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Cuando el acceso a la justicia se convierte en un obstáculo: la espiral de violencia hacia las mujeres en el sistema de justicia familiar mexicano

Mariana Prieto, Colectiva la Castilla Combativa

El artículo 4° de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia enuncia que la violencia hacia las mujeres puede ser ejercida desde las instituciones públicas en los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin o resultado dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Cuando una mujer decide romper con la violencia que vive por la vía legal-familiar, se encuentra con una serie de actos que le obstaculizan el acceso a la justicia:

El primer acto de revictimización sucede desde que se busca asesoría legal, sea gratuita o particular. Muchas abogadas y abogados no trabajan con perspectiva de género o derechos humanos y ven a las personas como meros clientes, desde esa relación contractualista, desechando los sentimientos y experiencias respecto a la violencia que las mujeres pudieron vivir o están viviendo. Divorcios, pensiones alimenticias o la pelea por la guarda y custodia de las hijas e hijos son aquellos procedimientos legales donde no sólo debe darse una asesoría legal que proteja los derechos de las mujeres y las y los menores, sino que debe de ir de la mano de un acompañamiento psicológico que ayude a superar episodios violentos y proporcione contención durante el procedimiento, el cual suele ser largo debido a la burocracia que impera en el sistema judicial mexicano.

La siguiente revictimización se vive dentro de los Juzgados del Orden Familiar, de parte del personal que labora —como jueces, secretarios de acuerdos, actuarias y actuarios—, que tampoco suele contar con una perspectiva de género o derechos humanos y actúa desde la misoginia.

Al momento de emplazar (notificar a una persona que se ha entablado una demanda en su contra), se hace necesaria en el acto la presencia de la mujer que demanda, lo que puede significar un riesgo para ella si la pareja o esposo ha ejercido violencia, ya que la notificación suele hacerse en el domicilio donde vive o trabaja. Durante las audiencias existe a su vez un contacto cercano entre las partes en juicio y de nuevo volvemos al riesgo que significa ese contacto entre el agresor y la mujer.

También es muy común que se obligue a una convivencia forzada entre las y los menores de edad y sus padres cuando se vive una espiral de violencia, o bien, se han suscitado episodios de abandono, que también son violencia. Las y los juzgadores del derecho deben tomar en cuenta el principio del Interés Superior de las y los Menores como lo dicta la tesis con número de registro 2014164, donde si bien es cierto que el padre tiene derecho la convivencia paterno-filial, también lo es que debe tener ciertas características relacionadas con la edad del menor, su entorno, así como el poco o nulo conocimiento que tenga de su padre y por ello no puede darse en forma abrupta.

Un caso lamentable en el que una juzgadora resolvió un proceso familiar sin hacer uso de perspectiva de género y que desencadenó en tragedia, es el de Mireya en Ciudad de México, quien cometió suicidio después de suministrar medicamentos que le quitaron la vida a sus dos gemelas de seis años y a su hijo de nueve. Ella con anterioridad había denunciado el abuso sexual que habían vivido los niños por parte de su ex esposo y padre de los menores, pero las autoridades fueron omisas ante esta situación y mediante fallo judicial le otorgaron la custodia de los menores al padre de estas/os. Ante la desesperación de proteger a sus hijos de una vida de abuso sexual, ella les suministró medicamentos y cometió suicidio.

Los prejuicios sobre las mujeres que crían solas a sus hijas e hijos, las que estiran la pensión alimenticia (el pensar que las madres gastan tal pensión en ellas mismas es erróneo, pues muchas, si no es que casi todas las que están en esa situación, trabajan para completar la manutención y suelen ser obreras con salarios precarizados y jornadas extenuantes), que dejan impecable al niño para la convivencia regularizada para que el padre disfrute los mejores momentos del pequeño (sin tareas, sin enfermedades) sólo refuerzan un sistema patriarcal que de la mano de la violencia estructural que emana, recrudecen y vulneran las vidas de mujeres, niñas y niños.

No necesitamos sólo de capacitaciones en perspectiva de género o derechos humanos ni discursos light sobre el empoderamiento de las mujeres, necesitamos que quienes imparten justicia apliquen realmente esos principios en sentencias que protejan los derechos de las mujeres y que la lucha por los mismos no se convierta en una experiencia llena de violencia y revictimización en la que se ponga en riesgo su seguridad y vida.

Hasta que todas y cada una de nosotras estemos seguras, no nos vamos a callar.

 

Colectiva la Castilla Combativa
Colectiva la Castilla Combativa
Colectiva feminista de mujeres, fundada en 2013. Apostamos por la construcción de un nuevo mundo sin opresión de ningún tipo y al trabajo y unión entre mujeres para lograrlo