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Del cambio de uso de suelo y derecho de piso

Carlos López Torres

A l tan buscado Chapo Guzmán, quien habría violado además la disposición relativa al cambio de uso de suelo, evadiéndose mediante profunda y prolongada horadación en el suelo del penal de Almoloya, habría que obligarlo asimismo a pagar el arbitrario cambio, además de todos los delitos de que se le acusa.

No sólo eso, sino que al no haber completado la sentencia, estaría también obligado junto con sus cómplices a pagar el derecho de piso de la celda silenciosa de donde se evadió, con el apoyo ingenieril, logístico y silente de sus abogados defensores, sus colaboradores más cercanos, oficiales y particulares de todos los niveles, artífices de la escandalosa evasión.

El requerimiento anterior, está por supuesto sujeto a la reaprehensión del capo más buscado del mundo, aunque dada la laxitud de las leyes en nuestro país, así como la permisividad para el incumplimiento de las mismas y la tendencia a la evasión del pago de impuestos de los poderosos, o lo que es lo mismo, la exoneración del pago del tributo, lo más probable es que no se les cobre ni al Chapo ni a sus cómplices.

Otros evasores conocidos, los propietarios de minas, quienes suman según denuncia hecha por Miguel Ángel Calvillo, 90 empresas, tampoco cumplen con el pago del Impuesto de Utilidades Operativas, que según la ley es de 5 por ciento, a ciencia y paciencia del gobierno estatal y los municipios donde se encuentran enclavadas las minas.

El silencio de los funcionarios de los niveles mencionados permite sospechar complicidad en la evasión de impuesto, amén del incumplimiento de otras disposiciones ecológicas, sanitarias y laborales de sus empleados y las poblaciones que padecen en mayor o menor medida la contaminación y la destrucción de su hábitat.

La minera San Xavier, por ejemplo, una de las que no cumple y no se atuvo a los compromisos que había firmado, además de violentar una serie de disposiciones legales relacionadas con su construcción y funcionamiento, se encuentra funcionando merced a la protección de las autoridades federales, estatales y municipales, sin pagar el mencionado Impuesto de Utilidades Operativas.

Sin embargo, en estos años la presidenta municipal de Cerro de San Pedro, así como la alcaldesa de Villa de Zaragoza, se han convertido en influyentes empresarias y caciques. La primera, mediante su conversión junto con su familia en prestadora de todo tipo de servicios a la Minera San Xavier, mediante el desarrollo de la corrupción en todo el municipio, a partir del uso de los recursos federales, estatales y municipales, así como las dádivas de la minera.

La alcaldesa de Villa de Zaragoza, arrodillada prácticamente ante la minera poderosa Mexichem, contaminadora del suelo del municipio, no conforme con dejar un testaferro al frente de la presidencia, mantiene un carácter autoritario ante la omisión de las autoridades estatales y federales que no se atreven a cobrarles en mencionado impuesto. ¿Será que las nuevas administraciones, especialmente la estatal, mantendrán la política del avestruz?