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De San Quintín a San Luis, el jornal extenuante

Guillermo Luévano Bustamante

E l 17 de marzo pasado estalló una protesta enérgica y masiva de trabajadores del jornal agrícola en San Quintín, Ensenada, Baja California. Entre 30 mil y 40 mil personas mostraron su hartazgo contra la explotación laboral de la que son víctimas desde hace décadas por parte de propietarios de ranchos agrícolas de la región, con la complacencia y complicidad de autoridades laborales locales y federales. Al fin y al cabo las víctimas son pobres, son indígenas, son invisibles en las políticas laborales. Como en todo el país.

El jornal agrícola es desde la propia Ley Federal del Trabajo uno de los empleos más precarizados y empobrecidos, más desregulados, más poco vigilados por las autoridades laborales. La explotación laboral suele tener su expresión más frecuente en jornaleras y jornaleros agrícolas. Ahí donde no hay sindicatos, ni siquiera charros y oficialistas, ahí donde no hay seguridad social ni salario digno, ahí donde no hay derechos laborales, ya no digamos derechos humanos.

El mismo escenario retrataron las personas que laboran en la organización Respuesta Alternativa AC para el Altiplano potosino. Más el trabajo infantil, más los descuentos abusivos de patrones por concepto de combustible para el traslado, de alojamiento, de alimentos, aunque estos conceptos constituyan un eufemismo pomposo respecto a lo que realmente les entregan como contraprestación por esas retenciones.

En Baja California los jornaleros han paralizado carreteras y están siendo ya reprimidos. Esa es la única respuesta expedita que conocen de la autoridad, porque la de la justicia tarda siempre en llegar, más cuando los bolsillos están vacíos.

En San Luis Potosí ni siquiera ha sido posible articular una organización de trabajadores jornaleros porque entre su pobreza y su condición de migrantes permanentes se juegan el sustento, aunque sea de a 20 pesos por arpilla, como reporta el informe “Migración interna (jornaleros internos)” de Respuesta Alternativa para 32 ranchos del ramo productivo, que incluirá en ese régimen de suma desprotección legal a unas 10 mil personas explotadas laboralmente.

En muchos casos la práctica colinda trágicamente con la trata de personas con fines de explotación laboral, tampoco perseguida y menos sancionada por las autoridades, ya no sólo laborales, sino penales, estatales, federales. Por nadie.

Y en casi todos los casos persiste la vulneración de todos sus derechos laborales, de numerosos derechos humanos.

El accidente de jornaleros procedentes de Guerrero sucedido cerca de Matehuala, San Luis Potosí, que resultó en la muerte de tres personas, dos menores de edad, sigue sin reflejar justas indemnizaciones laborales para los afectados. Las autoridades laborales locales no han siquiera emplazado a la patronal a las audiencias del juicio en que se requieren pagos debidos.

El campo mexicano se sostiene en la explotación, normalmente silenciosa, de más de dos millones de personas. Las propietarias, empresas agroindustriales, actúan con la complacencia de autoridades del trabajo omisas, corresponsables de la violación reiterada, sistemática a los derechos humanos laborales.

Está siendo San Quintín hoy en voz alta, pero en silencio, está siendo el país entero.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.