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Democracia y elecciones

Martín Faz Mora

L a democracia requiere y supone procesos electorales competidos, confiables y auténticos, de tal forma que sin ellos no hay democracia, cierto, pero estos ni agotan ni constituyen el elemento sustancial de la democracia. Son condición de la democracia, pero una condición no es suficiente. Son, utilizando un símil, la puerta de acceso mas no la estancia principal.

No es asunto tampoco de subestimar la existencia de procesos electorales conducidos con mayor imparcialidad y relativas condiciones de libertad para los electores y equidad para los participantes. Escasas dos décadas atrás, su completa inexistencia constituía el principal problema político percibido por la ciudadanía en el país, conformando el decisivo y crucial punto de las agendas y las luchas cívicas nacionales.

Antes de las reformas políticas de 1996 que consolidaron y extendieron el diseño institucional que arrebató el control de los órganos electorales al Ejecutivo, gran parte de las luchas ciudadanas se centraban en crear condiciones para la instauración de procesos electorales auténticos y limpios, pues estos no existían. Sus antecedentes lo constituyen la creación del propio Ceepac potosino, entonces Consejo Estatal Electoral (CEE), el primer organismo electoral presidido y conformado por ciudadanos sin formales ligas con el gobierno y los partidos políticos en 1992, resultado directo de la lucha navista de la época, y la aparición –a nivel federal– de la figura de consejero ciudadano en 1994.

No es, como se ve, una larga historia sino muy reciente. Debe considerarse y ser valorada de forma suficiente sin desestimarse.

Durante las recientes dos décadas, mediante una serie de reformas tanto al sistema electoral como al de partidos, con mayor o menor tino, se ha ido consolidando una democracia procedimental que, si bien no exenta de limitaciones, constituye un avance político inexistente hasta hace poco, e insisto, no debe subestimarse.

Las reformas al sistema procedimental electoral, sin embrago, parecen inacabables. Aún hoy se observan serios problemas de inequidad entre sus participantes, y prevalecen inercias clientelares y corporativas en la búsqueda del voto ciudadano, cuando no abiertas conductas ilegales promovidas por los propios actores políticos, las cuales parecen haberse extendido a casi todos los partidos por igual conformando una cultura política nociva que aún influye y condiciona el voto de un significativo sector del electorado, particularmente de los niveles socioeconómicos de menor ingreso.

La conformación de una partidocracia rapaz, excluyente y onerosa, es un resultado subrepticio e inopinado –al menos para una mayoría ciudadana– de las reformas políticas emprendidas en las dos décadas previas. Las más recientes, que pretenden ampliar la pluralidad y limitar en cierta medida la partidocracia, mediante la aparición de la figura de las candidaturas independientes, así como los atisbos de ciertas formas de democracia directa como la consulta y el plebiscito, ahora parecen más bien pálidas y limitadas así apunten en la línea correcta.

La agenda para avanzar y fortalecer la democracia procedimental o –según se vea– contrarrestar algunos de sus inopinados efectos lo constituyen:

– la disminución sustancial del financiamiento público a los partidos políticos y el establecimiento de mecanismos que generen mejores y mayores condiciones de equidad en la materia;

– fortalecer la figura de las candidaturas independientes flexibilizando los requisitos de participación y creando condiciones de mayor equidad;

– dada su persistencia como opción electoral ciudadana, otorgar valor jurídico al voto nulo o voto en blanco para que tenga efectos en materia de nulidad, integración de los órganos de representación ciudadana y asignación del financiamiento público a partidos políticos;

– incluir formas de democracia directa que han sido rehuidas por la clase política como la revocación de mandato, así como crear espacios institucionales genuinos y auténticos de participación ciudadana para la toma de decisiones en materia de políticas públicas y programas de gobierno estatales y municipales.

Es una agenda mínima tan sólo para la parte procedimental, la puerta de acceso, de la democracia. La democracia sustancial requiere de otros esfuerzos más diligentes y resueltos para la efectiva construcción de un estado de derecho. El vaciamiento del estado de derecho, que ha llegado a identificarse con los intereses particulares de grupos poderosos, y la incapacidad para construirlo de manera pareja, equitativa y justa para garantizar que los derechos sean efectivamente gozados por toda la ciudadanía que le conforma, sin distinción o discriminación por edad, sexo, creencias, opiniones, grupo étnico, condición económica, grado académico, entre otros, es una de las más agudas crisis de la democracia contemporánea. Eso no lo resuelve elección alguna por sí misma.

Twitter: @MartinFazMora

Martín Faz Mora
Martín Faz Mora
Activista social por los derechos humanos. Colaborador de la Jornada San Luis. Preside Junta Vecinal de Barrio San Sebastián. Consejero Electoral en CEEPAC