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Castillo, el gran impune de Apatzingán

Laura Castellanos*

Hoy se cumple un año de cometida la masacre de Apatzingán por parte de la Policía Federal (PF) sin que hasta el momento la PGR dé a conocer sus investigaciones, haya detenido a algún responsable y mucho menos llame a cuentas a Alfredo Castillo, el ex Comisionado Federal de Seguridad de Michoacán.

Castillo sigue siendo el gran impune de la matanza del Día de Reyes en la que se cometieron por lo menos 16 ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía Federal.

No obstante la protección federal que goza se extiende ahora al flamante gobierno perredista de Silvano Aureoles, que no sólo ratificó a José Martín Godoy como procurador estatal, sino también al único funcionario que la PGR vio como probable involucrado en los hechos y que es de las confianzas del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Me refiero a Andrés Becerril, el fiscal de delitos de alto impacto de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE), que fue titular de la delegación de la PGR en el estado al suceder la masacre, y que anteriormente fue subordinado de Castillo cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

La PGR anunció la destitución de Becerril a días de los hechos pero en realidad éste renunció con un cordial saludo de agradecimiento, no lo investigó, y luego se le nombró en la citada fiscalía estatal que precisamente investiga los casos de homicidios dolosos, como bien lo documentó la reportera Peniley Ramírez de Univisión.

La protección oficial a Castillo se debe a que fue el responsable de la estrategia en la que el gobierno armó a civiles para combatir a civiles criminales y se les dotó de acompañamiento de las fuerzas federales en sus operativos. Es decir, fue el legitimador de una guerra civil acontecida bajo un estado de excepción en el que se realizaron todo tipo de atropellos.

Tal acompañamiento fue, sin embargo, relativo. Más bien a esos civiles se les utilizó como la carne de cañón.

No hay que olvidar que los autodefensas e integrantes de la Fuerza Rural atacados pertenecían al grupo elite G-250 creado por Castillo para combatir a Servando Gómez Martínez La Tuta.

Diversos testimonios de jornaleros que integraron el G-250 aseguran que en la sierra estuvieron ocho meses, a su suerte y sin paga, en los que llegaron a enfrentarse a pedradas y palazos no con criminales, sino con militares que impedían su avanzada en rancherías de la zona o pretendían desarmarlos. Los civiles dicen que atestiguaron que había una red de protección de fuerzas federales a La Tuta.

Como se sabe, Castillo disolvió al G-250 días antes de salir como comisionado en diciembre de 2014 sin que se detuviera a La Tuta, por lo que dichos civiles se inconformaron en un plantón y los atacó la PF en un operativo en el que también intervino el Ejército.

Y es precisamente en la víspera de que se cumple un año de la masacre que en una declaración ministerial de un caso totalmente ajeno al de Apatzingán, el del ex líder de las autodefensas José Manuel Mireles, que Castillo muestra el tamaño de su cinismo.

Negó haber armado a grupos de civiles en Michoacán y que haya habido una estrategia de articulación de operativos conjuntos con las fuerzas federales. “Lo desconozco”, dijo por escrito a la autoridad judicial.

Verdad es que en los crímenes acaecidos el 6 de enero Castillo no es el único responsable. Hubo una cadena de responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal que de igual forma ha sido protegida mientras agentes del Estado han perseguido a sobrevivientes y se torturó y encarceló a familiares de los mismos.

El informe realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de los hechos, si bien fue laxo y limitado, reconoció que hubo una ejecución extrajudicial y cinco casos de privación ilegal de vida. ¿Cuándo la PGR revelará sus investigaciones? Es el colmo: la PGR se estará investigando a sí misma.

Ante la falta de procuración de justicia en México el caso de una víctima llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero aún se ve lejana la creación de una comisión investigadora externa bajo su cobijo.

Habrá que ver si organismos civiles de derechos humanos llevan el caso de esta masacre, y el de las otras masacres cometidas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a tribunales internacionales para que se les juzgue por crímenes de lesa humanidad.

No obstante, por ahora, a un año de la matanza, el promotor nacional del deporte ha sido exonerado.

* Periodista independiente. Ha publicado en Aristegui Noticias, Proceso, El Universal, La Jornada y Gatopardo. Autora de México armado y Corte de caja.

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