiva con la misión encomendada, de fortalecer la DGSPM con una dinámica de trabajo que privilegiara el desarrollo de operativos con resultados en la prevención y disminución delictiva y una mayor proximidad social con los diversos sectores”; o sea, lo que no hicieron los anteriores comisarios de seguridad pública municipal, el hallazgo macabro de un encobijado asesinado aparecido en la inmediaciones del Tecnológico Regional, patentizaba la incapacidad de los cuerpos de seguridad de los dos niveles de gobierno en la zona conurbada.

Efectivamente, ni la decisión del titular del Ejecutivo de mantener al gabinete sin cambio alguno, incluyendo al secretario de Seguridad Pública del Estado, ni los cambios de comisarios de seguridad en el municipio capitalino han dado los resultados que los discursos de los funcionarios pregonan; por el contrario, la inseguridad va a la alza.

Lo que sí demuestra lo anterior, es que no se trata sólo de funcionarios, sino del reconocimiento de la realidad y no de reiteraciones de buenas intenciones. Se trata de la elaboración de políticas públicas con la obvia participación ciudadana, no salidas de los escritorios de los cómodos burócratas.