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  • ¿Y los otros gobernadores?
  • Contingencia persistente
  • Profes rechazan “regalo”

Julio Hernández López

La crisis ambiental de la Ciudad de México y su zona conurbada ha transcurrido tal como muchos ciudadanos lo preveían pero las autoridades gubernamentales se tardaron en aceptar y procesar: dosificación escalonada de tráfico automotriz, suspensión de clases en centros educativos de diverso nivel y, cuando menos, medidas restrictivas primarias en ciertas actividades productivas. Bueno, hasta una lluvia verdaderamente providencial se asomó, con levedad en algunas zonas y con intensidad en otras, como si Tláloc se hubiera condolido y hubiese enviado acuosos mensajes de aliento.

También los dueños del futbol profesional mostraron rapidez decisoria, pues los clubes América y León, que estaban programados para jugar una fase de la liguilla de campeonato el miércoles, aceptaron pasar el encuentro para el jueves en la misma Ciudad de México, y al ver la continuidad de la crisis, determinaron trasladar el partido a Querétaro.

Pero el plano gubernamental siguió instalado en un pasmo con características especiales que en un programa de Radio Centro detallaron tres periodistas concurrentes a una mesa de análisis: Alejandro Páez Varela, Miguel Badillo y Álvaro Delgado se preguntaron no solo por la tardanza reactiva de la científica Claudia Sheinbaum como gobernadora de la Ciudad de México sino, en especial, por el virtual vacío político en el que ha quedado ella, sin la presencia a título de corresponsabilidad de los demás gobernadores de las zonas conurbadas en crisis, como Alfredo del Mazo (Estado de México), Omar Fayad (Hidalgo), Guillermo Pacheco Pulido (interino en Puebla) y Marco Antonio Mena (Tlaxcala).

Cierto es que los cuatro gobernadores que han dejado en solitario a Sheinbaum son priistas, pero ha sido sumamente evidente que ellos están dispuestos a complacer cualquier interés político de la Presidencia de la República (recuérdese al solícito Fayad en el episodio de la tragedia huachicolera en Tlahuelilpan) y, debería suponerse, de una de las piezas centrales del tejido político del presente y hacia el futuro, la gobernadora morenista de la capital del país a la que, por lo demás, tampoco ha dado especial y fraterna cobertura y apoyo explícito la secretaria federal del medio ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena.

Los periodistas antes mencionados recordaron en el programa del grupo radiofónico, y próximamente televisivo (en el que ayer se anunció la designación de Juan Aguirre Abdó, de 27 años de edad, como nuevo director general), que Morena tiene un amplio control de los congresos de estados que forman parte de la megalópolis y de sus megaproblemas ambientales. Desde ese dominio legislativo estatal podrían y deberían estar impulsando acciones para ayudar a resolver el problema común que hasta hoy solo parece estar siendo (medio) enfrentado por la mencionada Sheinbaum.

Claro que el tamaño de la crisis también pudo haber merecido una convocatoria del presidente de la República para que gobernadores, congresos estatales, presidencias municipales y otros actores políticos se pongan de acuerdo e inicien acciones sensatas y viables para resolver una situación que ahoga literalmente a la mancha urbana que en general tan propicia es en términos electorales para el obradorismo.

Pero Claudia sigue apareciendo sola, mientras Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación que fue del peñismo, denuncia, al igual que figuras panistas y del calderonismo, que no hay recursos suficientes para combatir los incendios y que los recortes presupuestales han desmantelado estructuras que sirvieron para enfrentar estas contingencias.

Entre el aire tóxico, miles de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en la capital del país y en otras ciudades para protestar contra la reforma obradorista de la reforma peñista en materia educativa. El presidente López Obrador, por su parte, aceleró los trámites del caso para promulgar tal reforma en el mero Día del Maestro, como regalo que los profes disidentes rechazaron.

La batalla principal está perdida para el gremio magisterial disidente que resistió hasta llegar a los límites de la rudeza frente a la reforma que emprendieron EPN y Aurelio Nuño. Fieles a ese estilo escurridizo de negociar, los representantes de la CNTE eludieron formalizar un pacto electoral explícito en 2018 con el entonces candidato presidencial López Obrador, aunque en los hechos, e incluso con candidaturas triunfadoras para profesores activistas, el voto de esta corriente sindical fue mayoritariamente para el aspirante tabasqueño.

Sin embargo, del dicho de abrogación de aquella reforma, al hecho concreto de la nueva iniciativa obradorista, hubo un trecho que hace sentir a los miembros de la CNTE que no se cumplieron las promesas electorales más que en una porción que el gobierno gusta de presumir pero que es minoritaria y no la más importante. Ahora viene una pelea fundada en la añeja convicción de que las leyes pueden terminar por ser acomodadas a las circunstancias. Es decir, la Constitución ya ha sido reformada a gusto del obradorismo, pero se peleará ahora en busca de que en las leyes secundarias se establezcan formas prácticas que permitan a la CNTE recuperarse y mantener su vigencia operativa y combativa.

Ayer dio a conocer Ricardo Anaya que, por unanimidad, el tribunal electoral federal determinó que la Procuraduría General de la República afectó la equidad en la contienda presidencial de 2018, en la que él fue candidato a nombre del Partido Acción Nacional (PAN) y fue mencionado de manera insistente en medios de comunicación como parte de una maniobra delictiva que le habría reportado ganancias millonarias por la venta de una nave industrial en Querétaro.

Por lo pronto, se establece que deben ser castigados Alonso Israel Lira Salas, quien fue subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, y Rafael Lugo Sánchez, quien fungió como director general de Comunicación Social de la PGR, en el entendido de que hubo “uso parcial de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral”.-

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.