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Corrupción en el Congreso de SLP y la impunidad predecible

capital

Ante los indicios de triangulaciones de actos de corrupción en el Congreso de SLP y la ASE, hasta ahora, no ha habido ni una sola consecuencia contundente.  Más allá de las renuncias del Diputado Enrique Alejandro Flores a la Comisión de Vigilancia del Congreso y a la militancia de su partido, y la renuncia del resto de los diputados integrantes de tal Comisión, y la renuncia del Auditor Superior del Estado; tales actos no garantizan que haya justicia o investigaciones de fondo, sino que bien sirven para que los implicados ganen tiempo para tratar de salvaguardar sus manchadas carreras políticas.

El descaro y las actitudes cínicas de los involucrados son parte de la normalidad política de los implicados. Esto se notó desde esa incomoda conferencia de prensa donde Flores, con actitudes corporales tensas y un tono de voz en ocasiones forzado y fingido, se dijo víctima de una mala jugada que busca arruinar su trayectoria política; esa conferencia de prensa, contrasta con la naturalidad de las expresiones de Flores en el video que hizo estallar el escándalo político de corrupción, aquel dónde el diputado le explica al alcalde Crispín Ordaz de Ébano cómo saldar sus cuentas con la auditoría a cambio de pagar cuotas a las autoridades auditoras y algunos diputados. De forma similar, y ante las acusaciones del diputado Flores, el diputado Oscar Bautista declaró ser: “el más pobre de todos los diputados”, esto, ante las acusaciones de que Bautista se ha hecho rico a través de su posición pública privilegiada. Estas reacciones más que ser curiosas, son un signo de que ni siquiera los diputados piensan con prudencia en medio del dilema de acusaciones que han salido a la luz, porque las maniobras desleales son para ellos “legítimas” o justificables en su actuar político.

¿Qué esperar de todo este embrollo? Considerando que en México las instituciones son selectivas para aplicar la ley y en consecuencia prevalece la injusticia, pues esta también es selectiva para quien tiene mejores recursos de poder. Lo predecible –espero equivocarme– es la impunidad de fondo al respecto. Pues además de la selectividad de las instituciones para aplicar la ley, se tiene que considerar que al estallar un acto de corrupción dentro de los Poderes estatales, todo actor involucrado puede utilizar cartas de chantaje que embarren a uno o más actores. Tal como ya empezó a suceder con el diputado Flores, quien acusó al Alcalde Ordaz de también cometer actos de corrupción, evidenciar a los operadores perredistas-gallardistas en las tajadas de corrupción, y al diputado Bautista de enriquecerse de forma ilícita a raíz de su posición política. Esto nos hace pensar que si cada involucrado puede sacar sus cartas de chantaje, lo hace para negociar el posible castigo. O en pocas palabras para que a nadie la salga tan caro el escándalo.

Lo anterior es de preocupar. Pues a pesar de las renuncias insuficientes de los involucrados, las instituciones de contrapesos en el Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, no han hecho más que declarar y posicionarse de manera tibia ante los indicios de corrupción que deben investigar. Pues saben que si este aquelarre llegase a escalar su intensidad entonces se podrían descubrir más lazos turbios que con seguridad lleguen a los tres poderes. Si bien la PGJE ha dicho que el Procurador de justicia estatal tiene facultades suficientes para pedir un juicio político ante los funcionarios involucrados que tienen fuero, no hay hasta ahora ninguna acción que en efecto solicite la aplicación del juicio político. Aunado a esto, las declaraciones del Gobernador Carreras han sido tibias y débiles por igual. Limitándose a decir que ya es un avance que los implicados en el escandalo renuncien de sus cargos comisiónales en el Congreso. Una vez más, Carreras demuestra poco o nulo liderazgo político para mejorar la gobernabilidad estatal, y si continúa dando muestras débiles de liderazgo en la toma de decisiones, su legitimidad sin duda se empezará a deteriorar más de lo que ya está.

Estas condiciones pueden hacer que perviva la impunidad en este caso. Pero a su vez, abren el frente de la organización y presión de los ciudadanos para exigir que haya una investigación judicial seria al respecto y que el asunto no quede en la impunidad. Por otro lado, en este frente también adolecemos como ciudadanos de una amplia organización colectiva eficaz. Ya que si nos enteramos de las noticias de corrupción en nuestra política local, cuando mucho los ciudadanos nos indignamos pero nada más. Nadie parece tener ánimos de salir a las calles o protestar en las puertas del Congreso para exigirles cuentas. Solo algunas organizaciones civiles lo hacen y no hay muchas otras que se sumen o surjan a raíz de estos casos de corrupción.

Además, la intimidación y el acoso a la prensa local que sigue estos casos es una constante. Y por ello si no se abre el frente de ciudadanos contra la corrupción política local, no podrá haber ninguna consecuencia seria en este dilema. Si bien la apertura del espacio público a las redes sociales y a medios de comunicación digitalizados que se exponen en internet, representan un avance para que estos casos se conozcan; si la gente no convoca a protestar y organizarse para que los implicados rindan cuentas, las cosas seguirán como todo caso de corrupción que sale a la luz: se hablará menos y menos de él, hasta desaparecer de las notas de los medios. Momento en el cual los políticos involucrados negociarán su impunidad sin nadie que les vigile. Estas condiciones por supuesto que favorecen a los actores políticos que tienen normalizadas sus prácticas desleales. Y ahora menos que nunca promoverán ellos mismos que se absuelva el fuero político. Iniciativa que por cierto está detenida por los vetos que tiene el PRI y sus aliados estratégicos en el Congreso local.

En conclusión, las y los ciudadanos estaremos desprotegidos ante los abusos políticos locales si no nos organizamos para que se rindan cuentas. La democracia se construye de forma constante y para garantizar su calidad siempre requiere de una ciudadanía activa. Es pues, un momento más que propicio para organizarse, ya que las condiciones son de una coyuntura tal que pueda hacer cambios sustanciales a las reglas de la política local, una forma de actuar en este sentido, es firmar como ciudadano apoyando la iniciativa de revocación popular del mandato que impulsa la nueva plataforma política “Ganemos”.

No se puede desaprovechar la oportunidad de organizarse para exigir cuentas claras y para que el escandalo citado no quede en la impunidad. Tiene que haber consecuencias políticas y de justicia para que esta, la tristemente conocida como una de las “peores legislaturas en SLP”, de la cara por sus excesos cínicos y sus desatinos dolosos. Si por ahora estas no son consecuencias inmediatas, espero que sean electorales el año próximo.

Se requiere de urgencia un mínimo de decencia en la política local y nacional. Es el momento óptimo para exigirla.   No bajemos la guardia.

 

Hector Alonso Vázquez
Hector Alonso Vázquez
Politólogo por la UCEM; Candidato a Maestro en Asuntos Politicos y Políticas Públicas, por el COLSAN.