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Se ponen de modo
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Descarrilamientos

éxodo, Coqueteos marcelistas y el ingrato recuerdo

Grietas panistas
También en la izquierda
Grabaciones incómodas

Ricarlos I

C on la solicitud de licencia por parte de una buena cantidad de los aspirantes a los puestos de elección popular, por los que se competirá en unos meses, las piezas en el tablero van tomando su lugar mientras los registros oficiales se llevan a cabo, con patadas bajo la mesa, declaraciones incómodas y acciones de los comités nacionales que podrían descarrilar las aspiraciones de más de un precandidato.

En primera instancia tenemos al PAN, el cual pese a sus continuas proclamaciones de unidad y lealtad partidista, se ha visto desde hace meses rodeado de declinaciones y señalamientos sobre tanto la intervención externa del CEN, a favor de Alejandro Zapata, como una supuesta línea para ciertos aspirantes por parte del “círculo azul”, el cual habría intervenido modificando las reglas de la elección interna, lo que a la larga terminó, por principio de cuentas, con la declinación de Octavio Pedroza, quien acusó al partido de no dar condiciones fiables, y de Xavier Azuara, quien pese a estar apoyado por los marcelistas, prefirió “ir por la segura” y competir por la alcaldía capitalina.

Igualmente, en la selección por la bandera para la presidencia municipal de San Luis Potosí, se impugnó la elección por parte del precandidato derrotado, aún cuando en un principio se declaró conformidad con el resultado.

Y cuando Mario Leal decidió no buscar una candidatura de unidad, que algunos aspirantes y militantes pedían para evitar desgaste y choques, las diferencias se volvieron más notorias, al punto que incluso Sonia Mendoza admitió que la causa por la que no se logró un acuerdo fue porque los tres precandidatos que aún mantienen aspiraciones serias no fueron capaces de ceder en nombre de otro compañero de partido.

Y si a eso se agregan las declaraciones de varios senadores, diputados y actores políticos albiazules de nivel federal que abiertamente demuestran su apoyo a Mendoza, como tratando de contrarrestar la supuesta preferencia que tiene el CEN panista por Alejandro Zapata, las grietas no serían sólo locales.

Cuando a todo eso se suman las pretensiones de Alejandro Lozano, Boris, quien de manera unilateral recaba firmas para sustentar su próximo registro como precandidato a la gubernatura, descalificando en la práctica la legitimidad del proceso interno, las declaraciones de unidad y juego limpio al interior del PAN, pierden sustento.

CampanaY no sólo en el PAN. Ahora el CEN del PRD también ordenó el retraso de su reunión del consejo político, en el que el hoy alcalde soledense con licencia, Ricardo Gallardo Cardona, ratificaría su pretensión de ser gobernador. Hoy, incluso circulan rumores entre los canales informativos de que luego de este retraso, Gallardo se conformaría con buscar una diputación, debido a que al parecer ha perdido la confianza de la dirigencia nacional.

También en las izquierdas, Eugenio Govea reafirmó su seriedad para buscar una coalición entre los partidos de esa tendencia encabezada, claro, por él. De mantener esta postura, y luego de las declaraciones de la dirigencia estatal de que tienen suficientes candidatos de buen nivel, la “alianza progresista” se ve cada vez más improbable en la amplitud que originalmente se buscaba, aglutinando a los cuatro partidos de corte socialista-popular.

CampanaY ahora le tocó al director de Derecho dar la nota. Resulta que en un comunicado oficial, prácticamente acabó justificando las agresiones policiacas contra los ciudadanos que graban en video los abusos y actos de corrupción de los agentes del orden. Aludiendo supuestamente a “preservar la integridad” de la ciudadanía y además evitar problemas con el nuevo sistema legal, terminó recomendando que los ciudadanos no hagan uso de sus derechos, preservados en el sexto artículo de la Constitución Mexicana, que da derecho no sólo a la libre manifestación, sino a la difusión libre de la información que el ciudadano crea útil para preservar sus garantías.

Ya en fechas pasadas, en redes sociales habían estado difundiéndose imágenes señalando los derechos que la ciudadanía tiene para documentar su diario acontecer y sus posibles fricciones con las fuerzas policiacas y militares, e incluso varias comisiones estatales de derechos humanos han emitido ya recomendaciones al respecto, luego de que los policías de algunos estados atacaran a reporteros y otras personas por grabarlos mientras golpeaban a supuestos infractores, los arrestaban de manera irregular sin flagrancia ni orden de aprehensión, o descaradamente extorsionaban conductores o vendedores ambulantes.

En otras entidades ya se han emitido posiciones y garantizado estos derechos. En San Luis Potosí, en cambio, en las redes sociales hay claros ejemplos de que a la autoridad de los tres niveles no le gusta ser grabada, y menos cuando sus acciones son cuestionables.

 

JSL
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