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Derrumbes

Óscar G. Chávez

Uno de los más insistentes clamores del pueblo en el México del siglo XIX, fue la supresión de fueros a clérigos y militares; derivado esto de la gran cantidad de excesos autoritarios cometidos por los primeros, y de diversas tropelías mercantiles realizadas por los segundos. La propia autoridad civil veía limitados sus actuares cuando se veía obligada a sancionar a estos personajes cuyos actuares siempre se percibían impunes y en perjuicio del pueblo, al amparo de los privilegios heredados del virreinato.

La época santaanista (casi tan folclórica como la santanera) fue prolija en obsequiar todo tipo de privilegios a los mencionados y por el contrario, persiguió con especial saña a críticos y detractores de su decadente autoridad, sin importar que éstos en muchas ocasiones fueran miembros de las cámaras legislativas.

Tras la caída –cojo al fin– de Su Alteza Serenísima impulsada por la revolución de Ayutla, los derroteros legislativos cambiaron y la Constitución Federal de 1857, al tiempo que acotaba privilegios de clérigos y militares, en su artículo 59 señalaba: los diputados son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempaño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El artículo 103 abundaba: Los Diputados al Congreso de la Unión, los individuos de la Suprema Corte de Justicia y los Secretarios del despacho, son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. Los Gobernadores de los Estados lo son igualmente por infracción de la Constitución y leyes federales. Lo es también el Presidente de la República; pero durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común. Por su parte el artículo 104 establecía cómo el Congreso constituido en gran jurado, determinaría si había lugar o no a proceder contra el acusado. En caso de haber procedencia el acusado queda por el mismo hecho separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes. Luego se acotaba en el 108: en demandas del orden civil no hay fueros ni inmunidad para ningún funcionario público.

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El carro constante y completo alcanzado en ambas Cámaras durante el profiriato, desterró críticas, detracciones y, por consiguiente, cualquier acción violenta por parte de la autoridad contra los legisladores. La revolución maderista, por el contrario, abrió la caja de Pandora que no habría de cerrarse ni con el asesinato del prócer en 1913; antes bien, la figura alacranada de Huerta el usurpador, inició una sangrienta cacería contra aquellos diputados que cuestionaron su espuria asunción al poder.

No en vano Serapio Rendón y Belisario Domínguez representan al día de hoy el arquetipo del héroe martirizado por expresar desde la tribuna legislativa su airado y viril reclamo contra el sicario presidencial.

Ya con el antecedente de los diputados asesinados, uno en Tlalnepantla, y el otro en el panteón del Xoco, los congresistas de 1917, buscaron enfatizar las garantías de libertad de expresión de las que deberían gozar los legisladores. Así, el artículo 61 plasmó la inviolabilidad de la opinión legislativa expresada desde tribuna; sin embargo, de acuerdo al artículo 108, no estaban exentos de responsabilidades y sanciones; en tanto que el 114 establecía: en demandas no del orden civil no hay fueros ni inmunidad para ningún funcionario público.

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Tomando como antecedente una jurisprudencia en materia de fuero, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en abril de 1946, los diputados del PRD, Armando Río Peter y Nazario Norberto Sánchez, propusieron en septiembre de 2011 una reforma al 111, que señalaba: Para proceder penalmente contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Tratándose de delitos graves o de aquéllos cometidos en flagrancia no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados.

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El pasado viernes 28 la legislatura potosina votó por unanimidad, bajo la presidencia del repudiado Manuel Barrera Guillén, y presionada por el descontento popular, la eliminación del fuero en San Luis Potosí. El suceso fue señalado por los principales medios de comunicación nacionales, como un gran logro del Congreso, cara a la sociedad potosina; pocos dijeron, sin embargo, que éste fue un triunfo ciudadano, que era previsible se resolviera de esa forma, en vista de los últimos acontecimientos que tanto avergonzaron e indignaron a los potosinos.

El hecho, más allá de la duda sobre si éste será votado en la mayoría de los municipios de una manera favorable, es el considerar si en realidad se pondrá un hasta aquí a los concordatos y modus operandi ya establecidos que permiten que todo aquel que detenta un cargo público de peso, pueda vencer todo tipo de obstáculos jurídicos gracias al apoyo de las redes de poder y corrupción existentes en su entorno.

¿Pensemos por ejemplo en si a los integrantes de la ecuación corrupta les integrarán al menos una carpeta de averiguación? ¿Pensemos si en algún momento se investigará a cierto legislador sobre el cual pesan sospechas de huachicolero? ¿Habrá acciones contra alcaldes sobre los que pesen sospechas de vínculos con el crimen organizado? Cayó sin embargo el muro del fuero, a pesar que muchos suponíamos que la mayoría de los diputados se aferrarían a él, como un director saliente de CAPFCE, a su escritorio, en las conclusiones del sexenio silvanietista.

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A propósito de muros derrumbados y ex directores de CAPFCE; pareciera que nuestros dirigentes culturales carecen, ya no digo inteligencia –que es mucho pedir–, sino sentido común.

En un acto, por demás absurdo, las autoridades del Centro de las Artes determinaron, a través de una constructora (y sin permiso del Ayuntamiento), demoler una sección del muro sur de la antigua Penitenciaría para introducir por la parte demolida, la maquinaria necesaria para habilitar el área destinada a la instalación del museo de Leonora Carrington. Si bien el flamante delegado del INAH aseguró que el muro será devuelto a su estado original una vez que concluyan las obras de acondicionamiento, pareciera que cada vez es mayor la manga ancha con que protege y arropa a personajes e instancias oficiales que incurren en este tipo de actividades.

Quizá el muro regrese a su estado original, pero las muestras constructivas de una arquitectura penitenciaria de la segunda mitad del siglo XX, se perdieron para siempre. Sin embargo la muestra de salvajismo queda. Dirán los puristas y exquisitos culteranos (por la dependencia y por el encanto) que eran muestras de nulo valor arquitectónico; pero ojalá tuvieran presente que así hemos acabado con media ciudad.

Sin embargo frente a la ciudadanía, que realiza alguna modificación para colocar un medidor de energía eléctrica, o para realizar cualquier detalle en alguna fachada, actúan como auténticas hienas que se lanzan a la yugular. Quedan sin respuesta las solicitudes de actuación frente a la destrucción de la casa de la pintora Flora Martínez Bravo, en la calle de Julián de los Reyes; el antiguo edificio de Al Libro Mayor, destrozado salvajemente en sus interiores. No preguntemos, porque en el pasado llevó fuero adjunto, sobre la casa sita en Madero y Díaz de León, modificada en su interior y en su azotea, sin ningún criterio más que el funcional, para alojar cierta universidad. En ocasiones pensamos que el cargo de gobernador lleva implícito el sentido de la estética.

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Todos los anteriores son dichos escuchados en corrillos, mesas cafeteras o barras mezcaleras, y aunque pudieran parecer chismes esperemos que el avance en la desaparición del fuero, sea una realidad que ponga a todos dentro del redil de las leyes. Que alguien diga a Juan Carlos Machinena que es evidente la impericia del encargado de redes sociales del centro INAH, el cual responde con cualquier estupidez, llevando a la ciudadanía al mismo nivel intelectual que él o ella detentan: ahora resulta que es más fácil demoler un muro que desmontar una puerta. Pareciera que el asunto del socavón se generalizó; también quisimos tener uno en San Luis Potosí, y lo materializamos en una antigua barda penitenciaria. No pensará la directora del CEART que eso se hubiera esperado de los presos, no de quienes dictan los actuares culturales; ojalá tapen pronto el socavón, no sea que por allí se les escapen las pocas ideas lúcidas que les llegan. Piensen ¿qué dirían los Meade y el padre Peñalosa?