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El Departamento de Estado de EU y los derechos humanos

Guillermo Luévano Bustamante

No diría que el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica es un indicador confiable (https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper). El gobierno de ese país no sólo se asume el guardián del mundo, sino también la voz autorizada para medir el cumplimiento y observancia de los derechos de los demás países.

La perspectiva de lo que las autoridades estadunidenses entienden por derechos humanos suele estar medida por sus orientaciones políticas y sobre todo por sus intereses económicos. Y especialmente suelen ver las deficiencias en el cumplimiento de derechos humanos de los demás países pero omiten las suyas, por supuesto.

Con todo y eso, el reporte refiere que en México persisten graves violaciones a la esfera jurídica de la ciudadanía. Destaca en particular la violencia machista feminicida, los abusos policiacos, la colaboración y participación de los cuerpos de seguridad en la desaparición de personas, la tortura, y la corrupción entre las elites políticas.

Un aspecto en particular fue rescatado por la prensa de San Luis Potosí durante los días previos: el documento identifica en la entidad la existencia de contratos de protección patronal dentro de la industria automotriz y llantera, en concreto se refirió al caso de la empresa Goodyear, con quien un dirigente sindical de la Confederación de Trabajadores de México se jactó de pactar un contrato colectivo de trabajo, sin que existieran aun trabajadores a quienes dirigirse.

En este espacio hemos denunciado ya con antelación la pervivencia de estas prácticas en San Luis Potosí, también en la industria automotriz, en el caso de la BMW que igualmente tuvo sindicato sin que tuviera aun trabajadores que lo eligieran.

Esa costumbre cada vez más frecuente despoja a la clase trabajadora de su capacidad de injerencia, le desplaza de la negociación bilateral y colectiva, suplanta su voluntad y le impone, cuando llega y formaliza su relación laboral, una dirigencia y un contrato previamente decididos desde una cúpula sindical corporativa, que más representa los intereses de la patronal que los de sus agremiados.

Los contratos de protección existen por iniciativa de empresas que prefieren pactar previamente con sindicatos cómodos, pero también por la colaboración de estos, y además por la complacencia de las autoridades del trabajo que no se aseguran que la conformación de las agrupaciones obreras derive de procesos democráticos, asambleas, elecciones. Los contratos colectivos tendrían que reflejar mejores condiciones laborales que las establecidas en la contratación individual, pero están sirviendo de ejemplo para ilustrar la precarización laboral en el ámbito colectivo.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.