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Centralización policiaca en SLP

Guillermo Luévano Bustamante

D e entre las tardías respuestas que presentó públicamente Enrique Peña Nieto frente a la crisis política que atraviesa el país, me llama la atención aquella propuesta relativa a desaparecer los cuerpos de policía municipales para integrarlas en las agencias de policía estatales.

Para llevar a cabo estos cambios el titular del Poder Ejecutivo requiere reformar, otra vez, la Constitución Política de la nación. No parece un impedimento real, material o político, dadas las condiciones con las cuales ha podido trastocar el orden jurídico superior sin mayores oposiciones, en detrimento de la soberanía nacional y de los derechos sociales.

De modo que al aprobarse las propuestas presidenciales, como es previsible en el corto plazo, las diez mil personas que integran los cuerpos policiacos en San Luis Potosí en distintas esferas de la administración pública deberán incorporarse a una sola agencia, bajo un mando.

La centralización del poder político y policiaco me parece riesgosa en estos momentos cruciales en que, además, el uso de la fuerza pública está siendo desmedido, ilegal, violatorio de derechos fundamentales y estigmatizante contra las personas jóvenes.

Las fuerzas policiacas mantienen en San Luis Potosí la supremacía como entidades públicas más señaladas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con más de 500 quejas. Y además, sobresale que la causa principal que reporta la misma institución protectora por la que se duele la ciudadanía de los cuerpos de seguridad es la detención arbitraria, que suma en la entidad hasta 222 señalamientos.

Y eso que contabiliza de enero a octubre este recuento, faltará ver lo que resta del año y si el gobierno del estado y los municipales no incurren de lleno en la tentación autoritaria a la que se ha deslizado el gobierno federal, algunos estatales y el del Distrito Federal tras las manifestaciones de rechazo al presidente y de solidaridad con la causa de los normalistas de Ayotzinapa. En los años del gobierno que encabeza nominalmente el médico Fernando Toranzo hemos asistido a actos de represión contra activistas y dirigentes de movimientos sociales, pero aún no se generalizan las detenciones arbitrarias ni la actuación excesiva de la policía, salvo quizá el año pasado, el 15 de diciembre en que por coadyuvar con el Congreso del Estado en la realización de la asamblea que votaría por el aval a la reforma energética, la policía estatal golpeó a los manifestantes, entre quienes nos hallábamos docentes, periodistas, activistas y principalmente estudiantes.

La desconfianza sobre la centralización de la policía recae sobre la incertidumbre de quién podrá encabezar tal corporación y bajo qué lineamientos. Es que la vocación autoritaria no se corresponde con el orden jerárquico constitucional. Presupone Peña Nieto que la Federación es más honesta y eficaz que las municipalidades. Presupone que puede avasallar no sólo la autonomía de los ayuntamientos, sino el federalismo entero en aras de un control más férreo de la política criminal. Pues hemos visto que corrupción e impunidad se encuentran tanto en el gobierno federal como en los municipales y estatales como los dos grandes males de nuestro sistema político y de nuestro sistema jurídico, pero no son monstruos invencibles. Que la sacudida que hoy le da la ciudadanía, principalmente las juventudes, a este país, se despoje de esos vicios que aquejan a la nación.

En el símbolo de las protestas ayer se habrá marchado en memoria de los 43, de todas las personas desaparecidas y contra el gobierno federal, la asamblea local de San Luis Potosí por Ayotzinapa decidió además ocupar simbólicamente el edificio sede del Partido Revolucionario Institucional, que el rechazo sea también contra las medidas autoritarias de la Presidencia, las que parecen más ocurrencias que remedios sustanciales a la descomposición del país, esa que toca especialmente al ejercicio de la fuerza pública.

La adhesión que manifestara de inmediato el alcalde de la ciudad de San Luis Potosí, Mario García, a las medidas de Peña Nieto evidencia un poco cómo es que de facto ya ciertos ayuntamientos y gobiernos estatales han cedido la decisión de su propia autonomía a la centralidad del poder presidencial, de regreso.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.