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Ignacio Betancourt

Se supone que en lo general el Estado y en particular el gobierno son el resultado de una milenaria experiencia colectiva que hace posible el funcionamiento generalizado de las sociedades en el mundo, pero en México ambas instancias han fracasado debido a la corrupción y la impunidad de toda clase de funcionarios, lo cual conlleva a la más deplorable de las situaciones económicas, culturales, de salud, educativas, y todos los etcéteras que constituyen las complejas dinámicas que mantienen de pie la funcionalidad de cualquier país. Para completar el insoportable panorama añadamos el llamado “desempleo tecnológico” que no es otra cosa que el futuro remplazo de la mano de obra ocasionado por la automatización en los procesos productivos. Pese a perspectiva tan desoladora para la población, el PRI y el PAN aún se atreven a pedir (o comprar) el voto para mantener en el poder una lamentable e ilusa pandilla de corruptos.

Hoy los ciudadanos mexicanos están recurriendo directamente a pedir ayuda a las propias organizaciones delincuenciales (sucedió en Culiacán hace unos días) para que “nos ayuden a acabar con la tortura”; el Estado en su totalidad se desmorona como garante de las condiciones mínimas para el sostenimiento de las instituciones que debían hacer posible la existencia de una cotidianeidad donde el ciudadano pueda desarrollar las acciones indispensables para su mantenimiento y sobrevivencia. En nuestro país actualmente familiares de ciudadanos desaparecidos comienzan a recurrir, ante la inoperancia de todas las instancias gubernamentales, a la delincuencia organizada (también así podría llamarse al actual gobierno federal, estatal o municipal) y envían cartas a los propios cárteles: “Para acabar con este dolor que hemos estado llevando durante un año de incertidumbre, apelamos a su buen corazón y que nos ayuden a que regresen nuestros seres queridos.”

En realidad lo anterior sólo es el dato más espectacular en la configuración de un Estado fallido, para calificar las condiciones en que la mayoría de los mexicanos a lo largo y lo ancho del territorio nacional subsisten cotidianamente. Si a esto sumamos el que muchas de las instituciones dicen carecer de recursos presupuestales y se limitan sólo al pago salarial de cientos de miles de burócratas, que además de cobrar nada hacen (bueno, comen y se acicalan), podremos entender con toda claridad la espeluznante disfuncionalidad de un gobierno que destruye impunemente lo que con crueldad podríamos llamar la gallina de los huevos de oro. O qué pensar cuando en las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, incluso Canadá y Estados Unidos de Norteamérica presionan a México para que “eleven sus estándares laborales”; además de que los nuevos empleos que ahora se estilan (temporal, a tiempo parcial, freelance, subcontratado por agencia) implican graves riesgos salariales y prácticamente anulan todo tipo de prestaciones.

La carta que los familiares sinaloenses enviaron a la mismísima delincuencia, argumentando ante los medios locales que las autoridades no los apoyan, concluye de manera dramática: “Esperamos su respuesta y un milagro, y si ustedes nos pueden ayudar a que esto suceda, nuestras familias estarán agradecidas de por vida.” Por supuesto, las autoridades encargadas de la protección que constitucionalmente el gobierno debe ofrecer a la ciudadanía (para eso se le paga), nada dicen respecto a situación tan grave, sólo callan ominosamente pues en realidad ¿qué deberían decir o hacer? ¿se auto-fusilarían?