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Derechos del peatón y ciclista

Israel López Monsivais

E l pasado 12 de febrero del presente año una veintena de ciudadanos se manifestó entre las calles de Reforma y Carranza de la capital potosina, demandado al gobierno estatal y local “no queremos ciudades para automóviles, queremos ciudades con movilidad sustentable”. Siendo el principal objetivo concientizar a los ciudadanos sobre los derechos de los peatones y ciclistas, consecuencia de múltiples accidentes presentados en la ciudad.

Los gobiernos estatales y locales han sido omisos en reconocer y respetar la movilidad como derecho humano, que en su carácter de emergente resulta insuficiente el marco jurídico que lo regula. Lo que quiere decir que los derechos humanos emergentes son reivindicaciones legítimas de la sociedad civil dirigidas a la formulación de nuevos y renovados derechos.

Hemos visto que el diseño de las calles privilegia la circulación de los coches, lo que nos lleva a decir que los vehículos no ceden el paso al peatón, hay que repetirlo, los automovilistas no respetan al ciclista ni dan el paso a personas de la tercera edad o discapacitados. Queda definido que nuestra ciudad está diseñada para favorecer al conductor, denunciemos que el gobierno estatal y local violentan los derechos de los peatones y ciclistas al no diseñar una ciudad que incluya la movilidad urbana.

Sorprende comprobar que la única respuesta del ayuntamiento de SLP ante las manifestaciones fue ordenarle a la dirección de Imagen Urbana pintar pasos peatonales en algunas calles de la zona centro, previo consentimiento del INAH. Al mismo tiempo que las autoridades potosinas inauguraron las obras de modernización de la avenida Muñoz, sin puentes peatonales ni ciclovías. ¿Dónde quedaron la movilidad urbana y el desarrollo sustentable?

Ahora bien, el reconocimiento de la movilidad como derecho humano genera obligaciones para el Estado mexicano, al afirmarse en el artículo primero de la Carta Magna que “todas las personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales”, es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Esta nueva concepción de la participación ciudadana concibe los derechos emergentes como derechos humanos. Donde se trata de superar el déficit político y la impotencia entre los cambios deseados y las precarias condiciones actuales para su realización. Buscando ciudades más humanas, equitativas y democráticas. ¿En qué momento se volvieron los automóviles más importantes que las personas?

Pareciera por todo lo anterior que de nada sirvió el foro realizado en el Congreso del Estado. En dicha reunión participaron diversos colectivos con el diputado Alejandro Lozano González, para impulsar la nueva Ley de Movilidad de SLP, comprometiéndose a aprobarla en marzo a fin de tener una legislación integral, referente al tema.

Cierto es que existen ejemplos de ciudades preocupadas y ocupadas en el peatón y ciclista como la ciudad de México que aprobó la Ley de Movilidad del Distrito Federal y abrogó la Ley de Transporte y Vialidad. Basando en un diseño de planeación, instrumentación y evaluación de un plan de movilidad que desarrolle un sistema integral. Al dotar de infraestructura en un sentido facilitador para el movimiento de personas y bienes.

Aquí he de referirme también a que la nueva legislación debe mantener a cargo del estado la supervisión del trasporte público y concesionado, garantizando los fines de la movilidad. Comencemos con generar, impulsar y fomentar una cultura cívica en la materia que aliente la corresponsabilidad social. En efecto, se deben buscar esquemas de financiamiento para dotar a la movilidad con características de sustentabilidad y sostenibilidad.

Es por ello que la movilidad urbana es entendida como la necesidad o el deseo de los ciudadanos de moverse, es un derecho social, que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria.

Finalmente, esperando que las autoridades regulen el marco jurídico correspondiente y apliquen las políticas públicas necesarias para preservar los derechos del peatón y ciclista. Hasta la fecha, a excepción de la calle peatonal de Zaragoza, que tiene sus semáforos para peatón y conductor, toda la ciudad está diseñada para el conductor. No sólo es pintar tres o cuatro pasos de cebra.

Israel López Monsivais
Israel López Monsivais
Abogado y Maestro en Gestión Pública; Catedrático, FCA, UASLP.