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Castración informativa

Renata Terrazas

U no de los mayores miedos de George Orwell y Aldous Huxley, reflejados a lo largo de su literatura, era la dominación de los poderosos sobre la población. Esta dominación se realizaría, sobre todo, a través de las ideas. Para Orwell, la estrategia posibilitadora sería el miedo y la censura directa sobre la información; hasta los pensamientos más profundos e íntimos de las personas estarían controlados con mecanismos de autocensura. Para Huxley, la dominación sería posible mediante la construcción de seres vanos que se distrajeran ante cualquier minucia, perdiendo así el interés por conocer la verdad.

En ambos casos, los medios de comunicación continúan existiendo; en el mundo orwelliano estos forman parte de la estructura del Estado y modifican la verdad para presentarnos su propia versión; aquella que permita el continuo sostenimiento de un régimen opresor. Con Huxley vemos medios de comunicación irresponsables que nos arrojan un mundo de información sin procesar; información que nos mantenga en un estado de eterno control, en el que se nos vende una dictadura como si fuera democracia.

Si bien podemos pensar que ambas distopías son diametralmente diferentes, la realidad es que están unidas por el mismo principio: la información es poder y esta será usada por los gobiernos como medida de dominación.

Ya sea mediante censura directa o con medidas de distracción, el objetivo es ocultar la información, ya que con ella las personas podrán saber lo que verdaderamente sucede en la toma de decisiones y exigirán respuestas a sus gobernantes. Al menos, es ese el principio de la transparencia y el derecho de acceso a la información, conocer lo que sucede en el gobierno para poder incidir en él, ser ciudadanos más activos y construir conjuntamente democracias que nos beneficien a todos.

En el México de hoy podemos ver lo que décadas atrás Orwell y Huxley parecían advertirle a un mundo en plena construcción de modelos de gobierno más amigables con su sociedad: más allá de sus diseños normativos e institucionales democráticos, existe un riesgo latente de manipulación por aquellos que gobiernan en una nación.

Un recuento del último año nos pude dar luz del manejo de la información en México. ¿Cuáles son las noticias que roban primeras planas y eternos minutos en radio y televisión? ¿Qué tanta cobertura recibió el enorme conflicto de interés –rayando en corrupción–, del presidente de México, Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con relación a los contratos con Grupo Higa? Temas tan delicados como la represión que han sufrido luchadores sociales, defensores de derechos humanos o periodistas, no alcanzan a competir con los chismes de farándula o programas de entretenimiento masivo, los cuales están destinados para producir neurocidio en quienes los consumen.

Las verdaderas noticias, aquellas que implican acciones de los gobiernos que afectan de alguna forma la vida de las personas, son sepultadas en mares de noticias rosas anecdotarias, carentes de análisis y con nula contribución a la generación de opinión pública.

Los medios de comunicación son pieza fundamental en el juego democrático. Desde hace varios años se les ha considerado el cuarto poder ya que en diversos momentos han funcionado como vigilantes de los excesos de nuestros gobernantes. Habrá que recordar al Washington Post y su papel en el Watergate de Nixon que culminó con su renuncia en 1974.

En el caso mexicano podemos pensar en la línea crítica del Excelsior de Scherer, ante dos de los gobiernos más autoritarios de la segunda mitad del siglo XX, que ofrecía una voz contraria al discurso oficialista reproducido por casi todos los demás medios. Sin embargo, Scherer pagó esa línea crítica con su despido. Desde entonces quedó claro que en México, los presidentes y los gobernadores, no pagan para que les peguen, según la consigna acuñada por Echeverría para este caso.

Cuarenta años después, un gobierno autoritario vuelve a presionar para que una periodista y su equipo sean despedidos, como lo demuestra el caso de Aristegui. La saña del gobierno federal contra la periodista, deriva de la investigación realizada sobre la llamada casa blanca, en donde se documenta uno de los casos más notables de corrupción y conflicto de interés por parte de un presidente de la República.

La relación tan cercana entre medios de comunicación y el poder evidencia una ruptura de los principios democráticos que entienden a los medios como espacios de formación de opinión pública y no como herramientas de dominación. Esta nociva relación se mantiene por el mal entendimiento que la clase política tiene sobre el concepto de publicidad oficial, el cual denota el espacio en medios de comunicación que los gobiernos compran para informar a la sociedad sobre sus acciones.

La publicidad oficial en México ha derivado en una forma de censura indirecta a medios de comunicación; no se pagan espacios de publicidad a medios críticos o con posturas contrarias a las de los gobiernos en turno. En cambio, grandes cantidades de recursos van a parar a portales de internet inexistentes, tal y como lo evidencia el cuarto informe sobre publicidad oficial presentado el 26 de agosto por las organizaciones civiles Fundar y Artículo 19, titulado Libertad de expresión en venta.

México vive un vómito desinformativo y censura directa o mediante la compra de lealtades a través de recursos públicos; las distopías de Orwell y Huxley convergen en este país en el que se dice hay democracia, pero en el que se actúa como en una dictadura.