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Constitucional el matrimonio entre homosexuales

María Elena Yrízar Arias

E l 26 de junio del año pasado, el diputado local Miguel Maza, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos y de Equidad de Género, cuando se le preguntó sobre los derechos de los homosexuales al matrimonio, sostuvo que “no sé cuál va a ser la reacción de la sociedad potosina. Es una sociedad muy conservadora que ha conceptualizado el matrimonio y el cambiarlo de repente tenemos que ver cuáles serán las reacciones de las personas. La figura del matrimonio como se ha conceptualizado por cientos de años, ha sido de un hombre y una mujer, entonces cambiar este concepto así de una forma tan simple como lo es quitarle el concepto de entre un hombre y una mujer y ponerlo entre dos personas, no es fácil”.

La anterior expresión, era el pensamiento del diputado hace un año.

El pasado 19 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial de la Federación, una tesis relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, afirmando que no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo.

Asimismo, en la referida fecha también publicó otro criterio de la misma Corte donde dice: Matrimonio. La Ley de cualquier Entidad Federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

Lo anterior fue fuertemente criticado por el arzobispado de San Luis Potosí, a través de su vocero, Juan Jesús Priego Rivera, quien alzó la voz para acusar que tal medida sería violatoria de la libertad y la soberanía del Estado, aunque resaltó que la Iglesia respeta a las parejas homosexuales –sean reconocidas o no por la autoridad–. Este es un tema que enciende pasiones, en el cual se habrá de tener mucho cuidado para que prevalezcan el diálogo y la tolerancia entre quienes apoyan esas iniciativas y quienes no. Nadie quiere más polarizaciones sociales, de eso ya tuvimos mucho en las elecciones del pasado 7 de junio. La verdad, estamos cansados… (los de la Iglesia están cansados, desde luego).

Pero en la realidad, las personas homosexuales no se han cansado de luchar por hacer efectivas sus garantías constitucionales y han presionado al Estado a través de los juicios de amparo, para hacer efectivas sus garantías constitucionales y se les reconozca el derecho a contraer matrimonio civil. Por esa razón, la SCJN ha dictado resoluciones a favor de estos derechos del matrimonio entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º. constitucional que garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y prohíbe toda discriminación de género.

Lo que es penoso es que nuestros legisladores no entiendan la supremacía de la ley. La Constitución Política Nacional es la ley suprema, de ella parten las garantías constitucionales y las resoluciones de la Corte tienen fuerza de ley superior. La muestra clara la constituyen las declaraciones que hizo el diputado Miguel Maza, quien dice que considera necesaria la realización de una consulta pública para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado a fin de conocer la opinión de cada uno de los sectores que conforman la sociedad potosina.

Esta supuesta necesidad de consultar no es ni necesaria ni tiene lógica jurídica. Las leyes se dictan para dar derechos e imponer obligaciones. Por lo tanto, es obligación del Congreso del Estado potosino cumplir el criterio de la Corte y proceder a dictar la ley necesaria para reconocer el derecho de las personas para celebrar contratos civiles de matrimonio entre personas del mismo sexo, con el objetivo de tener reconocimiento del estado de que dicha unión es legal y surta efectos jurídicos contra terceras personas.

En la realidad jurídica, en el estado potosino, se han realizado más de 65 matrimonios entre personas del mismo sexo, de los cuales, 50 se celebraron en la capital y 15 más en Ciudad Valles, estos últimos, fueron validados por autoridades estatales, esto luego de que las parejas promovieran juicios de amparos ante la SCJN, mismos que les otorgaron el reconocimiento de sus derechos humanos, lo que obligó a las autoridades del Registro Civil potosinas a celebrar estas uniones civiles a que tienen derecho.

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