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Democracia no es ejercer el derecho al voto

Renata Terrazas*

Con 120 gobiernos democráticos en el mundo, el siglo XX se convirtió en el siglo de las democracias. Los procesos de descolonización y la caída de dictaduras y sistemas autoritarios alrededor del mundo favorecieron la tercera oleada democrática, y con ella trajeron esperanza de mejores formas de gobierno.

Si bien el número de países democráticos aumentó sustancialmente, no así la calidad de estas formas de gobierno en donde la garantía de derechos civiles, políticos y sociales, quedaron en entredicho. La desigualdad continúa siendo una realidad en la mayoría de países, sin importar el sistema político, es decir, la democracia no ha logrado traducirse en un mejor nivel de vida para las personas.

Pensar la democracia sólo en su ámbito electoral ha llevado a que los esfuerzos políticos y sociales se enfrasquen en el procedimiento para acceder al poder, con menoscabo de los efectos de las decisiones de quienes ejercen el poder público.

En México hemos vivido los efectos de nuestra propia miopía en la construcción de un sistema democrático. Con una franca apuesta por el proceso electoral, descuidamos las instituciones que nos permitirían caminar a una democracia de facto donde se camine hacia la consecución del bien común.

La década de los noventa se caracterizó por la puesta en marcha del proyecto más ambicioso en nuestra incipiente democracia: la creación de la institución que garantizaría procesos electorales con apego a la ley. Desde entonces, un creciente presupuesto se encamina para tratar de garantizar procesos democráticos en la elección de nuestros representantes.

Sin embargo, la apuesta por el proceso electoral dejó de lado el fortalecimiento de otras instituciones y la democratización de espacios decisorios. Se tomó al voto como bandera y en su defensa se dejó de lado la garantía de otros derechos.

El tema electoral ha mostrado sus límites por la incapacidad de traducir las demandas de la población en acciones políticas. Votantes inconformes con los candidatos, un electorado alejado de sus representantes y una sociedad cada vez más suspicaz sobre su clase política ejemplifican los efectos negativos de un modelo de representación democrática que espera que los ciudadanos aparezcan en la esfera pública sólo para emitir su voto.

La creciente desigualdad y pauperización de la vida de los ciudadanos ha llevado a que se cuestione con mayor ahínco las decisiones de los gobernantes y legisladores. La mostrada incapacidad de la mayoría de democracias de garantizar los derechos de sus ciudadanos y la constante creación de políticas públicas ineficaces y con pocos resultados para resolver las problemáticas sociales nos ha llevado a pensar en formas de llevar las necesidades y opiniones de la sociedad al espacio público.

Una sociedad civil cada vez más fuerte ha brincado a la esfera pública para contribuir en la construcción de gobiernos más democráticos donde se garanticen los derechos de las personas. Ante un contexto de corrupción e impunidad, la apuesta ha sido por la creación de organismos reguladores del poder cercanos a la población y la apertura del gobierno mediante la transparencia en la gestión pública y la creación de espacios de participación.

Ejemplo de ello es la exigencia por transparencia y apertura en los procesos de designación a cargos públicos. De manera reciente, ante la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la sociedad civil ha demandado procesos abiertos, transparentes y participativos. Esta exigencia se inserta en una apuesta por fortalecer las instituciones y dotarlas de legitimidad, para mejorar su desempeño.

Estas instituciones serán las que vigilen y castiguen los abusos del poder y por ello la apuesta es por instituciones fuertes, autónomas y cercanas a la población, objetivos que no se alcanzarán en la medida que los procesos de designación de sus titulares se continúen realizando de manera discrecional, con la intención de debilitar a los organismos públicos.

De manera muy próxima se elegirá al fiscal anticorrupción, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción. En manos del Senado estará la selección de la persona que guíe las acciones de la fiscalía, y en manos del Senado estará si el proceso se realiza de manera abierta, transparente y participativa o se cierra y se realiza de manera discrecional, poniendo así punto final a la legitimidad de la fiscalía.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación