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Derechos humanos también contra empresas

Guillermo Luévano Bustamante

D esde una perspectiva crítica los derechos humanos son, más que leyes, condiciones operativas e instrumentales que han de posibilitar el acceso de las personas a los entornos que les permitan desarrollar y reproducir su vida. Además, entendidos desde un abordaje complejo, los derechos humanos son más que los instrumentos jurídicos que los contienen, son un mecanismo para hacer frente a los abusos del poder.

En las condiciones actuales, con el sometimiento del capitalismo a las diferentes esferas de la vida pública, es evidente que las empresas trasnacionales ejercen poderes desmedidos en detrimento no sólo de la soberanía estatal de las naciones, sino especialmente en perjuicio de los derechos sociales.

De tal modo que los derechos humanos han de ser oponibles de manera particular también contra las empresas. La Ley de Amparo reconoce tímidamente esta condición al incluir la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de que una persona interponga una demanda de amparo contra particulares, cuando actúe como autoridad y cuyos actos deriven de una norma general.

Esta idea controvierte enseñanzas que se consideraban clásicas hasta hace unos pocos años: que los derechos humanos sólo eran violados por los gobiernos; que el juicio de amparo sólo era oponible contra actos del Estado, en la medida en que el “Poder” como categoría abstracta estaba concentrado en instituciones de la administración pública.

La defensa integral de los derechos humanos requiere de estas y otras modificaciones para ser efectiva. La llamada “eficacia horizontal” es una noción orientadora que permite reconocer que entre agentes particulares también se vulneran los derechos humanos.

Es frecuente que en ámbitos como el de la salud, el empleo o la educación, tras la privatización de los servicios y derechos sociales, se agudice la comisión de violaciones a las prerrogativas de las personas, especialmente las más vulneradas o empobrecidas. Por ejemplo, es frecuente que los hospitales privados exijan medidas y criterios discriminatorios para la prestación de ciertos servicios. Baste citar que aun en la actualidad entre los requisitos para donar sangre, ciertos hospitales de San Luis Potosí señalan aún pautas ambiguas, deslegitimadas y discriminatorias como “no ser homosexual ni lesbiana”. Es frecuente también que ciertas empresas privadas exijan pruebas de embarazo antes de contratar personal femenino, o que despidan a otras personas si descubren que portan tatuajes, perforaciones, o que tienen determinado estado civil u orientación sexual. Es también común que las escuelas particulares impongan obligaciones discriminatorias al amparo de sus propios reglamentos.

Ni los hospitales ni las empresas ni las escuelas privadas están por encima de las leyes, de los criterios y pautas de derechos humanos. Aunque el entorno del capitalismo les haya hecho creerse intocables son agentes que han de sujetarse a los criterios de las leyes generales de Salud, de Educación y Federal del Trabajo, a las que combaten la discriminación, a los tratados e instrumentos internacionales que el gobierno mexicano haya suscrito y ratificado, pero sobre todo, a los presupuestos éticos que contribuyan a que el catálogo de los derechos humanos sea más que un listado de buenas intenciones. Aunque el escenario es complejo, dada la orientación neoliberal de las autoridades que se supone deben proteger los derechos violados, vale la pena dar esas batallas.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.