¿Despachar o dar sólo la espalda al sistema?
26 octubre, 2014
Partidos opositores prevén intimidaciones del tricolor
26 octubre, 2014

Cómo no reglamentar una ley de protección al periodismo

Rogelio Hernández López

L a siguiente es la historia de una ley de protección al periodismo que, en la letra, es la más avanzada del país, pero que en los hechos está inerte hace más de dos años. Y ahora, 26 meses después de promulgada, se pretende improvisar el reglamento que permitiría aplicarla.

Este relato interesa a los periodistas de al menos 12 entidades que están participando en la creación de leyes similares, y podría servirles para impedir que estas historias se repitan en detrimento de la seguridad para ejercer.

 El motivo de este relato

 El 10 de octubre reciente recibí tres preguntas de periodistas de Hidalgo. Se dirigieron a mí porque en 2012 fui partícipe en el proceso de elaboración de esa ley en mi carácter de coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas:

Una. Requerían una opinión sobre el Anteproyecto de Reglamento para la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, en el estado de Hidalgo:

Dos. También querían saber si la tardanza para reglamentarla implicaba algún tipo de delito para el Ejecutivo del estado.

Tres. Igualmente, los periodistas solicitaron opciones para que dicha ley pudiese tener una verdadera aplicación y vigencia.

Comparto una síntesis de la información que rendí con respuestas implícitas a sus preocupaciones

 La ley más avanzada en todo el país

 Antes de esta ley había una similar en la intención de reconocer seis derechos para ejercer el periodismo. Se llama Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Chiapas, promulgada el 12 de septiembre de 2007. Contempla el reconocimiento de ser periodista, el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes de información, derechos de autor y de firma. Pero a la fecha no tiene reglamento ni instrumento estatal alguno para su aplicación. Ley que no se aplica está muerta, dicen los abogados.

En Hidalgo, desde inicios del 2012 un grupo de periodistas veteranos propuso al Congreso del Estado que examinara la creación de una ley de protección al periodismo. Aquí se delegó la responsabilidad al diputado Onésimo Serrano, quien preparó un primer borrador y solicitó un foro especial del Congreso donde se expuso el proyecto públicamente, foro donde participamos algunos experimentados en el tema y donde se abrió un periodo para recibir opiniones de empresarios del medio, periodistas y otros expertos.

Así, el 22 de agosto de 2012 la ley se aprobó por unanimidad. Cinco días después, el 26 de agosto, cuando se realizaba en la ciudad de México el primer Encuentro Nacional de Periodistas, el coordinador jurídico del gobierno de Hidalgo anunció allí que el gobernador del estado firmaría y promulgaría la ley el día siguiente. Y así ocurrió. Todo iba más que bien.

Por aquellos días existían 11 leyes vigentes relacionadas con el ejercicio del periodismo: dos eran de fomento (porque promueven fondos de apoyo para prestaciones laborales y sociales para periodistas); las otras nueve reconocen derechos parcialmente, en particular el secreto profesional.

Pero de todas, sólo una reconoce nueve derechos y además crea tres nuevos instrumentos de gobierno sin generar mayores puestos burocráticos: un mecanismo estatal de protección, una defensoría para que los ciudadanos puedan defenderse del manejo informativo de la prensa y una coordinación para academizar periodistas. No había otra ley igual. En los días actuales hay dos proyectos más avanzados en Quintana Roo y en Michoacán, pero son proyectos.

 Intención de reglamentar

 Con el transcurso del tiempo periodistas de Hidalgo han recriminado periodística y persistentemente que el Ejecutivo del Estado no produzca el reglamento. Al iniciar 2014 el gobernador hizo la promesa pública de que se haría pronto. Y desde el gobierno del estado buscaron opciones. Así  hizo contacto con periodistas promotores de la ley el diputado Serrano.

En consecuencia, el 7 de marzo se produjo un encuentro del secretario de Gobierno, Fernando Moctezuma, con tres periodistas expertos en la materia. Gerardo Albarrán de Alba, doctorante en Derecho a la Información, capacitador de periodistas y recién ex ombusdman de MVS noticias; Andrés Solís Álvarez, experto en protocolos de protección al periodismo, capacitador y el que esto escribe.

En tal reunión se convino empezar un proceso para la creación del reglamento y los instrumentos necesarios. El proyecto de plan de trabajo se entregó el 31 de marzo al secretario de Finanzas. Se aceptó iniciar el proceso y el gobierno nombró como responsable al coordinador de Comunicación Social, Antonio Meza, quien en la primera sesión de trabajo aseguró que se aplicaría el plan de trabajo pero por etapas

El proyecto comprende el diseño operativo y la creación de tres instrumentos: la Comisión Estatal de Protección, la Oficina del Defensor de la Audiencia y un Programa de Capacitación Profesional Continua, aparte de elaborar la propuesta de reglamento que debería contener todo eso. Igual se planeó la realización de tres protocolos para medidas de protección, de evaluación de riesgos y de operación. Para la prevención, se perfiló como necesario un sistema de alerta en tiempo real. Y para la socialización y capacitación se visualizaron por lo menos 10 folletos, manuales a instructivos y 13 talleres de capacitación para periodistas, para personas defensoras de derechos humanos y para funcionarios públicos.

Ese era el plan aprobado, pero el gobierno desconoció los acuerdos sin explicación alguna. Y sorpresivamente el 10 de octubre puso un anteproyecto de reglamento en su página oficial para que periodistas y otros interesados pudieran enviar opiniones, por escrito y les ofrecieron ¡10 días naturales de plazo! El problema es que tal anteproyecto no abarca casi nada de lo necesario, además reduce la ley a un mecanismo de protección (es un corta y pega del funcionamiento del mecanismo federal) sin abarcar los otros dos instrumentos, ni prevención, ni capacitación, pero además contraviene la esencia de ley en varios aspectos, como designar al coordinador de Comunicación Social como secretario ejecutivo del mecanismo, en lugar de un subsecretario de gobierno.

Todo esto pretende atender las preocupaciones que me externaron periodistas de la entidad. Así no deben ser los contenidos, ni la forma, ni el procedimiento para reglamentar una ley tan importante. Por eso, otro grupo pidió antes del 20 de octubre que se repusiera el procedimiento mediante consultas regionales a todos los periodistas: (http://rumbossemanario.blogspot.mx/2014/10/posicionamiento-de-algunos-reporteros.html)

 La omisión sí es punible

La ley fue promulgada el 27 de agosto de 2012 y el artículo segundo transitorio establece que dispondrá de 90 días naturales (hasta el 27 de noviembre de 2012) “para emitir el Reglamento y los lineamientos conducentes para su aplicación”. Hay incumplimiento. Y sí se ha afectado la seguridad de los periodistas. En el lapso, desde su aprobación a la fecha se han registrado al menos 15 agresiones contra periodistas en Hidalgo y no se aplicó la ley.

Respecto a la preocupación de si el gobierno de la entidad cometió algún delito, consulté a varios abogados ligados a la Casa de los Derechos de Periodistas y me refirieron que la omisión sí puede configurarse como falta administrativa que se sanciona, o como delito de tipo penal, que se castiga mayormente; que las referencias están en los artículos 109 y 113 de la Constitución y los subsecuentes de las leyes de Servidores Públicos y en los Códigos federales penal y de procedimientos penales.