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Desacato, irregularidad y desorden urbano

Carlos López Torres

Vaya paquete el que ha heredado el alcalde capitalino Ricardo Gallardo en materia de municipalización de fraccionamiento y desarrollos urbanos. Algunos de los rezagos de los fraccionadores a quienes se les otorgó el permiso de construcción, bajo la promesa de que cumplirían con todas las especificaciones, llevan hasta 20 años sin cumplir, es decir, sin ser municipalizados.

Como si la herencia maldita en materia financiera, dejada por los últimos dos distinguidos priístas que se desempeñaron como presidentes municipales no fuera suficiente, ahora el ayuntamiento capitalino por voz del presidente municipal, sale a decirnos que no hay fecha precisa para regularizar los cientos de desarrollos que no atina el alcalde precisar en cuanto al número.

Sólo en la capital durante 2014, con la reactivación de la precampaña de Mario García Valdez en pos de la candidatura a gobernador, en el marco del programa Recibiendo tu Colonia, el ex alcalde reconoció la existencia de 180 fraccionamientos y colonias irregulares, de las cuales, según la entonces regidora Eloísa Landaverde Tovar, “al menos 111 fraccionamientos carecían de servicios públicos.

Aunque el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez dice no saber cuál es el número real de desarrolladores incumplidos, ni el nombre de las empresas inmobiliarias en franco desacato a la normatividad, no deja de reconocer una serie de irregularidades como falta de banquetas, áreas verdes y otras obras que impiden la regularización.

El problema por supuesto no se limita a la capital, sino que abarca asimismo el municipio de Soledad, donde el crecimiento urbano ha ocasionado el mismo problema a partir de la tolerancia que la autoridad municipal ha dispensado a los desarrolladores, quienes han encontrado un paraíso en materia de incumplimiento de las reglas establecidas en materia de construcción.

El tema no es menor. Corresponde a los diputados actuales legislar en materia de desarrollo urbano, atendiendo al pendiente que en esa materia dejó la Comisión de Desarrollo Urbano Territorial Sustentable, por decisión de la ex diputada Marianela Villanueva, quien presidió la comisión durante la Legislatura pasada.

Lo cierto es que miles de familias en la zona conurbada San Luis-Soledad siguen padeciendo de falta de servicios públicos, mientras a los constructores y respectivas empresas se les hace un llamado, casi se les suplica, que contribuyan con algo para atender las carencias, en lugar de obligarlos a cumplir con los lineamientos que se comprometieron a atender cuando se les otorgaron los permisos.

Sólo falta que el actual ayuntamiento, en la búsqueda de alternativas, obligue a los vecinos que desde hace años padecen las consecuencias del desacato, la irregularidad y el desorden urbano, ocasionado por la incompetencia, la simulación y la corrupción de los funcionarios municipales desde siempre, a que paguen parte de la regularización de los servicios que corresponde otorgar constitucionalmente a la autoridad municipal.